Esdraz Garcia Alvarado
Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 25 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 13/06/2022
Partes del expediente
- Esdraz Garcia Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de quince días que establece al artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada. En consecuencia, se advierte que el presente juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, se encuentra totalmente concluido, por lo tanto, conforme a los artículos 196 y 214 de la Ley de la materia, archívese el presente expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo y protección de la justicia, es susceptible de depuración en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), citado acuerdo general. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso c), del artículo 21 del mismo acuerdo. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Se ordena estampar en las carátulas del original y duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de diez de mayo de dos mil veintidós, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente las autoridades responsables, cumplieron con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Ahora bien, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En ese sentido, por sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, resolvió: "[.] Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Esdraz García Alvarado, contra los actos que reclamó del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; de las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambos del Congreso de la Unión; de la Secretaría de Salud; y, del Comisionado de Autorización Sanitaria y Director Ejecutivo de Regulación ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, todos con sede en Ciudad de México; precisados en el considerado segundo, por las razones y fundamentos plasmados en los considerandos tercero y quinto. [.]" Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito, misma que fue modificada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el amparo en revisión administrativo 243/2021, en la que resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables Comisionado de Autorización Sanitaria y Director Ejecutivo de Regulación, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud, todas con residencia en la Ciudad de México; por los motivos expuestos en el considerando tercero de la resolución que se revisa. TERCERO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia, la justicia de la Unión ampara y protege a Esdraz García Alvarado, en contra del acto que reclamó del Presidente de la República, Cámara de Diputados y Senadores, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo y 248 todos de la Ley General de Salud. Por lo que, se requirió a las autoridades responsables a fin de que cumplieran con el fallo protector dictado en el presente asunto, para los siguientes efectos: "[.] A.- Las autoridades responsables no apliquen en lo presente ni en lo futuro las normas impugnadas, esto es, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud; B.- La Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en caso de así solicitarlo el quejoso, otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la COFEPRIS establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Se precisa además, que también en términos de la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la declaratoria de inconstitucionalidad no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, aunado a que este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización. Además, la concesión del amparo no supone autorización para trasmitir la propiedad de forma gratuita o para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias aludidas, incluida en esta prohibición las semillas adquiridas conforme al permiso que, en su caso, extienda la autoridad correspondiente para su importación o adquisición o que sean producidas a raíz de las actividades permitidas en razón de este amparo. Finalmente, debe precisarse que la presente sentencia no constituye, por sí, la autorización pretendida, ya que corresponde emitirla a la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, una vez que el quejoso formule la petición correspondiente. [.]" En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional en diez de mayo de dos mil veintidós, la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; lo que acreditó con lo siguiente: Oficio, a través del cual la autoridad responsable acreditó haber emitido a favor de la parte quejosa el oficio 213301EL354344 de veintidós de febrero de dos mil veintidós, a través del cual emitió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis sativa", índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido comúnmente como "marihuana", sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo para la adquisición legal de semilla de cannabis (sativa, índica y americana). Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, al haber cumplido los lineamientos de la ejecutoria de amparo, debe concluirse que en el caso, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. En ese sentido; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.
- Principal
El diez de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el oficio remitido por la autoridad responsable, registrado con folio 5871, y anexo. Conste.Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y al efecto, allega las constancias con las que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido del oficio y constancias relativas al acato del fallo protector, dese vista al quejoso por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad vinculada; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En otro orden, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en proveído de tres de mayo del año en curso, se ordenó hacer efectiva la multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, al Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, con motivo de la omisión de remitir las constancias que le fueron solicitadas en el presente asunto; sin embargo, tomando en consideración que en esta data, se tuvo a dicha autoridad dando contestación al requerimiento y para tal efecto remitiendo las constancias inherentes al cumplimiento del fallo protector dictado en autos, oficio que se encuentra emitido en fecha trece de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, se deja sin efectos la multa que le fue impuesta en autos; ello porque la intención que subyace en el requerimiento realizado a ésta no es, en principio, sancionar a las autoridades, sino lograr el cumplimiento total del requerimiento y, en la medida de lo posible, ello a fin de estar en posibilidad de resolver lo conducente en este asunto, con las constancias solicitadas, situación que se favorece con el requerimiento y consecuente apercibimiento, lo anterior se determina así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, precepto que establece que dicha medida de apremio queda bajo criterio y responsabilidad del Órgano Jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió por el termino de tres días a la responsable Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en Ciudad de México, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Posteriormente, en proveído de trece de enero pasado, se reexpidió el oficio 36618 a la responsable precisada en el párrafo anterior, a fin de que diera cumplimiento al fallo, bajo los mismos apercibimientos, girándose el oficio 625/2022, con fecha de recibo de quince de febrero de dos mil veintidós. Luego, en proveído de veinticinco de enero del año en curso, se concedió a la responsable una prórroga de quince días a fin de que diera cumplimiento al fallo protector concedido en autos, haciéndole de su conocimiento que subsistían los apercibimientos decretados en autos, girándose oficio 1455/2022 y 1456/2022, con fecha de recibo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Seguidamente, en proveído de seis de abril del año en curso, al no haber dado cumplimiento la responsable, se le requirió nuevamente por el término de tres días a fin de que diera cumplimiento al fallo protector en comento, bajo los apercibimientos decretados en autos, girándose oficio 7716/2022, con fecha de recibo de once de abril de dos mil veintidós. En tal virtud, dada su actitud contumaz y omisa, con fundamento en los artículos 236 y 237 fracción I, en relación con el ordinal 258, todos de la Ley de Amparo, resulta procedente hacer efectivo el apercibimiento inmerso en los referidos proveídos, imponiéndole una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización; por lo tanto requiérase al Secretario de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en Ciudad de México, para que en el plazo de tres días legalmente computados proporcione su nombre completo, domicilio, siendo calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación, según se trate y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave, o Clave Única de Registro de Población (CURP) o la fecha de nacimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, informe el cumplimiento dado al fallo protector, y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten; haciendo de su conocimiento que subsisten los apercibimientos de multa, separación de puesto y consignación correspondientes al incumplimiento de la sentencia amparadora. Finalmente, se le hace de su conocimiento que de llegar a consumarse la violación de este mandato, como lo dispone el numeral 262, fracción V, de la Ley de Amparo, daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra; asimismo, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta se deprende que el actual domicilio de la autoridad responsable Secretaria de Salud, con sede en Ciudad de México, para recepción de correspondencia es el ubicado en Avenida Marina Nacional número 60, planta baja, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11410, en esta Ciudad de México; en consecuencia reexpídanse las misivas 4599 y 4601, dirigidos -respectivamente- a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud y a esta última en su calidad de autoridad responsable vinculada al cumplimiento; lo anterior, a fin de que se encuentren en oportunidad de conocer el contenido del acuerdo de cuatro de marzo del año en curso. Notifíquese.
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