Esdra Joel Reyes Amescua
Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 05/10/2023
Partes del expediente
- Esdra Joel Reyes Amescua
- Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 900/2022-B, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo del Ramo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, en la anterior Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades cuya denominación correcta a continuación se señalan: Autoridades responsables Juez Octavo Civil, con residencia en esta ciudad. Ana Luisa Acevedo Banks, Actuaria adscrita al Juzgado Octavo Civil, con residencia en esta ciudad. Martha Alicia Gómez, Actuaria adscrita al Juzgado Octavo Civil, con residencia en esta ciudad. Yolanda Macías Haro, Actuaria adscrita al Juzgado Octavo Civil, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados "1.- De la AUTORIDAD ORDENADORA, reclamo todos los auto decretos, proveídos, acuerdos y resoluciones que se hayan dictado después del ilegal emplazamiento del que fui objeto en el expediente ********************, relativo al Juicio Especial Hipotecario, tendientes a la ejecución de la resolución de la sentencia definitiva dictada por la autoridad responsable y promovido por el hoy Tercero Interesado señalado en el número II inciso A del presente escrito; proceso que se radicó ante la autoridad responsable ordenadora, juicio de referencia el cual me causa un perjuicio personal y directo toda vez que al suscrito se me violentó el derecho más sacramental de audiencia como lo el emplazamiento y con ello un Derecho Sustantivo como lo es el de Propiedad, al no habérseme llamado a juicio de manera legal en los autos del citado expediente ********************, relativo al Juicio Especial Hipotecario, seguido por la hoy tercera interesada, en mi contra. 2.- De las AUTORIDADES EJECUTORAS reclamó la ejecución de todos y cada uno de los decretos, proveídos, acuerdos y resoluciones que se hallan dictado dentro del juicio Especial Hipotecario promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, el cual se tramita bajo el expediente ********************, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, de este partido Judicial de Tijuana, Baja California, por medio del cual se lleva un juicio a que no fui legalmente notificado conforme a derecho, y mediante el cual pretende culminar para desposeer de la propiedad jurídica al suscrito ESDRA JOEL REYES AMEZCUA, del bien inmueble del cual soy legítimo propietario, en virtud de un Crédito concedido con Intereses y Garantía Hipotecaria, SIN QUE SE ME DIERA EL DERECHO DE DEFENSA O GARANTÍA DE AUDIENCIA UBICÁNDOME POR ELLO CON RESPECTO AL JUICIO DONDE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS, COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, lo cual me causa un perjuicio personal y directo toda vez que al suscrito se me violentó el derecho más sacramental de audiencia como lo es el emplazamiento y con ello un Derecho Sustantivo como lo es el de Propiedad, al no habérseme llamado a juicio de manera legal en los autos del citado Juicio Especial Hipotecario ********************, seguido por la hoy tercera interesada en mi contra, teniendo como causa del derecho de propiedad, un crédito concedido con Intereses y Garantía hipotecaria mediante el cual adquirí mi vivienda, sin que en dicha diligencia el actuario respectiva (sic) fue omisa en realizar la certificación de la entrega de la totalidad de las copias de traslado, completas, legibles y debidamente cotejadas con su original, además de que no se describió adecuadamente por el actuario señalado como responsable ejecutor cuáles eran las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con la cual presuntamente se me corrió traslado, COMO ESTE JUZGADOR ADVERTIRÁ QUE NO EXISTE LA CERTIFICACION DEL ESCRITO DONDE SE SUBSANA LA PREVENCIÓN IMPUESTA POR AUTO DE FECHA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021, así como también en dicha certificación no se proporcionaron los datos de las escrituras, ni tampoco se acento (sic) que obraba un certificado de inscripción requisito indispensable para ejercitar la vía espacial hipotecaria, lo cual ocasiona la ilegalidad de dicha diligencia y arroja como consecuencia la nulidad del Acto Reclamado. Igualmente reclamo a las autoridades Ordenadora Juez Octavo del Ramo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y ejecutoras Actuarios Primero, Segundo y Tercero, todo lo actuado a partir del emplazamiento ya referido, lo que incluye la inminente ejecución de la sentencia, la cual fue el detonante para que el suscrito me enterara de los Actos reclamados en este Juicio de Garantías." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1, 14, 16 y 17, párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. En proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete; se emplazó a la moral tercero interesada Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse actos que tienen ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados que se desprende del análisis integral de la demanda, consisten en lo siguiente: El emplazamiento del aquí quejoso al juicio especial hipotecario ********************, del índice del Juez responsable, y en vía de consecuencia, todo lo actuado con posterioridad, así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Octavo Civil, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que constituye una confesión con pleno valor probatorio atento a lo previsto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, las diversas responsables Actuarias adscritas al Juzgado Octavo Civil, con residencia en esta ciudad, manifestaron adherirse al informe justificado rendido por el Juez de origen, por lo que igualmente se tienen por ciertos los actos que se les reclaman. Lo que se corrobora, con las documentales que adjuntó el Juez natural a su informe justificado, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio especial hipotecario ********************, de su índice, de las que se desprende que el aquí quejoso fue emplazado a dicho asunto en su carácter de codemandado, y seguido los trámites de Ley, se dictó sentencia condenatoria en su contra y de su codemandada, misma que causó ejecutoria mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno. Medio de convicción que adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetado en su autenticidad. Valoración que se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en