Esaú de Jesus Orozco Magaña

Expediente 681/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Esaú de Jesus Orozco Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de febrero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 965/2023, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, a través del cual informa que el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ********************, puede ser observado en la página web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda; la cual, al consultarla se advierte que se declaró infundado el citado medio de impugnación, interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Y ADMITE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 2563, firmado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 22995/2022, por el que se remitió el escrito de expresión de agravios y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso de queja hecho valer contra el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, el cual fue radicado y admitido como recurso de queja administrativa 226/2022, de su índice, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    UUruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Esaú De Jesús Orozco Magaña, parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA hecho valer en contra del proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el original y copia del ocurso en cuestión. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Esaú de Jesús Orozco Magaña, por su propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 681/2022-I; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se obtiene que la parte quejosa se duele de: "ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la omisión de establecer UNA DELEGACIÓN REGIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y UN JUZGADO LABORAL, así como la indicación a la Junta Especial Número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo a partir del 03 de octubre del año dos mil veintidós dejara de recibir y actuar en las demandas laborales posteriores a dicha data, lo que constituye una violación al principio de progresividad de los derechos fundamentales y de acceso a la justicia consagrados en los artículos 1º, 17 y 123 apartado A de la CPEUM, en sus vertientes de limitación a mi ejercicio profesional, derecho de acceso a la justicia y, vulneración al principio de progresividad.". DESECHAMIENTO. Apreciado íntegramente el contenido de la demanda de Amparo, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos que se tildan de inconstitucionales no afectan el interés jurídico o legítimo del promovente. El artículo 113, de la Ley de Amparo, indica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En efecto, la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, se establece que uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías, es ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos sustantivos del quejoso y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de no ser así, el juicio de amparo se torna improcedente en términos del artículo 5°, fracción I y del transcrito 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ahora, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio biinstancial, se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo, además, la afectación que surta a los quejosos en su esfera jurídica debe ser real y actual. En ese contexto, el interés jurídico o legítimo, en sentido amplio, debe entenderse como la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, esto es, un agravio a un derecho derivado de la ley y que ese perjuicio sea consecuencia directa del acto de autoridad; ante lo cual, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por la persona a quien afecte en sus intereses jurídicos o legítimos la ley o el acto que se reclame, por lo que para estimar procedente la demanda de amparo intentada por el promovente, debe, en todo caso, demostrarse que con la emisión u omisión de los actos reclamados, le fue causado un detrimento o lesión jurídica real y actual, conforme a una situación determinada, de manera abstracta y previamente tutelada por la ley y haberse afectado en su interés jurídico o legítimo. Lo anterior, encuentra sustento en las tesis II.1o.23 K (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 2942 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, del epígrafe siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta.". Asimismo, por las razones que la animan, se invoca la diversa tesis de jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a), aprobada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2321 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época, Materia Común, que es del siguiente tenor literal: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. Por su parte, el artículo 16 Constitucional, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De lo anterior, se desprende que sólo es procedente el juicio constitucional cuando se reclaman actos que deriven, en su caso, de un mandamiento escrito por una autoridad competente, dirigido a las personas, sean éstas físicas o morales y que afecten su esfera jurídica; de ahí que, cuando el acto impugnado mediante el juicio de amparo no se dirige a determinada persona, entonces, ésta carece de ese interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. La anterior consideración encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 5, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En el caso, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso como ya quedo señalado en líneas que anteceden comparece, por su propio derecho, a reclamar la omisión por parte de las autoridades responsables de establecer una Delegación Regional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo y un Juzgado Laboral, así como la orden emitida a la Junta Especial número 8 de la Local de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán (lugar donde reside y aduce laborar el quejoso como abogado litigante), consistente en que a partir del tres de octubre pasado, no deberá recibir nuevas demandas en materia laboral. En principio, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por el promovente Esaú de Jesús Orozco Magaña, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad. Mediante decreto publicado el uno de mayo de dos mil diecinueve, dentro del Diario Oficial de la Federación, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia laboral, bajo los siguientes incisos: a) Se establece una conciliación obligatoria y pre judicial en la que las partes en conflicto podrán resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. b) Los conflictos que se derivan de las relaciones de trabajo serán resueltos por tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales de las entidades federativas, en sus respectivas jurisdicciones. c) La protección y tutela de las libertades, democracia sindical y contratación colectiva, se estableen como principios rectores para garantizar el voto personal, libre y secreto, así como para asegurar la representatividad sindical en la celebración, firma y registro