Esaul Orozco Torres

Expediente 917/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
917/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/11/2019

Partes del expediente

  • Esaul Orozco Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 917/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que obra el pedimento presentado de la agente del Ministerio Público de la Federación y se hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a la fiscal copia simple de la presente resolución, previo acuse de recibo que se deje en autos para debida constancia legal. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Shuleyca Salmerón Soto, por conducto de su apoderado jurídico Esaul Orozco Torres, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Acto reclamado: El no hacerle efectivos los apercibimientos a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de no proporcionar domicilio a efecto de emplazar al tercero con interés y continuar con el juicio correspondiente en el juicio laboral número 1564/2011. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintidós de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 917/2019, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto omisivo de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción, lugar en que fue presentada la demanda. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: El no hacerle efectivos los apercibimientos a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de no proporcionar domicilio a efecto de emplazar al tercero con interés y continuar con el juicio correspondiente en el juicio laboral número 1564/2011. Tercera. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, señala que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintiuno de agosto de dos mil diecinueve-, sí existía el acto reclamado. Lo cual es suficiente para tener por ciertos los actos reclamados, al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo que se robustece con la copia certificada del juicio laboral, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo -veintiuno de agosto de dos mil diecinueve-, existía el acto reclamado consistente en el no hacerle efectivos los apercibimientos a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de no proporcionar domicilio a efecto de emplazar al tercero con interés y continuar con el juicio correspondiente en el juicio laboral número 1564/2011. Posteriormente, la autoridad responsable mediante auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, acordó lo relativo al escrito presentado por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la cual se le tuvo cumpliendo con el requerimiento que se le formuló el catorce de agosto de dos mil diecinueve, por lo que se le tuvo proporcionando el nombre correcto del tercero con interés, así como, el domicilio donde puede ser localizado, por lo que ordenó girar exhorto a la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, a fin de emplazar al tercero con interés; por tanto, se advierte que la autoridad responsable continuó con el procedimiento respectivo. Lo anterior, permite sostener que al momento de presentar la demanda de amparo tenía vida jurídica el acto reclamado; sin embargo, el mismo dejó de tenerla en el momento en que la autoridad responsable mediante auto de diez de septiembre del año en curso, acordó lo relativo al escrito presentado por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la cual se le tuvo cumpliendo con el requerimiento que se le formuló el catorce de agosto de dos mil diecinueve, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos a la quejosa como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que al haber acordado el escrito de nueve de enero del año en curso; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que haya lugar a dar vista con la causal de improcedencia y con la promoción de cuenta a la parte quejosa, toda vez que en el presente asunto se reclama exclusivamente la falta de contestación a la petición formulada, que es a lo que se debe constreñir el presente asunto, y no así a la forma ni manera en que da contestación la autoridad responsable, toda vez que son dos supuestos diferentes. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI.1o.T. J/1, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, ubicada en el Libro 11, Tomo III, página 2421, de Octubre de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007628, de rubro y texto siguiente: " IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Sirve de apoyo la tesis VII.2o.C.18K, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, ubicada en el Libro 10, Tomo III, página 2376, de Septiembre de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007520, de rubro y texto siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO LA ADVIERTE, DE OFICIO, EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES INNECESARIO DAR VISTA A LA QUEJOSA (INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). En términos del artículo citado, la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo debe ser analizada por un órgano jurisdiccional "inferior", por ello, se concluye que dicho imperativo no vincula a los Jueces de Distrito ni a los Tribunales Unitarios de Circuito, dado que esas autoridades son las competentes para conocer del juicio de amparo indirecto en primera instancia y los actos que juzgan no provienen exclusivamente de órganos jurisdiccionales "inferiores", pues también conocen de actos de autoridades administrativas emitidos de manera unilateral, no dentro de un procedimiento jurisdiccional; por tanto, no hay forma de que esa obligación se actualice en un juicio de amparo seguido ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito. En esa tesitura, la interpretación gramatical del referido artículo 64 revela que la obligación de dar vista a la parte quejosa, únicamente vincula a los órganos jurisdiccionales de amparo que conocen del recurso de revisión (Suprema Corte de Justicia de la Nación-Pleno o Salas y Tribunales Colegiados de Circuito) y opera en la sustanciación de ese medio de impugnación, dado que constituye la segunda instancia del juicio de amparo indirecto y, necesariamente, el acto impugnado proviene de un órgano jurisdiccional inferior a saber: Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito. La interpretación también cobra sentido si se toma en cuenta que, en caso de que el órgano revisor de amparo detecte una causa de improcedencia no analizada por el Juez de Distrito ni alegada por las partes y sobresee en el juicio, produciría indefensión a la parte quejosa si previamente no le dio vista, dado que no existe ningún recurso contra lo resuelto en un recurso de revisión, por lo que al menos se le debió permitir que alegara lo que a su derecho conviniera en relación con la causa detectada. En cambio, si en la primera instancia del juicio de amparo indirecto se sobresee en el juicio con base en una causa de improcedencia advertida oficiosamente, sin dar vista a la parte quejosa, no constituye una violación irreparable en su esfera de derechos, pues en caso de considerar que no se actualizaba la causal por la que sobreseyó el Juez, está en posibilidad de interponer recurso de revisión y exponer los argumentos correspondientes, los cuales, de ser fundados, provocarían que el órgano revisor levante el sobreseimiento decretado y examine el fondo del asunto. Por ello, es que resulta lógico pensar que el legislador introdujo la vista que se ha analizado con la finalidad de que, en el recurso de revisión, la parte quejosa pueda cuando menos alegar lo que a su interés convenga cuando el órgano jurisdiccional de amparo, en la segunda instancia del juicio de control constitucional, advierta la actualización de una causa de improcedencia oficiosamente, no alegada por las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior. Bajo esta óptica, se concluye que el precepto legal en comento no vincula a los órganos jurisdiccionales que conocen en primera instancia del juicio de amparo indirecto, por tanto, no sería obligatorio que esas autoridades den vista a la quejosa respecto de alguna causa de improcedencia advertida de oficio, aun cuando no la haya alegado ninguna de las partes. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Shuleyca Salmerón Soto, contra los actos reclamados a la autoridad responsable referida en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado respecto de los actos que se le reclaman. Por tanto, a fin de que trascurra el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, para su verificativo. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación de dicho pedimento en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, desde ahora se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que anexa la autoridad responsable en cita; hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

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