Esmeralda Hernández Ríos

Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
699/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Esmeralda Hernández Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I, por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar defintiva), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 699/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante demanda electrónica presentada el presentada el trece de julio de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibida al día siguientepor razón de turno en este órgano jurisdiccional, Esmeralda Hernández Ríos, por conducto de su asesor jurídico, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, que en el considerando primero se precisarán, actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable, en el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación 16427/FMUJ/UDVF/2023, relativa al envío o entrega de los oficios de colaboración, a la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que se realice la inspección ocular, en el domicilio conyugal, ubicado en calle Trinidad, número veintisiete, paraje Santa María Viguera, código postal 68275, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La omisión de la autoridad responsable de proveer sobre la petición efectuada, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, consistente en señalar fecha y hora para recibir la declaración de la menor de iniciales D.E.M.H., y solicitar a los Agentes Estatales de investigación, el acto de investigación solicitado por la quejosa, y por consiguiente, el no girar los oficios necesarios para que esté presente un psicólogo, al momento de que la menor rinda su declaración y se efectúen las inspecciones oculares solicitadas. La omisión de la autoridad responsable de proveer la petición de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, respecto a dictar la medida de protección marcadas en los incisos IV y V, del artículo 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, que tuviera en su posesión el probable responsable, y la prohibición a Porfirio Ismael Martínez Chagoya, de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima, ofendido o a personas relacionadas con ellos. La negativa de la autoridad responsable, en el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, conforme a las peticiones presentadas en fechas dieciséis y veintiuno de junio del año en curso, consistente en el reingreso de Esmeralda Hernández Ríos y su menor hija de iniciales D.E.M.H., al domicilio conyugal, ubicado en calle Trinidad, número veintisiete, paraje Santa María Viguera, código postal 68275, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridad responsable, omitió rendir su informe justificado, no obstante haber quedado notificada para tal efecto el desde el veinte de julio de dos mil veintitrés como se desprende del acuse correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 117, última parte del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido a la citada responsable. CUARTO. Causa de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala:. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso, es improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, pues como se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado esencialmente se traduce en omisiones de la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación 16427/FMUJ/UDVF/2023, donde la parte quejosa tiene el carácter de víctima. Sin embargo, resulta necesario señalar que contra dichos actos reclamados, previo a la instauración del juicio de amparo, se estima procedía ser impugnados en la vía ordinaria ante el Juez de Control competente, tal y como se encuentra previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto legal que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Ahora bien, tratándose como en el caso, que la parte quejosa, tiene el carácter de víctima u ofendida en la etapa de investigación, deviene importante precisar que el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reglamenta un aspecto de toda la labor de investigación, referente a que si la autoridad ministerial es omisa en su labor de investigación, al no ser dicho acto privativo de la libertad, sino de molestia, la víctima tiene derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del citado artículo 258 del propio código, el cual establece que las determinaciones del Ministerio Público, sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por lo que al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), de la fracción XVIII de la Ley de Amparo, es imperativo para la parte quejosa agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dichos actos reclamados, en primer término, debió agotar contra los mismos, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque el citado numeral establece expresamente que dicho recurso ordinario procede contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, y en el caso concreto reitérese, el acto reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito que presentó el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, donde solicitó a la autoridad responsable le solicita llevar a cabo la prueba pericial de extracción de datos , la pericial en psicología, la inspección ocular entre otras peticiones procesales. Así, tomando en cuenta que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de procedencia del recurso innominado en comento, deben ampliarse de tal forma que también proceda contra omisiones por parte de la autoridad en la etapa de investigación del proceso penal, pues dicha conducta supone la paralización de la función investigadora, teniendo el mismo efecto que una determinación emitida por el Fiscal. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, resulta prudente cavilar los razonamientos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017 -de la que emanaron las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018- en la cual se expuso esencialmente que debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. Asimismo, que cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. De igual manera, se estableció que era necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. En ese orden de ideas, como se ha expuesto y tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, se estima que es impugnable a través del medio ordinario de defensa antes precisado, dado que el mismo tiene como finalidad que el Juez de Control respectivo revise las omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, y en caso de que estime que su actuación es contraria a la ley, debe conminarlo a que cese esa omisión, a efecto de que lleve a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia de amparo, la parte promovente debió impugnar los actos aquí reclamados ante el citado Juez, pues al no advertirse haber sido impugnadas mediante dicho recurso ordinario, dejó de observar el principio de procedencia de amparo antes señalado, sin encontrarse en alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, que le permitieran acudir a este juicio constitucional, sin previamente agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria que rige el acto reclamado. Al respecto de esto, sirve de apoyo, la jurisprudencia 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, visible en la página 945, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2017641 de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Asimismo, la jurisprudencia 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Penal, consultable en la página 943, Libro 57, Tomo I, Agosto de dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2017640 cuyo rubro y texto dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad" Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra la el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el en el juicio constitucional, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Por tanto, no es posible examinar la constitucionalidad del acto combatido, al surtirse la causal de improcedencia mencionada, ello atento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por identidad jurídica, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento en el juicio." QUINTO. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. SEXTO. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de constitucional 699/2023 promovido por Esmeralda Hernández Ríos, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Informa gestiones y se requiere. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Subdelegado de Desarrollo Social y Humano por ausencia de la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, por medio del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, comunica que recibió un correo electrónico por parte de la Instancia Ejecutora del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (Dirección General de Validación de Beneficiarios), en el que informó que la solicitud de incorporación del menor quejoso de iniciales ********************, a partir del bimestre JULIO-AGOSTO 2023 tiene el estatus de NUEVA INCORPORACIÓN. Al efecto remite copia certificada de: 1) constancia de notificación del ofici********************; 2) captura de pantalla del sistema institucional del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; y 3) constancia de notificación de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, del ofici********************. En consecuencia, se tiene a la autoridad informando los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaria de Bienestar, para que, dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, informe si se realizó el pago del referido programa al menor quejoso de iniciales ********************. Apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá, multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

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