Esperanza Lozano Pérez
Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Esperanza Lozano Pérez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ------, por propio derecho, contra actos del Notario Público Número 164, del Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 50/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, Esperanza Lozano Pérez, reclama en esencia en su demanda de amparo: Todas las constancias procesales que obran en el instrumento notarial número dos mil trescientos, volumen setenta, folio cero treinta, relativos a la protocolización de la sucesión testamentaria a bienes del señor Raúl Lozano Ruiz, pasado ante la fe del Notario Público número ciento ochenta y uno, del Estado de México, en donde se adjudicó a -------, -------, -------, -------, ------- y -------, todos de apellidos -------, el inmueble ubicado en la localidad de ------, Municipio Chapa de Mota, Estado de México; y, La inscripción del protocolo en el Instituto de la Función Registral. Ahora, de los antecedentes que narra la promovente, refiere que en vida, su señor padre -------, expresó su voluntad de dejarle el bien inmueble ubicado en la localidad de Santa María Bodenqui, en el Municipio de Chapa de Mota, Estado de México y que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, tomó conocimiento de la existencia de la sucesión testamentaria a bienes de su padre, llevada a cabo ante la Notaria Pública número ciento ochenta y uno en el Estado de México, en la cual se adjudicó a otra persona el inmueble que defiende, procedimiento del cual no fue citada ni notificada. En ese orden de ideas, el suscrito estima que en la especie, se acredita la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que contra dichos actos, procede el juicio de nulidad de testamento público abierto, antes de acudir al juicio de amparo. Para justificar lo anterior, en primer lugar, es preciso tener presente el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales indican: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; ." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." De la hipótesis normativa reproducida con antelación, se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios de defensa común; principios éstos que están previstos en el artículo 107, de la Constitución Federal, entre los que se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley del acto se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Y, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando: El acto reclamado carece de fundamentación; Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, es importante destacar que el Código Civil del Estado de México, prevé en el capítulo IX, de la Inexistencia, Nulidad, Revocación y Caducidad de los Testamentos: "CAPITULO IX De la Inexistencia, Nulidad, Revocación y Caducidad de los Testamentos Voluntad testamentaria expresa Artículo 6.109.- Es inexistente el testamento en el que el testador no manifieste, clara y expresamente su voluntad, así como el que no se hace con las solemnidades que señala la ley. Testamento bajo violencia, influjo o mala fe Artículo 6.110.- Es nulo el testamento que se haga bajo violencia, en los términos relativos a los vicios del consentimiento; y el que se otorga bajo el influjo de dolo o mala fe. Derecho a impugnar el testamento Artículo 6.111.- El testador no puede prohibir que se impugne el testamento. Formalidad del testamento Artículo 6.112.- El testamento es nulo también, cuando se otorga sin cumplir con las formas prescritas por la ley." De lo anterior, se advierte que sí la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional todas y cada una de las constancias procesales que obran en el instrumento notarial número dos mil trescientos, volumen setenta, folio cero treinta, relativos a la protocolización de la sucesión testamentaria a bienes del señor Raúl Lozano Ruiz, sin haber sido citada ni notificada, la quejosa, debe promover la nulidad de testamento público abierto, medio de defensa que contempla la legislación sustantiva civil de la entidad al estar en presencia de la dinámica de nulidad bajo la cual se cimentó la pretensión constitucional, cuenta habida que, mediante esa acción se puede invalidar el testamento protocolizado. Esto es así, pues a través de esta acción de nulidad la parte quejosa, esta en aptitud de nulificar los actos que ahora pretende combatir mediante el presente juicio de amparo, y porque en la codificación en cita no existe disposición legal alguna que prohíba la interposición de dicho medio de defensa en contra de esa clase de actos. Por tanto, en la especie se configura la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Amén de que es evidente que en el caso no se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, la quejosa debe promover el juicio de nulidad de testamento público abierto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, visible en la página 902 del Tomo XV, del mes de mayo de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Máxime, que del instrumento notarial que impugna, se advierte que el señor Raúl Lozano Ruiz, dejó como como única y universal heredera de todos sus bienes, derechos y acciones que le correspondan hasta su fallecimiento a su esposa Juana Sánchez Rangel, y como su albacea testamentaria a Maricela Lozano Sánchez, lo que pone de relieve sobre el particular que en modo alguno existió voluntad manifiesta de su señor padre de heredarle bien alguno en su favor. Sirve de apoyo por analogía el criterio XXI.1o.93 C, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 1118, registro digital: 197096, que dispone: "JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO. GARANTÍA DE AUDIENCIA CUANDO NO SE TIENE EL CARÁCTER DE HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 1086 del Código Civil vigente en el Estado de Guerrero concede al autor de la sucesión la facultad para designar como heredero del todo o sólo de una parte de sus bienes a la persona deseada; por tanto, si en el testamento público abierto el testador designó a determinadas personas, no así a las impetrantes del amparo, es incuestionable que el juzgador de primer grado no estaba obligado a llamarlas al procedimiento de la testamentaría, dado que en dicho juicio sólo intervendrán como partes las personas con el carácter de herederos, sin que ello implique violación a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución General de la República. En tal virtud, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Esperanza Lozano Pérez por propio derecho. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado. Sin embargo, dada la naturaleza y trascendencia de la presente determinación, por única ocasión se comisiona al Actuario adscrito para que se constituya en el domicilio particular de la quejosa, ubicado en la localidad de Santa María Bodenqui, conocido como calle Cerro Verde sin número, municipio de Chapa de Mota, Estado de México, y le notifique la presente determinación. En términos del último párrafo, del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En cuanto a los profesionistas que autoriza en el juicio, se tienen por autorizados solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico fedarlegal@gmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley en cita; parámetros que en el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En otro orden de ideas, en términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se le hace del conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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