Erwin Jiménez Rueda

Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
153/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Erwin Jiménez Rueda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de veinticinco de julio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vistos los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 153/2022, promovido por Erwin Jiménez Rueda, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno (fojas 20 a la 34), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, Erwin Jiménez Rueda, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1° párrafos segundo y tercero, 14 párrafo segundo y cuarto, 16 párrafo primero y 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 21.1.2, 24 y 29 inciso b) y c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". Segundo. Trámite del juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 274/2021; en proveído de seis de abril de dos mil veintiuno (fojas 35 a la 41), se admitió la demanda; se ordenó dar la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se reservó proveer respecto del emplazamiento de las personas a quienes pudiera resultar el carácter de terceros interesados; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Carácter de tercera interesada. En proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno (foja 174), el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, reconoció el carácter de tercera interesada a Martha Moreno Sánchez o Martha Moreno de Bucio y ordenó su emplazamiento. Cuarto. Reanudación de plazos y términos. Toda vez que de conformidad con el Punto de Acuerdo de la Comisión de Receso actuando como Comisión Especial de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, regresó al esquema de contingencia previstos en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 del treinta de julio al doce de agosto del dos mil veintiuno, en proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó reanudar los plazos en el juicio de amparo 274/2021 (foja 178). Quinto. Remisión a este juzgado de distrito por conocimiento previo. En proveído de doce de enero de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ordenó remitir el expediente con sus anexos a este órgano de control constitucional, al considerar que había conocido del diverso juicio de amparo 616/2019, el cual derivó del juicio ordinario civil 655/2019, en el cual también tiene su origen el amparo 274/2021 (fojas 297 a la 299). Sexto. Avoca. En auto de ocho de marzo de dos mil veintidós [previo cumplimiento que diera el homólogo juzgado cuarto], este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto y admitió la demanda promovida por Erwin Jiménez Rueda; ordenó dar la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal; dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; convalidó el emplazamiento de la tercera interesada; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el lugar en donde tiene jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, el acto reclamado por el quejoso al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, es: La resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, relativa al recurso de revocación interpuesto por la demandada, en contra del proveído de veintidós de febrero del citado año, dentro del juicio ordinario civil sobre terminación de contrato de arrendamiento 655/2019 promovido por Erwin Jiménez Rueda frente a Martha Moreno Sánchez y/o Martha Moreano de Bucio. En dicha resolución el juez determinó revocar el auto recurrido, en el cual se requirió a la demandada para que, dentro del término de tres días, consignara las cantidades monetarias relativas a los pagos de renta de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, así como la de enero de dos mil veintiuno, apercibida que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa, esto es, se le embargarían bienes de su propiedad con los que garantizara dicho adeudo. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 59). Certeza que se corrobora con la prueba documental que adjuntó la responsable a su informe justificado, consistente en diversas copias certificadas del juicio ordinario civil 655/2019. Pruebas con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que entre las constancias remitidas por el juez responsable se encuentra la resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno (fojas 72 a la 77). Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 749 del Apéndice de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección- procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, registro 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo. Luego, a efecto de exponer las razones por las cuales se concluye en ese sentido, se estima conveniente traer a glosa la referida porción normativa, la cual es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." De lo transcrito se advierte que la referida fracción establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, y que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe subsistir, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa. Situación ésta que ocurre en el caso, debido a que, si bien legalmente subsiste el acto reclamado [la resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno], sus consecuencias ya no surten efecto legal alguno. Se explica. El quejoso reclama la resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, relativa al recurso de revocación interpuesto por la demandada, en contra del proveído de veintidós de febrero del citado año, dentro del juicio ordinario civil sobre terminación de contrato de arrendamiento 655/2019 promovido por Erwin Jiménez Rueda frente a Martha Moreno Sánchez y/o Martha Moreano de Bucio. En dicha resolución el juez determinó revocar el auto recurrido, en el cual se había ordenado requerir a Martha Moreno Sánchez y/o Martha Moreano de Bucio para que, dentro del término de tres días, consignara las cantidades monetarias relativas a los pagos de renta de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, así como la de enero de dos mil veintiuno, apercibida que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa, esto es, se le embargarían bienes de su propiedad con los que garantizara dicho adeudo para ahora acordar que no había lugar a requerirle del pago de las rentas derivado de la concesión de la suspensión del acto reclamado consistente en la resolución dictada en el toca I-13/2020, relativo a la apelación de la sentencia dictada en el juicio 655/2019. Por otra parte, entre las constancias que integran el presente juicio de amparo se encuentra el oficio 433/2021, suscrito por el juez responsable, presentado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (foja 153), en el cual en cumplimiento a requerimiento de dicho órgano de control constitucional exhibió diversas constancias certificadas del juicio ordinario civil 655/2019, entre las que se encuentran las siguientes: Escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintiuno ante la responsable, por José Luis García Salas, apoderado jurídico de Erwin Jiménez Rueda, en el cual manifestó que voluntariamente la demandada, desocupó el local comercial que detentaba en arrendamiento; le hizo la entrega real y material de dicho inmueble, así como de las llaves de acceso al mismo; le entregó por concepto de pago total de rentas de ocho meses la cantidad de treinta y seis mil pesos. Asimismo, adujo que ya no tenía reclamación alguna, que renunciaba a la acción de pago de daños y perjuicios con relación a la garantía que depositó con motivo del juicio de amparo directo que promovió en el que le concedieron la suspensión del acto reclamado por lo que de su parte no había inconveniente alguno para que se le devolviera (foja 164). Proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, en el que se requirió a José Luis García Salas, para que acudiera a las instalaciones del juzgado de origen a ratificar el escrito mencionado en el inciso anterior (foja 165). El acta levantada con motivo de la ratificación del escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintiuno (foja 166). El proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a José Luis García Salas, manifestando que la demandada le entregó el inmueble materia de la controversia, las llaves de acceso al mismo así como la cantidad de treinta y seis mil pesos en concepto de ocho meses de rentas adeudadas; que el escrito fue extendido como recibo de lo mencionado a la citada demandada; sin tener reclamación alguna que realizarle; asimismo, se le tuvo por renunciando a la acción de pago de daños y perjuicios en relación a la garantí de depósito con motivo del juicio de amparo directo promovido y en el que se le concedió a la accionada la suspensión del acto reclamado; que no existía inconveniente que la garantía le fuera devuelta a la demandada (foja 168). Lo anterior, conduce a sostener que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, porque aun cuando subsiste la resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno; la misma no surtirá efecto legal ni material, ello porque lo que pretendía el quejoso al impugnar en este juicio de amparo tal determinación era el pago de las rentas adeudas por parte de la demandada, por lo que al haberse dado por pagado de las mismas así como recibir el inmueble materia de la controversia ningún fin práctico tendría analizar el acto reclamado. De ahí que, no obstante la subsistencia del acto atribuido a la autoridad responsable, lo cierto es que ya no surte efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, aun y cuando se determinara que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlos en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En ese contexto, el acto reclamado, no puede ser materia de pronunciamiento en este juicio de amparo respecto de dichos quejosos, al dejar de existir el objeto o materia de la misma, pues ya no impacta en su esfera jurídica, por lo que no sería posible restituirlos en el goce del derecho vulnerado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con número de registro 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Erwin Jiménez Rueda, por el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 153/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, así como las exhibidas por la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado.

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