Esperanza Carreño Ventura
Expediente 1326/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1326/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Esperanza Carreño Ventura
Actuaciones
- Principal
MESA IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de nueve de septiembre de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Esperanza Carreño Ventura, se hizo al promovente por lista de acuerdos el quince de septiembre del año en curso, previo citatorio que dejó la actuaria adscrita a este juzgado, notificación que surtió efectos el diecisiete siguiente, toda vez que el dieciséis de este mes, fue inhábil conforme al numeral 19 de la Ley de Amparo; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja, transcurrió del dieciocho al veinticuatro del mes en curso, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que el acto reclamado, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Así también, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese..
- Principal
MESA IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil quince. Visto el escrito de la promovente del amparo Esperanza Carreño Ventura, recibido ayer, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2o. de la Ley de Amparo, devuélvasele el acuse de recibo que anexó a su escrito de demanda y téngase como autorizadas para recibirlo a las personas que indica, previa identificación y razón de entrega que se dejen en autos. Notifíquese...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Esperanza Carreño Ventura, contra actos del titular y del actuario llevador del expediente 63/2015, del Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, residentes en esta ciudad, presentada el ocho de este mes en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, y recibida en la misma fecha en este órgano jurisdiccional; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1326/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, del titular del Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, la omisión de acordar su escrito de ocho de julio del presente año, recibido el trece siguiente, en el que solicitó se declarara ejecutoriada la sentencia dictada en el expediente 63/2015, que se traduce en la denegación de acceso a la impartición de justicia. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la denegación de acceso a la impartición de justicia en el expediente de tercería excluyente de dominio en el juicio ejecutivo mercantil, del que se duele la parte quejosa, se trata exclusivamente de un reclamo dentro del procedimiento respecto de la negativa para acordar su escrito de ocho de julio del presente año, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta y expedita. En el caso, los artículos 697, fracción IV y 699 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establecen que el recurso de queja tiene lugar en los casos de denegación de justicia y que dicho recurso que se haga valer contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. De ahí que se advierte que corresponde a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dado que el acto reclamado surge con motivo de la tramitación del expediente familiar 63/2015 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, que corresponde instruir al juez responsable para que dé cumplimiento a su deber constitucional de impartir justicia pronta y expedita. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se hace consistir en la denegación de acceso a la impartición de justicia en el expediente familiar 63/2015, porque la responsable no ha dado contestación a su escrito de ocho de abril del presente año; es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, ya que la peticionaria del amparo puede interponer recurso de queja contra la denegación de justicia de la que se duele ante la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos setenta y ocho, del libro diecisiete, abril de dos mil quince, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda y como autorizados para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Lorenzo Estrada, Canciano Carlos Cortés Cruz y Verónica Hernández López, haciéndose constar que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, aparecen registradas sus cédulas profesionales y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas que menciona. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido de la licenciada Lilia Ramírez Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.EN TERMINOS DEL ART 27., FRAC I DE LA LEY DE AMAPRO
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