Esperanza Alejo Mateo
Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esperanza Alejo Mateo
- Ma. Bernardina Salmeron Baltazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio 21016, signado por el Actuario Judicial del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 344/2021 (orden 2665/2021), librado con la finalidad de notificar, requerir y apercibir al representante común de los quejosos Roberto Carlos Rodríguez, en términos del proveído de dieciséis de agosto pasado. En razón de lo anterior, téngase al mencionado agraviado por debidamente notificado del referido acuerdo, al tenor de las constancias remitidas por el Juzgado exhortado, de las que se advierte la constancia de notificación por lista de veintiséis de agosto del año actual. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno la comunicación oficial de mérito; sin que haya lugar a acusar de recibo dicho oficio, toda vez que el sistema lo genera automáticamente. EFECTIVOS APERCIBIMIENTOS. En consecuencia, háganse efectivos los apercibimientos contenido en el referido proveído; por tanto, las subsecuentes notificaciones que le resulten a la parte quejosa de carácter personal, en términos del artículo 26, fracción III, en relación con el numeral 29, ambos de la Ley de Amparo, practíquensele por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto; y téngase a los accionantes del juicio de garantías únicamente promoviendo por su propio derecho. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se obtiene que la parte quejosa se duele de: "V.-ACTOS RECLAMADOS.- De la primera autoridad: la emisión de la Licencia de Uso de Suelo para Tienda de la Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., bajo la modalidad de urbanización emitida en fecha 17 de junio del 2021; de la segunda autoridad: otorgar la Licencia de Construcción para una tienda OXXO emitida en fecha 17 de junio de 2021; de la tercera autoridad: La autorización para la construcción de una tienda de conveniencia emitido el 15 de junio de 2021.". DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente el contenido de la demanda de Amparo, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos que se tildan de inconstitucionales no afectan los intereses jurídicos o legítimos de los promoventes. El artículo 113, de la Ley de Amparo, indica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En efecto, la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, se establece que uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías, es ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos sustantivos del quejoso y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de no ser así, el juicio de amparo se torna improcedente en términos del artículo 5°, fracción I y del transcrito 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ahora, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio biinstancial, se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo, además, la afectación que surta a los quejosos en su esfera jurídica debe ser real y actual. En ese contexto, el interés jurídico o legítimo, en sentido amplio, debe entenderse como la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, esto es, un agravio a un derecho derivado de la ley y que ese perjuicio sea consecuencia directa del acto de autoridad; ante lo cual, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por la persona a quien afecte en sus intereses jurídicos o legítimos la ley o el acto que se reclame, por lo que para estimar procedente la demanda de amparo intentada por los promoventes, debe, en todo caso, demostrarse que con el dictado del acto reclamado, les fue causado un detrimento o lesión jurídica real y actual, conforme a una situación determinada, de manera abstracta y previamente tutelada por la ley y haberse afectado en su interés jurídico o legítimo. Lo anterior, encuentra sustento en las tesis II.1o.23 K (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 2942 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, del epígrafe siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta." Asimismo, por las razones que la animan, se invoca la diversa tesis de jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a), aprobada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2321 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época, Materia Común, que es del siguiente tenor literal: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. Por su parte, el artículo 16 Constitucional, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De lo anterior, se desprende que sólo es procedente el juicio constitucional cuando se reclaman actos que deriven, en su caso, de un mandamiento escrito por una autoridad competente, dirigido a las personas, sean éstas físicas o morales y que afecten su esfera jurídica; de ahí que, cuando el acto impugnado mediante el juicio de amparo no se dirige a determinada persona, entonces, ésta carece de ese interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. La anterior consideración encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 5, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En el caso, de la demanda de amparo se desprende que los quejosos como ya quedo señalado en líneas que anteceden comparecen, por su propio derecho, a reclamar la emisión de la licencia de suelo, la emisión de la licencia de construcción y la autorización para la construcción de una tienda OXXO, por parte de las autoridades responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambas de Chichota, así como el Jefe de Tenencia de la comunidad indígena de San Juan Carapan, todas del estado de Michoacán de Ocampo. En principio, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por los promoventes en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad. I) Los quejosos, son oriundos de la comunidad indígena de Carapan, perteneciente al Municipio de Chilchota, quienes se dedican al comercio de abarrotes, siendo ese su sustento y actividad laboral diaria. II) A principio del mes de junio del año actual, los quejosos se percataron que en el domicilio ubicado en kilómetro 109 de la carretera México-Guadalajara