Esau Guerra Gutiérrez

Expediente 1797/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1797/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/02/2017

Partes del expediente

  • Esau Guerra Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de febrero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En ese orden, a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, devuélvanse las constancias remitidas como complemento a su informe justificado. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1797/2016-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Esau Guerra Gutiérrez por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son: . H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA; . EL C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA; . EL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA; IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; 1. LA OMISIÓN CORRESPONDIENTE A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ATRIBUIBLES A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, RESPONSABLE DE EMITIR ACUERDO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 2. LA OMISIÓN DEL C. PRESIDENTE DE H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA; de vigilar el desarrollo de las actuaciones del expediente con número 564/2014, las cuales no se realizan conforme al tiempo señalado por la ley de la materia, por lo que de ser esto correcto se lo deberá de prevenir al personal adscrito a esta H. Junta para el debido desarrollo y cumplimiento de dicho juicio laboral, o en dado caso informar al presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convengan dictar para corregirlas, esto de acuerdo con el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo. 3. LA OMISIÓN DEL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA; En dado caso de que se haya emitido acuerdo que cambie la situación jurídica se le reclamará la Omisión de llevar a cabo la notificación del acuerdo en donde se haya emitido Nueva Fecha de Audiencia a las partes en los domicilios expuestos en el expediente natural." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 1797/2016-I, por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió, se ordenó emplazar al tercero interesado Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actuaciones de un Tribunal Laboral con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: El acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis emitido en el expediente 564/2014, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante el cual fijó las ocho horas con quince minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia relativa al desahogo de pruebas en el caso la testimonial ofrecida por la demandada. La omisión de notificar a las partes de un posible auto emitido por la responsable en el que hubiere cambiado la situación jurídica, en el domicilio expuesto en el expediente principal. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Respecto del acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, relativo a la posible notificación de un auto posterior que emitiera la responsable y que modificara la situación jurídica en juicio en lo principal. Ahora bien, de lo expresado por la autoridad responsable, en principio debe analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso, del propio estudio de fondo del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, que establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese contexto, la responsable precisó que era cierta la existencia del auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis emitido en el expediente 564/2014, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fijó las ocho horas con quince minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete, para que se celebre la audiencia relativa a la testimonial ofrecida por la parte demandada; sin embargo, nada refirió a diverso auto que permitiera advertir que se modificaba la situación jurídica del juicio laboral, por lo que de las constancias remitidas por la responsable a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos precedentes, no se aprecia diverso auto en tal sentido por lo que se puede presumir su inexistencia, aunado a que se trata de actos futuros e inciertos, por lo que en tales circunstancias procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Presidente y representante de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca (foja 16), y el Actuario adscrito a la misma (foja 14); al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye (señalamiento de fecha de desahogo de pruebas de ocho de febrero de dos mil dieciséis), lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe, relativas al expediente laboral 564/2014, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este juzgador en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso concreto se estima se actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del último de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo tiene una finalidad práctica, pues en caso de que el promovente obtenga una sentencia favorable, tratándose de actos de naturaleza positiva, los efectos del amparo serán el de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión el amparo tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora, de las copias certificadas del juicio laboral 65/2014, que remitieron las autoridades responsables, a las cuales, por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, fijó las ocho horas con quince minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de pruebas en la que se desahogará la testimonial ofrecida por la demandada. Esta determinación, en la parte en que fijó hora y día para la audiencia de desahogo de dicha probanza, es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En tal contexto, en el caso a estudio el acto reclamado tiene por objeto analizar si la determinación de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, de fijar fecha y hora para la audiencia relativa a la testimonial ofrecida por la parte demandada, se fijó en el plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, debe señalarse que aunque se declare la inconstitucionalidad de dicho actuar, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Lo anterior es así, pues el quejoso presentó el juicio de amparo, aduciendo vulneración al artículo 17 Constitucional, al señalar que la fecha fijada por la responsable para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada no se realiza en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de los antecedentes narrados en acápites anteriores, se aprecia que la Junta responsable señaló el día ocho de febrero de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la referida, esto es, dentro de doce días hábiles siguientes a la fecha en que se resuelve el presente sumario constitucional. En tal contexto, en caso de concederse el amparo solicitado, se estaría en espera de que concluyera el plazo de diez días que indica el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la sentencia causará ejecutoría y se requiera el cumplimiento de la misma. Es decir, el requerimiento de cumplimiento sería posterior a la fecha en que se encuentra fijada la audiencia relativa al desahogo de la testimonial ofrecida por la parte demandada. Por tanto, no se podrían concretar los efectos de una concesión de amparo, al haber ocurrido la fecha señalada para el desahogo de dicha probanza, antes de que la sentencia de amparo adquiriera firmeza procesal y en su caso requerir su cumplimiento. En efecto, en el caso concreto el objeto o materia del auto cuya constitucionalidad se controvirtió consiste en que la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demanda, se fijó hasta el ocho de febrero de dos mil diecisiete, esto es, fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, de ahí que a la fecha en que se requeriría el cumplimiento de la sentencia, dicha data ya ocurrió, por lo que no podría cumplirse con la sentencia de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se concluye que por la actualización de la causal de improcedencia supraindicada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, cuyo rubro y texto son como sigue: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". Ahora bien, no obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso también reclame la abstención de vigilar que el juicio laboral se desarrolle en los plazos que establece la ley, sin embargo, no se puede abordar el estudio de actos generales que contravengan el principio de justicia pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 Constitucional, en virtud a los diversos de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, al cual se tiene que acudir por un acto determinado y cierto, como en el caso lo es, el auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 65/2014. Sirve de apoyo, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, registro 2005150, página 732, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 78, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Esau Guerra Gutiérrez, en contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para este día a las once horas con quince minutos, como se precisó en auto de veinticuatro de noviembre del año en curso (foja 7); sin embargo, de autos se advierte que no existe constancia con la cual se acredite la oportuna y legal notificación del contenido del oficio 47902, a través del cual se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México y/o CONALEP Estado de México. En virtud de lo anterior y a fin de que este órgano de control constitucional cuente con la constancia necesaria para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, agréguense a los autos los oficios por medio de los cuales el Actuario, la Presidenta por sí y en representación de la Junta Especial Número Cuatro, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinden su informe justificado y adjuntan copias certificadas del expediente laboral J.4/564/2014. En atención al volumen de las constancias remitidas por la oficiante, fórmese cuaderno por separado debidamente identificado para que se tenga a la vista en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

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