Esmeralda Lorena Díaz Canseco

Expediente 666/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
666/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2017

Partes del expediente

  • Esmeralda Lorena Díaz Canseco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta localidad; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio remítasele copia certificada de las constancias que indica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintinueve de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ESMERALDA LORENA DÍAZ CANSECO, contra actos del Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 666/2017. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues del estudio de la demanda de amparo, se advierte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados estos últimos preceptos en sentido contrario, de la Ley de Amparo; numerales establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Cabe destacar que para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Noviembre de 2001, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende, la peticionaria de garantías reclama esencialmente de las responsables la ilegal orden de no permitirle el ingreso a las instalaciones de la alcaldía municipal para desempeñar sus funciones como Alcalde Primero Constitucional del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, así como su ejecución. Lo anterior, pone de manifiesto que las autoridades que señala como responsables, no tienen esa calidad, pues la relación que existe entre éstas y la aquí quejosa, no tiene su nacimiento en la ley, sino en el contrato de prestación de servicios que tengan celebrado, de ahí que su potestad no es de naturaleza pública; además, sus decisiones si bien pudieran tener fuerza vinculatoria para sus trabajadores, no menos verídico es que no pueden ser impuestas coactivamente, pues el patrón requiere ocurrir ante una autoridad para que sea ésta quien las ejecute. Lo anterior es así, pues conforme al nombramiento que exhibió la quejosa a su escrito de demanda, se desprende que el nombramiento con el que se ostenta, lo expidió el Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en términos del artículo 68, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el cual confiere las facultades y obligaciones que posee dicho servidor público, dentro de las cuales se encuentran las de nombrar y remover a los servidores de la administración pública municipal, y expedir los nombramientos respectivos. En ese sentido, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es de naturaleza laboral, el cual deberá ser analizado ante la junta de arbitraje correspondiente. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Abril de 1996, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1° y 5°, fracción II, interpretados estos últimos preceptos en sentido contrario, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica, y para los mismos efectos a las personas que se mencionan. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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