marcado con el número 1024, se encontraba realizándose una construcción. III) El doce de julio de dos mil veintiuno, lo quejosos elaboraron una solicitud de información al Ingeniero Sergio Solís Alejo, quien funge como Enlace de Transparencia en el Ayuntamiento de Chilchota. IV) El quince de julio del año que transcurre, los quejosos tuvieron respuesta y se les informó que existe una autorización en esa data por parte de Saúl Madrigal Alejo, Jefe de Tenencia de la comunidad indígena de Carapan, para la construcción de una tienda OXXO. V) En data de diecisiete del mencionado mes y año, la Presidenta Municipal de Chilchota, les manifestó sobre la emisión de una licencia de uso de suelo a favor de la tienda OXXO, así como el Director de Desarrollo Urbano Municipal, de la licencia de construcción correspondiente. Circunstancias que los quejosos de manera conjunta aducen les afecta en su esfera jurídica al perjudicarles en sus ingresos económicos. Antecedentes que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte, en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Así, es manifiesto que las determinaciones emitidas las autoridades responsables Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambas de Chichota, así como el Jefe de Tenencia de la comunidad indígena de San Juan Carapan, todas del estado de Michoacán de Ocampo, consistentes en la emisión de la licencia de suelo, la emisión de la licencia de construcción y la autorización para la construcción de una tienda OXXO, no afectan a los quejosos de manera real y actual sus intereses jurídicos o legítimos y por tanto, carecen de legitimación para promover el presente juicio de garantías, ya que si bien es cierto que aducen que les causara perjuicios económicos y afectación en el sustento del hogar, por la construcción de dicha tienda, ya que se dedican al comercio (abarroteras), también lo es, que tales actos de molestia no engendran un perjuicio directo e inmediato respecto de sus personas. De tal suerte que, como se adelantó, el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique directamente el acto reclamado, caso contrario, éste será improcedente; lo que acontece en la especie, puesto que el hecho de que se hayan emitido la licencia de suelo, la licencia de construcción y la autorización para la construcción de la precitada tienda OXXO, no produce de manera directa e inmediata una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que se requiere para acudir al juicio de amparo. Máxime, que en el terreno donde se encuentra la correspondiente construcción, no es propiedad de ninguno de los quejosos que se presentan a esta instancia constitucional. En efecto, las determinaciones de las autoridades responsables, que los promoventes consideran vulneran en su perjuicio diversas garantías, es evidente que no les causan una afectación a sus personas de manera directa e inmediata, además de real y actual que pueda ser materia del juicio de garantías. Por lo expuesto, se considera que los quejosos acuden al amparo con un interés simple, al no contar con un derecho que realmente y de manera actual se vea afectado con los actos de autoridad que combaten, lo que no los faculta para exigir lo que proponen, de manera que su pretensión no es susceptible de tutela judicial, al no contar con un interés calificado, actual, real y jurídicamente relevante. Tiene aplicación al caso en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 822, materia común, Registro digital: 2002812, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, se sustenta lo anterior por analogía, la tesis I.4o.A.1 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1220, tomo 2, Marzo de 2012, Libro VI, materia común, Decima Época, Registro digital 2000375, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS SIMPLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO. La afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial, sino sólo permite formular peticiones o denuncias. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Esperanza Alejo Mateo y otros, por propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de lista fijada en los estrados de este Tribunal.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de octubre pasado, se solicitó al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, remitiera las constancias respectivas a la diligenciación del exhorto 344/2021 (número de orden 2665/2021), enviado vía interconexión que le fue turnado a efecto de que notificara la prevención de la demanda a la parte quejosa Esperanza Alejo Mateo y otros; sin que a la fecha se cuente con el mismo. PETICIÓN DE DILIGENCIACIÓN Y DE DEVOLUCIÓN. Por tanto, mediante oficio correspondiente, solicítese al Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a quien por cuestión de turno correspondió conocer de la mencionada comunicación oficial, siendo registrada con el consecutivo 176/2021 (orden 184/2021) de su estadística, según datos obtenidos del respectivo expediente electrónico, para que ordene a quien corresponda se sirva remitir las constancias inherentes a su diligenciación, o bien, manifieste lo que estime pertinente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial de cuenta se observa que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el exhorto 344/2021 (número de orden 2665/2021), enviado vía interconexión, le fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a efecto de que notificara la prevención de la demanda a la parte quejosa Esperanza Alejo Mateo y otros; sin que a la fecha se cuente con el mismo. PETICIÓN DE DILIGENCIACIÓN Y DE DEVOLUCIÓN. Por tanto, mediante oficio correspondiente, solicítese al Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a quien por cuestión de turno correspondió conocer de la mencionada comunicación oficial, siendo registrada con el consecutivo 176/2021 (orden 184/2021) de su estadística, según datos obtenidos del respectivo expediente electrónico, para que ordene a quien corresponda se sirva remitir las constancias inherentes a su diligenciación, o bien, manifieste lo que estime pertinente. NOTIFÍQUESE.
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