Esmeralda Marlen Olvera Jaramillo
Expediente 520/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Esmeralda Marlen Olvera Jaramillo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, por medio del cual comunica el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que acusa recibo del oficio y anexos por el que se le remitieron los autos del presente asunto; asimismo, determinó que ese Tribunal Federal es competente para conocer del asunto en que se actúa y confirmó la determinación de incompetencia de quince de junio de dos mil veintiuno, que emitió este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional remitió por incompetencia. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de quince de junio pasado, se remitió por incompetencia el presente asunto, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México; sin embargo, hasta la fecha este órgano jurisdiccional no tiene conocimiento de la determinación que haya adoptado en relación a la competencia declinada. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se envíe, se solicita de manera atenta y respetuosa al Tribunal Colegiado de referencia, que informe a este juzgado la determinación que haya emitido en relación con lo antes indicado, a fin de acordar lo que conforme a derecho corresponda en el presente cuaderno. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y glósese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, firmado por la quejosa -------------, a través del cual desahoga la prevención que se le formuló en auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, y al efecto señala que solamente desea tener como autoridad responsable al Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan Estado de México; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda. Ahora bien, una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo y escrito aclaratorio, se observa que el acto que reclama la quejosa consiste en: El auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan Estado de México, dentro del expediente laboral 522/2021, en el que determinó que la quejosa no agotó el procedimiento conciliatorio que establece el artículo 684-B, respecto de la totalidad de demandados, por lo que ordenó la remisión de la demanda y anexos al Director Regional de Conciliación Laboral del Valle de México Zona Tlalnepantla, del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, y ordenó el archivo de ese expediente. Ahora bien, en virtud de que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la Ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la ley de la materia, este Juzgado Federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto respecto del acto que reclama la parte quejosa, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. El artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución General de la República, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con ley, en los casos siguientes: (.) " Por su parte, el artículo 170 fracción I, la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;" De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo en la vía directa o uniinstancial procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y de los mismos corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. Atendiendo a lo anterior, el caso en estudio se ubica en la regla señalada, pues se trata de un amparo promovido en contra del auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que el Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del expediente 522/2021, sin decidir el juicio en lo principal determinó el archivo del referido expediente laboral, dando por concluido y dejando a salvo los derechos de la quejosa, para que una vez que cumpla con la etapa conciliatoria, promueva lo que considere pertinente. Ilustra a lo anterior por el criterio que sostiene la jurisprudencia 2a./J. 41/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Página 1450, de rubro: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES." En ese orden, se considera que el acto tildado de inconstitucional, constituye una resolución que pone fin a un juicio de orden de trabajo, el cual sin resolver lo planteado, da por terminado el proceso, ante lo cual su análisis a través del juicio de amparo procede en la vía directa; de ahí la actualización de los supuestos establecidos por el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Esmeralda Marlen Olvera Jaramillo, por propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del expediente 522/2021. Por lo que se afirma que el acto reclamado está comprendido dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, al colmarse la hipótesis prevista por el artículo 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una determinación que sin decir el fondo de lo planteado, puso fin al juicio, y siendo así este Juzgado Federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, por estimar que esta se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito. Entonces, en cumplimiento al artículo 47 de la referida legislación reglamentaria, previa papeleta de turno que se solicite a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remítanse los autos originales del presente asunto, con las copias de demanda y escrito aclaratorio que exhibió la parte quejosa, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho preceptos determine si acepta la competencia, solicitándole de la manera más atenta se sirva acusar el recibo correspondiente. Por tanto, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico susanabm1990@gmail.com y el número de teléfono 55-21-92-84-13, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y dar expedites al asunto de conformidad con el artículo 17 Constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida --------, por su propio derecho, contra actos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Zona Tlalnepantla y otra autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 520/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación. 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, II y IV, en relación con el 108 fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a la quejosa -------------, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: 1. Señale concretamente qué acto reclama en el presente asunto del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Zona Tlalnepantla. Lo anterior, en razón de que de su capítulo de actos reclamados únicamente precisa que es el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el archivo del expediente laboral 522/2021, dictado por la diversa responsable Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan Estado de México; lo que además es acorde con sus conceptos de violación, toda vez que se advierte que se encuentran encaminados a combatir esa determinación, aunado a que en esa actuación no se advierte la participación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Zona Tlalnepantla, con lo que se genera incertidumbre de qué acto se reclama a esta última. 2. Deberá exhibir siete copias de su escrito de desahogo que corresponden al traslado de cada una de las partes. Ello es así, toda vez que la exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110, de la Ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe a la quejosa que en caso de no desahogar la prevención aquí formulada, dentro del plazo concedido para ello, se tendrá únicamente como autoridad responsable al Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan Estado de México, y como acto reclamado el que se indica en el apartado correspondiente. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida ------------, Código Postal 53150, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código. Así las cosas, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al fedatario judicial para que realice las notificaciones que derivan del presente trámite, aún en días y horas inhábiles. Además, se hace de su conocimiento que para llevar a cabo las diligencias que deriven del presente asunto, deberá tomar las medidas sanitarias necesarias para preservar su salud y la de los justiciables. De igual forma, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que indica en su demanda de amparo, para los efectos que precisa. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: y https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales2, y proporcione un número de celular y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicación en los casos que se estime necesario y estar en posibilidad de dar expedites al asunto. Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 5553870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, ello dentro de un horario a partir de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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