Esau Guerra Gutiérrez

Expediente 1383/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1383/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2017

Partes del expediente

  • Esau Guerra Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Perito oficial Heriberto Alvarado Castorena, a través del cual manifiesta la imposibilidad que tiene para emitir el dictamen correspondiente. Por tanto, por conducto de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México, requiérase nuevamente al perito oficial Heriberto Alvarado Castorena para que dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, emita el dictamen a su cargo, plazo que transcurrirá a partir de la notificación que se le practique de la presente determinación, en el entendido de que para el caso de omisión subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete. De igual forma, con la finalidad de que en autos quede acreditado que el experto Heriberto Alvarado Castorena tuvo conocimiento del presente proveído, requiérase al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la presente determinación, remita a este juzgado copia certificada de las constancias que acrediten la práctica de la notificación de este auto al perito de referencia, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo, apercibido que de no dar cumplimiento al presente requerimiento se hará acreedor a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VIII. Se tiene por recibida la razón suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, por los motivos expuestos. A dicha razón se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2, por tratarse de la actuación de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. En ese orden, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, procédase a notificar a la parte quejosa el acuerdo de referencia y así como los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista, la cual se fija en este órgano jurisdiccional. "RECEPCIÓN Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Esau Guerra Gutiérrez por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1383/2017-VIII. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se obtiene que del contenido íntegro de la demanda, el acto reclamado se hace consistir en: La prosecución del trámite de las pruebas testimoniales ofrecidas en el juicio laboral 564/2014, traducida en la falta de notificación de los testigos. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Lo reseñado evidencia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así por las siguientes consideraciones: El numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el ordinal 107, fracción V, de la Ley en cita contempla que: "El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Establecido lo anterior, se está en condiciones de puntualizar, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Carta Magna y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." El Pleno del más Alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia consultable en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Expuesto lo anterior, en el caso en concreto, el acto reclamado se trata de un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos del quejoso y no tienen una ejecución irreparable en su esfera jurídica, en la medida que los actos destacados no se tratan de omisiones autónomas al procedimiento de origen, sino que se presentan justamente dentro de éste, sobre el desahogo de las pruebas testimoniales ofrecida en el juicio de origen, por lo que, en todo caso, se está frente a actos que producen una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación; sin que se consideré que con el acto reclamado se esté en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por tanto, el acto destacado no puede ser considerado como acto de imposible reparación, pues aquellos únicamente tienen una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales y sus efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 06 de mayo de 2016, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tener siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En tal virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda promovida por Esau Guerra Gutiérrez, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y otras autoridades. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas descritas en el proemio de la demanda, atendiendo a la naturaleza del juicio del cual emana el acto reclamado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para poder llevar a cabo las notificaciones respectivas. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente."

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor del Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, informa el cabal cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el diverso recibido signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México y con los anexos que adjuntaron, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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