de los contratos colectivos de trabajo. El quejoso manifiesta que dentro de la tercera y última etapa de la reforma laboral, la cual entro en vigor el tres de octubre de dos mil veintidós, ordenando la apertura de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como dos Tribunales Laborales Federales, con sede en Morelia, mientras que cuatro Juzgados Laborales del Poder Judicial de Michoacán (dos en Morelia, uno en Zamora y otro en Uruapan). El Juzgado Laboral del Poder Judicial de Michoacán, con asentamiento en esta ciudad, será quien tendrá conocimiento de los asuntos promovidos por los trabajadores de Lázaro Cárdenas, Michoacán (lugar donde reside y aduce laborar el quejoso como abogado litigante en materia laboral); circunstancia que el quejoso aduce le afecta en su esfera jurídica al causarle perjuicios. Antecedentes que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte, en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Así, es manifiesto que la omisión por parte de las autoridades responsables en establecer una Delegación Regional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo y un Juzgado Laboral, ambos en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, así como la orden emitida en contra de la Junta Especial número 8 de la Local de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, consistente en suspender la recepción de demandas laborales a partir del tres de octubre pasado, no afecta al quejoso de manera real y actual su interés jurídico o legítimo y por tanto, carece de legitimación para promover el presente juicio de garantías, ya que si bien es cierto aduce que, en su caso, le causan perjuicios en su ejercicio profesional (abogado litigante en materia laboral), así como el derecho al acceso de la justicia y principio de progresividad, al no establecer un órgano jurisdiccional en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a efecto de que tenga conocimiento de los juicios laborales, también lo es, que tales actos de molestia no engendran un perjuicio directo, real e inmediato respecto de su persona. Lo anterior, ya que en el escrito inicial de demanda, específicamente, el capítulo de antecedentes señalado bajo el número 3, manifestó textualmente "Por lo anterior se colige, que los trabajadores del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tendrían que trasladarse más de 233 km. de distancia entre Lázaro Cárdenas y Uruapan. teniendo que rogar los gastos económicos para solventar los traslados, dejando en total desventaja a la base trabajadora.", mientras que en el diverso punto señalado con el numeral 4, indicó ".con lo anterior se materializo un retroceso a los derechos adquiridos por los trabajadores del municipio de Lázaro Cárdenas, quienes después del 03 de octubre del año en curso, no pudieron acudir a una autoridad Laboral en el municipio que dimiera las controversias entre estos y sus patrones, cuando antes de dicha data si tenían un Tribunal Laboral que se encargaba de hacerlo", por ende, como lo exterioriza el quejoso Esaú de Jesús Orozco Magaña, los trabajadores y los patrones, son a quienes de manera directa, en su caso, se les ocasionaría una afectación y no así como lo aduce hacia su persona, toda vez que, si bien, presta un servicio de manera particular (abogado litigante), sin embargo, al momento de celebrar un acto contractual con la parte trabajadora o patronal, se entiende que dentro de sus honorarios, estaría señalando los gastos en viáticos para trasladarse al recinto judicial competente. De tal suerte que, como se adelantó, el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique directamente el acto reclamado, caso contrario, éste será improcedente; lo que acontece en la especie, puesto que el hecho de que no se haya instalado un órgano jurisdiccional en materia laboral en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que después del tres de octubre pasado, conociera los asuntos en dicha materia para esa región y no trasladarse hasta la ciudad de Uruapan para su tramitación, no produce de manera directa, real e inmediata una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que se requiere para acudir al juicio de amparo. En efecto, los actos reclamados a las autoridades responsables, que considera el promovente vulneran en su perjuicio diversas garantías, es evidente que no le causan una afectación a su personas de manera directa e inmediata, además de real y actual que pueda ser materia del juicio de garantías. Por lo expuesto, se considera que el quejoso acude al amparo con un interés simple, al no contar con un derecho que realmente y de manera actual se vea afectado con los actos de autoridad que combate, lo que no lo faculta para exigir lo que propone, de manera que su pretensión no es susceptible de tutela judicial, al no contar con un interés legítimo calificado, actual, real y jurídicamente relevante. Tiene aplicación al caso en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 822, materia común, Registro digital: 2002812, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, se sustenta lo anterior por analogía, la tesis I.4o.A.1 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1220, tomo 2, Marzo de 2012, Libro VI, materia común, Decima Época, Registro digital 2000375, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS SIMPLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO. La afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial, sino sólo permite formular peticiones o denuncias. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Esaú de Jesús Orozco Magaña, por propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SEÑALA CORREO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a tener al promovente señalando el correo electrónico lic-orozco2011@hotmail.com, para recibir todo tipo de notificaciones, en razón de que la Ley de Amparo no lo establece expresamente. En mérito de lo anterior, se tiene al peticionario solamente proporcionando la dirección de correo electrónico, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por dicho medio, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita el gestionante, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario "ESAUOROZCO", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA. De igual forma, como lo solicita el ocursante, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se le practiquen por vía electrónica mediante el usuario mencionado con antelación; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en el plazo de veinticuatro horas. Consecuentemente, con apoyo en el citado numeral 31, fracción III, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que realizada por vía electrónica la notificación respectiva, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, por una parte, la digitalice para el expediente electrónico y, por otra, haga una impresión que se deberá agregar al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico ubicado en calle San Patricio, número 183, colonia Santa Rosa, en esta ciudad. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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