virtud de que es el momento idóneo para analizar los actos tildados de inconstitucionales, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. En consecuencia, en su oportunidad se procederá al análisis de dichos motivos de inconformidad que expone el promovente del amparo en su demanda. QUINTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. La parte quejosa sostiene en sus motivos de inconformidad, en esencia, lo siguiente: Que las responsables vulneraron sus derechos fundamentales de garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el emplazamiento que le fue realizado no cumple con todas las formalidades previstas en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Que la Actuaria responsable no se cercioró ni asentó que el quejoso efectivamente vivía en el domicilio en el que practicó la diligencia de emplazamiento, aun cuando la persona que la atendió el dos de noviembre de dos mil veintiuno ?fecha en que dejó el citatorio?, y el tres de noviembre siguiente en que se llevó a cabo el emplazamiento reclamado, únicamente le manifestó que éste no se encontraba presente en esos momentos, sin que hubiere realizado incluso alguna investigación con vecinos del lugar; ello, aunado a que el señalamiento que realizó la fedataria pública en el sentido de que ahí vivía el quejoso es falso, toda vez que la persona con la que atendió las respectivas diligencias no le hizo esa manifestación, atendiendo a que el promovente nunca ha vivido ahí. Que la fedataria pública no estableció cómo constató que la persona que la atendió el dos y tres de noviembre de dos mil veintiuno, se trataba de la esposa del quejoso, codemandada en el juicio natural, y que ésta efectivamente vivía en el domicilio en el que se constituyó, o cuál era el motivo por el cual ahí se encontraba. Que en el citatorio que se le dejó a la persona que atendió a la Actuaria, sólo contiene un apercibimiento genérico para el caso de que el aquí quejoso no la esperara en fecha y hora señalada para que se le practicara el emplazamiento, es decir, no se asentaron las consecuencias específicas ante tal eventualidad. Que en la constancia de emplazamiento relativa, no se realizó la certificación de la entrega de las copias de traslado, completas, legibles y debidamente cotejadas con su original, así como tampoco se describieron adecuadamente cuáles eran los documentos que se adjuntaron a la demanda y sus datos de identificación, con las que presuntamente se le había corrido traslado; además, no se precisó que también se hubiere corrido traslado con el escrito aclaratorio y sus anexos, mediante los cuales la parte actora subsanó la prevención de la demanda realizada por el Juez natural, por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Que en las constancias de entrega de citatorio y de emplazamiento, la fedataria pública no asentó haberse cerciorado de la ubicación del domicilio, toda vez que no señaló de qué manera advirtió que efectivamente se encontraba en el sitio correcto, al no establecer datos suficientes que la hubieren llevado a esa conclusión. Como se adelantó, son esencialmente fundados los conceptos de violación identificados con los números 1 y 5, suplidos en su deficiencia, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso, la parte quejosa aduce que es ajena al juicio del cual derivan los actos reclamados, pues no se le emplazó debidamente al mismo, se estima necesario conocer el contenido del numeral 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, que textualmente señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Por su parte, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, textualmente establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo Indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;(.) Ahora bien, de las constancias que obran en el juicio especial hipotecario ********************, del índice del Juzgado Octavo Civil, con residencia en esta ciudad, se obtiene que el aquí quejoso ********************, es codemandado, en virtud de que el asunto se sigue en su contra y de otra persona, por lo que al ser pasivo procesal es que tiene el carácter de persona extraña al juicio de origen por equiparación. En ese tenor, el impetrante argumenta que las autoridades responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 constitucional, entre otros, toda vez que el emplazamiento que se le realizó no fue de forma legal. Por ello, es conveniente establecer si el llamamiento al trámite del juicio instaurado en la vía especial hipotecaria, se verificó o no en forma contraria a las disposiciones legales, por ser una de las violaciones procesales de mayor magnitud y de carácter grave, lo que lleva a establecer el criterio de que el emplazamiento es de orden público y los jueces deben investigar de oficio si se efectuó o no y, en su caso, si se observaron las disposiciones aplicables en la norma jurídica. Establecido lo anterior, cabe precisar que las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) Oportunidad de alegar; y, d) Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas En este mismo contexto, conviene indicar, que el segundo párrafo del artículo 14 constitucional consagra la garantía de audiencia, que implica el derecho de todo gobernado para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, se le dé oportunidad de defenderse en juicio. El debido respeto a la garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que pueda culminar con un acto privativo, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Apoya a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95 (registro 200234), que es del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En atención a ello, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido el emplazamiento y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; por lo que es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. En suma, el emplazamiento es la diligencia de mayor trascendencia jurídica en todo procedimiento, cuyo fin primordial consiste en darle la efectiva oportunidad al demandado de enterarse de quién lo demanda, qué conceptos o prestaciones se le exigen, ante quién se tramita el juicio respectivo y el número de este, además tal llamamiento a juicio trae como consecuencia, someter al demandado a la potestad del órgano jurisdiccional, para que conteste la demanda entablada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que estime convenientes, igualmente alegue y ofrezca las pruebas que sean necesarias para su efectiva defensa, esto es, que el emplazamiento tiene como finalidad primordial darle la oportunidad al demandado de acudir a defender sus derechos. Pues bien, los preceptos legales que rigen las formalidades que debieron respetarse para el emplazamiento practicado, se encuentran establecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, en los artículos que en seguida se precisan: "Artículo. 