Esmeralda Carranza Castro

Expediente 1635/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1635/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Esmeralda Carranza Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito presentado por la quejosa Esmeralda Carranza Castro, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le formuló en autos e informa que no es su deseo señalar como autoridad responsable a los Integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por tanto, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. 1).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza, en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el juicio de nulidad número TJA/5ºSERA/JRAEM-050/2019. Respecto al tema que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), estableció de manera genérica que el incumplimiento a una determinación pronunciada en un juicio en el que las autoridades responsables figuraron como partes demandadas, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en aquellos casos en que existen mecanismos en las leyes que los rigen, para lograr su ejecución, como la facultad de imponer multas, requerir al superior jerárquico, suspender a las responsables u otras medidas, así como la facultad de hacerlas efectivas en caso de que el fallo no se cumpla. Destacó el órgano máximo de justicia, que en estos casos existe entre las partes una relación de coordinación, ya que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, cuentan con esos procedimientos jurisdiccionales, en los que, en caso de ser necesario, se pueden imponer coactivamente las sanciones que genere el incumplimiento de ellos por alguna de las partes, de tal suerte que el órgano jurisdiccional instructor cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir sus sentencias, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. De dicha ejecutoria se dio origen la Jurisprudencia número 2a./J. 34/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por lo anterior, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de "acto de autoridad", debe ante todo constatarse si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre su voluntad; por lo que hay que considerar que no pueda exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna no es propiamente un "acto de autoridad". Conforme a lo anterior, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en su artículo 36, fracción I, le da competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para conocer de los conflictos de carácter administrativo o fiscal que se susciten entre cualquier órgano de gobierno estatal o municipal, en perjuicio de los particulares. En tanto que los artículos 90 y 91 de la ley en cita, contienen el procedimiento que debe seguirse para dar cumplimiento a la sentencia que en su momento se dicte, de los cuales se puede advertir que para lograr el cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, una vez que la sentencia se encuentra notificada a la autoridad demandada y otorgado el término no mayor de diez días para el cumplimiento voluntario de la misma, sin que se hubiere hecho, la sala debe requerir a la autoridad para que dentro de veinticuatro horas dé cumplimiento a la sentencia, apercibiéndole con imponerle las medidas de apremio contenidas en la ley. Si a pesar del requerimiento la autoridad continúa con la actitud omisa y no da cumplimiento a la sentencia, debe seguirse el siguiente procedimiento: - Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala instructora puede realizarlo en rebeldía de la demandada. - Si el acto solo puede ejecutarlo la demandada procederá requerir al superior jerárquico, en caso de existir. - Si con todo lo anterior no se logra el cumplimiento se podrá imponer al rebelde una medida de apremio de aquellas que marca la Ley que rige el acto. - Entre esas medidas se encuentra incluso el auxilio de la fuerza pública, destitución e inhabilitación hasta por seis años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. Así, si se presenta la situación de inconformidad por parte de la actora en el juicio de origen, en el sentido de la falta de cumplimiento a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el órgano jurisdiccional competente para proveer respecto a dicha falta de cumplimiento, es el mismo Tribunal, quien como ya se vio, cuenta con un procedimiento contenido en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para hacer cumplir sus fallos y no corresponde a las partes demandadas atribuirles en su carácter de autoridad dicho incumplimiento. De allí que se actualice la causa de improcedencia de estudio, ya que la omisión que reclama la quejosa, respecto a que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de nulidad TJA/5ºSERA/JRAEM-050/2019, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, no se trata de un acto de autoridad, puesto que como ya se explicó, la referida autoridad cuenta con las facultades para hacer cumplir ese fallo, lo que origina que la relación que cuenta la aquí quejosa, con las autoridades que señala como responsables sea de coordinación, y por tanto, que no se trate de un acto de autoridad. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que no se trata de un acto de autoridad el reclamado, es decir, no es necesario sustanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda, concretamente del acto reclamado y de los antecedentes narrados se aprecia que no es un acto de autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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