Eshly Reyes Pesina
Expediente 1178/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1178/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eshly Reyes Pesina
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. ...Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el uno de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. ...Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, a través del cual remite el oficio del auto por el que se declara incompetente, así como las copias de traslado del juicio de amparo 992/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *****, por sí y en representación de su hija quejosa *****; en razón de que mediante proveído de veintiocho de agosto del presente año, se proveyó lo conducente a la incompetencia planteada por el juzgado declinante en el oficio de cuenta; máxime que el uno de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos y atendiendo a la notificación practicada por la Actuaria de la adscripción de treinta y uno de agosto del presente año, de la que se advierte que al entrevistar a la directa quejosa ******************** en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS 16" Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río, Morelos, y al ser requerida para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor por ********************, expresó que sí la ratificaba. En consecuencia, vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número "CPS 16" Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río, Morelos, y otra autoridad, se provee como sigue: Desechamiento. Ahora, una vez analizada la causa de pedir, se advierte que la promovente reclama esencialmente lo siguiente: que las autoridades responsables trasladen a la directa quejosa ******************** del Centro Federal de Readaptación Social Número "CPS 16" Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río, Morelos, -lugar en que actualmente se encuentra recluida- al Centro de Ejecución de Sanciones, en el Ejido Santa Adelaida en Matamoros, Tamaulipas, con la finalidad de que pueda cumplir un proceso en aquélla localidad. Desechamiento. El estudio oficioso de las causales de improcedencia, previo al del fondo del asunto, constituye una obligación para esta juzgadora, por mandato del artículo 62 de la Ley de Amparo, pues se trata de una cuestión orden público. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque no se acató el principio de definitividad que rige este medio de control constitucional, ya que la parte quejosa antes de presentar su demanda de amparo, fue omisa en agotar el procedimiento de ejecución penal que contiene el mecanismo de control denominado peticiones administrativas. Del numeral citado se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridad distinta de las judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual aquéllos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, con los mismos o menores requisitos que los exigidos para ello por la Ley de Amparo. Ahora, en el caso, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo de peticiones a través del cual los sujetos a quienes pueda afectar en mayor o menor medida las condiciones de internamiento en un centro, -cuestiones como las de infraestructura suficiente, suministros, ubicación, acceso a servicios básicos y alimentación, atención médica, educación, capacitación y opciones para el trabajo, recreación y actividades culturales, régimen de visitas, higiene en las instalaciones del centro y servicios sanitarios, etcétera-, puedan reclamar ante las autoridades penitenciarias hechos, actos u omisiones respecto de esas condiciones cuando se relacionen con la vida digna y segura dentro del centro, y a través de ella, una vez substanciado el procedimiento previsto en los artículos 110 a 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tener la posibilidad de su modificación, anulación o cesación según se trate de un acto positivo, negativo u omisivo; resolución que incluso, puede ser impugnada en sede jurisdiccional por medio de la controversia prevista en el numeral 116, y a su vez ésta puede ser apelada en caso de considerar que la resolución es contraria a sus intereses. Además, tratándose de casos que el agraviado considere como urgentes, el artículo 115 de la multicitada norma indica que la petición podrá realizarse ante el Juez de Ejecución o Control, según sea el caso, quien de oficio suspenderá el acto o hecho que motivó la petición y sus efectos, y en caso de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. Asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Ahora bien, en el caso, del contenido del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia, que las autoridades responsables trasladen a la directa quejosa ******************** del Centro Federal de Readaptación Social Número "CPS 16" Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río, Morelos, -lugar en que actualmente se encuentra recluida- al Centro de Ejecución de Sanciones, en el Ejido Santa Adelaida en Matamoros, Tamaulipas, con la finalidad de que pueda cumplir un proceso en aquélla localidad; sin embargo, conforme a lo antes citado, toda vez que lo reclamado es una cuestión inherente a las condiciones de internamiento de la parte quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra, es inconcuso que está en aptitud de acudir ante la autoridad correspondiente para hacer valer la petición administrativa del traslado que refiere; el cual establece a su favor la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como se desarrolló en párrafos precedentes, previo a promover la demanda de amparo, y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución. Es así, pues como se puede observar de autos, la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal Número 16 Femenil, Michapa, Coatlán del Río, Morelos; por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante la autoridad penitenciaria, de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo respecto a los actos reclamados en el escrito inicial de demanda, dado que existen causas manifiestas e indudables de improcedencia. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza de los actos reclamados ni el hecho de que contra aquél la quejosa está en aptitud de acudir ante la autoridad correspondiente para hacer valer la petición administrativa del traslado que refiere; el cual establece a su favor la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover la demanda de amparo, y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión y simultáneamente, en las listas que publican en este órgano jurisdiccional. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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