64.- Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, menos sábados y domingos, así como aquellos en que por cualquier causa se suspendan las labores de los Tribunales. Son horas hábiles las comprendidas entre las seis y las diecinueve horas." "Artículo. 74.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella". "Artículo. 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha". "Artículo. 111.- Las notificaciones se harán personalmente, por cédula, por el Boletín Judicial, en los términos de los artículos 123 y 125, por edictos, por correo y por telégrafo, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes". "Artículo. 114.- Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes: I.- El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias;." "Artículo. 117.- En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: I.- El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indica: a).- Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, a menos de que carezcan de capacidad procesal, pues en este caso se hará el emplazamiento a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del Tribunal y la persona emplazada radique fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y el emplazado en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazado. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación. A petición del apoderado y según las circunstancias, el Juez podrá ampliar el término para contestar el emplazamiento hasta por treinta días más, si el apoderado necesitare recabar instrucciones de su mandante; [.] II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que lo será el del lugar de tales establecimientos o sucursales, si cuentan con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por o con intervención de estos. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; III.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijará atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con las personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que se le recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; [.] En todos los casos de emplazamiento, los Jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este Artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites, imponiendo una corrección disciplinaria al Actuario cuando aparezca responsable." De los normativos antes citados se obtienen las premisas siguientes: 1. El emplazamiento será notificado personalmente al interesado o su representante en el domicilio designado. 2. El notificador debe constituirse en el lugar señalado en autos para realizar el emplazamiento, y cerciorarse -por cualquier medio- de que la persona buscada tiene ahí su domicilio, es decir, si habita en la casa designada tratándose de persona física, debiendo asentar en el acta correspondiente la razón de ello. 3. Si es hallado el demandado o su representante, se entenderá la diligencia con éste previo cercioramiento de su identidad, corriéndole traslado con copias debidamente selladas y cotejadas con su original de: (i) escrito de demanda; (ii) documentos fundatorios de la acción y demás anexos que se acompañen; (iii) transcripción del auto que ordena el emplazamiento; y, (iv) contendrá todos los datos de identificación del juicio y tribunal en que se encuentre radicado. 4. El fedatario debe levantar un acta en la que asiente razón pormenorizada de todo lo que de hecho y derecho ocurra en la diligencia, la cual debe estar suscrita por el servidor público que la practicó y la persona con quien se entendió, si ésta no puede o quisiere firmar, el notificador debe hacer constar esa circunstancia. 5. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. 6. Dicho citatorio se fijará atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio. 7. En el citatorio deberá indicarse lo siguiente: a. La persona a quien va dirigido; b. La diligencia a practicar; c. El órgano judicial que lo emite; d. Dejarse para hora hábil del día siguiente; e. Los términos precisos del apercibimiento, para el caso en que el interesado no atienda al citatorio; f. Integrar copia del citatorio; y, g. Levantar la razón del citatorio. 8. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. 9. La cédula en esos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe de ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. 10. La cédula debe contener mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado referidas en el punto tercero. 11. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. 12. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. 13. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente. 14. En todos los casos de emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio que éste sea apegado a derecho. 15. La falta de alguna formalidad esencial en las actuaciones judiciales y las notificaciones hechas en forma distinta a la que se establece en la Ley serán nulas. En el caso concreto, el actuario responsable al llevar a cabo el emplazamiento del aquí quejoso, procedió en los siguientes términos: Citatorio al quejoso: Razón de citatorio al quejoso: Razón de emplazamiento al quejoso: Cédula de notificación dirigida al quejoso: (Se adjuntó copia simple del auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial hipotecario de origen). Así, al imponerse de las constancias relativas, se advierte que las expresiones realizadas por la fedataria pública, en su conjunto resultan insuficientes para advertir que la diligencia de emplazamiento cumplió con todos los requisitos establecidos en el código adjetivo civil local. Se explica. Del contenido de los preceptos 114 y 117 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, se advierte que la diligencia de emplazamiento será practicada a la persona interesada en forma personal; emplazamiento que deberá entenderse directamente con la parte interesada, a quien deberá entregársele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Sobre el tema, debe considerarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), que si una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado, de tal manera que permita al emplazado distinguir un anexo con otro y tener certeza de que los documentos con los que se le corrieron traslado precisamente son todos con los cuales la accionante sustenta su acción, para que así tenga conocimiento cierto y pleno de la pretensión deducida en su contra por la parte actora, que le permitirá ejercer su derecho a la defensa. Consideraciones que se advierten aplicables, en virtud de que ese requisito efectivamente se encuentra presente en el artículo 117, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, transcrito. Sustenta al presente fallo, la jurisprudencia 1a/J. 39/2020 (10A.), visible en la página 204, libro 78, septiembre de 2020, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y es de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Por tanto, al examinar la diligencia de emplazamiento de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que la Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, no detalló las documentales adjuntas a la demanda inicial, con las que corrió traslado al codemandado, y ni siquiera señaló si también realizó lo propio con el escrito aclaratorio y los anexos correspondientes, pues como se ve, únicamente refirió haber hecho entrega de "unas copias simples de la demanda y cédula de notificación y anexos que se integran con copia de escritura pública dos copias de dos copias certificadas de escrituras públicas copias de estado de cuenta y cédula de notificación debidamente selladas y cotejadas". Sin embargo, como se anticipó, la Actuaria judicial no describió o estableció de manera pormenorizada, en qué consistía cada uno de los documentos anexos a la demanda inicial, con los que corrió traslado, así como tampoco precisó si también entregó copia del escrito aclaratorio y de los documentos que se adjuntaron al mismo, ni mucho menos hizo una descripción de ellos. Es este orden de ideas, es que se considera que los vicios destacados al momento de realizarse el emplazamiento al juicio de origen conllevan a establecer que en esa diligencia se vulneró en perjuicio del quejoso, los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Por consiguiente, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación expuestos por ********************, suplidos en su deficiencia, lo procedente es concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal. La protección federal se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades señaladas como responsables ejecutoras, dado que los actos que se les reclaman no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la que adolecen los actos atribuidos a la autoridad ordenadora, tomando en consideración que las consecuencias jurídico legales del acto reclamado analizado, trasciende y repercute en todo lo actuado ante el Juez Octavo Civil, con residencia en esta ciudad, de tal manera que, una vez realizado el emplazamiento fue responsabilidad de la Juez responsable, revisar y corroborar la legalidad del emplazamiento analizado, antes de proseguir con la substanciación del juicio; más aún si se considera la gran trascendencia jurídica de un emplazamiento defectuoso y por ende ilegal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 12, visible en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro 218867, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE LAS, NO RECLAMADAS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo Civil, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ********************, de su índice, únicamente en relación con el aquí quejoso ********************, desde el emplazamiento que se le practicó el tres de noviembre de dos mil veintiuno. Deberá tomar todas las medidas necesarias para dejar sin efectos las consecuencias que derivaron del juicio natural por lo que hace al codemandado ********************, aquí quejoso. Cobra aplicación, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Como excepción al principio de relatividad de las sentencias, el sentido de esta determinación también beneficia a la codemandada ********************, por existir entre estos un litisconsorcio pasivo necesario, al encontrarse en igualdad de circunstancias que el aquí quejoso, con la salvedad que deberá dejar subsistente la diligencia de emplazamiento realizado a aquella, con motivo de que no acudió a la presente instancia constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 9/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, del Tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." Así como la diversa Jurisprudencia 72/2011, resultado de la contradicción de tesis 258/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 933, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." SÉPTIMO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando quinto, y para los efectos precisados en el sexto considerativo de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.
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Siendo las nueve horas del once de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en la fracción I, inciso C), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hago constar que con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa, la determinación judicial dictada el cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, del índice del de este órgano jurisdiccional, las cuales quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy fe.
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Siendo las nueve horas del once de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en la fracción I, inciso C), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hago constar que con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa, la determinación judicial dictada el cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, del índice del de este órgano jurisdiccional, las cuales quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy fe.
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Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso Esdra Joel Reyes Amezcua, por lo que en atención a su contenido, se le tiene desistiéndose en perjuicio de la parte quejosa de la prueba testimonial a cargo de Rosa Elena Fierros Aragón y Francisco Cabera Coria, ofrecida en autos. Notifíquese.
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