Esmeralda Mendoza Romo

Expediente 82/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
82/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Esmeralda Mendoza Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el que por una parte se tuvo por no presentada la demanda, por lo que hace al acto señalado como: ".la ilegal orden de arresto ordenada mediante auto de fecha 17 de diciembre del 2021, dictado por el H. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del partido judicial de Tijuana, Baja California, en el expediente 2293/2017, que trae como consecuencia la privación de mi libertad personal.", así como el cumplimiento y ejecución de la misma; y por otra, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, por el diverso acto: ".la falta o ilegal notificación, de los autos de fecha 19 de noviembre del 2021 y 16 de diciembre de 2021." En consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Notifiquese personalmente.

  3. Principal

    se publica la resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal la parte quejosa Esmeralda Mendoza Romo, no obstante haber sido citada para tal efecto, mediante aviso, lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de amparo: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la razón secretarial de cuenta, se desprende que mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para el efecto que bajo protesta de decir verdad, narrará la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, relativos al primer acto reclamado que señaló como: ".la ilegal orden de arresto ordenada mediante auto de fecha 17 de diciembre del 2021, dictado por el H. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del partido judicial de Tijuana, Baja California, en el expediente 2293/2017, que trae como consecuencia la privación de mi libertad personal." Asimismo, para que precisará bajo protesta de decir verdad, si respecto al diverso acto que señaló como ". la falta o ilegal notificación, de los autos de fecha 19 de noviembre del 2021 y 16 de diciembre de 2021.", promovió algún medio de defensa ordinario. Luego, por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se le índico que subsistía la prevención formulada en autos, respecto del primer acto reclamado, apercibida que de no subsanarla se proveería únicamente en relación al restante acto que señaló como ".la falta o ilegal notificación, de los autos de fecha 19 de noviembre del 2021 y 16 de diciembre de 2021.". Así entonces, toda vez que la parte quejosa Esmeralda Mendoza Romo, no dio cumplimiento a las prevenciones contenidas en el proveído de diez y veinticuatro de febrero del año en curso, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda, por lo que hace al acto señalado como: ".la ilegal orden de arresto ordenada mediante auto de fecha 17 de diciembre del 2021, dictado por el H. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del partido judicial de Tijuana, Baja California, en el expediente 2293/2017, que trae como consecuencia la privación de mi libertad personal.", así como el cumplimiento y ejecución de la misma. Así, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Esmeralda Mendoza Romo, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se proveerá únicamente respecto por el acto que señaló como: ".la falta o ilegal notificación, de los autos de fecha 19 de noviembre del 2021 y 16 de diciembre de 2021." Como punto de partida, resulta oportuno señalar que las causales de improcedencia en un juicio de amparo son de orden público, lo que quiere decir que la sociedad encuentra interés en que los mismos sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, y como consecuencia, ante la actualización de alguna de ellas en cualquiera que sea la instancia procesal, su estudio debe ser preferente lo aleguen o no las partes, extremo que encuentra sustento en el artículo 62 de la Ley de Amparo Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:... De lo anterior, se desprende que es obligación del suscrito, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y deseche una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Luego, tenemos que la parte quejosa atribuye como acto materia de reclamo a las autoridades responsables, lo siguiente:... Pues bien, en base a las premisas expuestas con anterioridad, se estima para quien aquí resuelve, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario de defensa a fin de conseguir que el acto reclamado fuera revocado, modificado o nulificado... administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior:... De una estricta interpretación de la anterior disposición legal se desprende que, para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados dentro de juicio, por regla general, previo a instar la acción constitucional la quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, so pena de generar una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Sin que, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación altere de forma alguna las exigencias de procedencia establecidas; por lo cual, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley ordinaria y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentran previstos en la ley que rige el procedimiento judicial al que se encuentra sujeto, los cuales puede tener el efecto de producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se traducen en el tercero extraño a juicio y los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral de referencia, son los siguientes:... Con la sola concurrencia de tales elementos, se configura la causa de improcedencia de mérito y sólo se contemplan como casos de excepción el contenido del artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los terceros extraños y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, constitucional. Ahora, en el juicio que nos ocupa, la peticionaria reclama en lo sustancial que no se le notificaron los autos de diecinueve de noviembre y dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictados en los autos del expediente 2293/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Partid Judicial de Tijuana, Baja California. Así entonces, en el asunto que se somete a estudio, se materializa la causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no promovió el incidente de nulidad de notificaciones que refiere los artículos 76, 77 y 78 de Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, lo cual se corrobora con su escrito de aclaratorio de veintitrés de febrero del año en curso, en el cual manifestó bajo protesta de decir verdad que no promovió medio de defensa ordinario alguno en contra de los autos materia de reclamo, pues tuvo conocimiento de ellos el tres de febrero de dos mil veintidós, por medio de boletín judicial. Pues bien, los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, establecen lo siguiente:... Efectivamente, de la interpretación de los preceptos anteriormente transcritos del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad Federativa, se desprende la intención del legislador, en el sentido de que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevista en el capítulo relativo, serán nulas, misma que deberá invocarse en la actuación subsecuente en que intervenga en el que promueva; y en esa virtud, es claro que la aquí quejosa estaba obligada a cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo agotando el medio ordinario de defensa que la ley pone a su alcance. Así entonces, se pone de manifiesto que el incidente de nulidad de notificaciones aludido, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la quejosa, con efectos similares a la revocación, está establecido en la codificación procesal respectiva y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio, a fin de que el Juez natural se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Por tanto, de lo advertido de las constancias del expediente de origen, se obtiene que la quejosa omitió agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consistente en el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, toda vez que, en la especie, carece de la calidad de tercero extraño con la que se ostenta y, consecuentemente, es inaplicable la excepción a dicho principio consistente en que es innecesario impugnar el acto reclamado a través de los medios ordinarios de defensa previstos en la ley aplicable para la procedencia el juicio de amparo indirecto cuando el inconforme tiene aquél carácter, en términos del artículo 61, fracción XVIII, inciso c) de la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que, en el escrito inicial de demanda, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad que es parte demandada dentro del juicio de origen, lo que se estima constituye una confesión expresa acerca de que la parte quejosa no es extraña a la controversia, sino que constituye la parte demandada. Medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Circunstancia por la cual, carece del carácter de tercero extraño al juicio de origen, teniendo la obligación de agotar los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establece para ejercer su garantía de audiencia... Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Puntualizando que, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo... Entonces, de la interpretación conjunta de los artículos anteriormente invocados, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la quejosa; por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que tienen conocimiento de los mismos, practicados en este caso dentro del juicio sumario civil, a fin de que el Juez natural correspondiente se pronuncie en lo atinente a la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. A mayor abundamiento, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, precisa destacar que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas de la quejosa, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción... Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, interpretado este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia...

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.

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