Erón Campos Sierra

Expediente 1609/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1609/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Erón Campos Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obra la notificación personal a la parte quejosa conforme a lo ordenado en el proveído de dieciocho de agosto de la presente anualidad, en el cual se realizó el pronunciamiento en relación con el cumplimiento a la sentencia recaída al presente juicio de amparo. Comisiono actuario. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que realice dicha diligencia y una vez hecha, la vincule al expediente electrónico. Notifíquese; y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Diana Ulloa Hernández, que autoriza y da fe. RAAG/DUH/mmed

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el diez de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ".SEXTO. Efectos del amparo. En ese orden de ideas, a fin de restituir a la parte accionante del juicio de amparo en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que las autoridades responsables: Dejen insubsistente la cédula de notificación de infracción con folio 113/323286183, así como sus consecuencias legales. Cabe destacar que en esta resolución el análisis de legalidad de los actos reclamados derivó en su inconstitucionalidad por vicios de fondo; de tal manera, se considera que los actos reclamados al presentar dichos vicios, impide a la autoridad responsable su reiteración, tal y como lo indica el artículo 124 in fine, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual las autoridades responsables no podrán subsanar los vicios en los que incurrió, sin que ello implique que no puedan ejercer con posterioridad las actividades y facultades que les corresponden." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado SSE/DGJ/DA/4639/2021, el Director de Amparo de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que giró oficio a la Dirección Jurídica de lo Contencioso de la Secretaría de Seguridad, a efecto de que se deje sin efectos la cédula de notificación de infracción con número de folio 113/323286183, así como sus consecuencias, sin embargo, mediante oficio SSE/DGJ/CJNV/10013/2021, de la Directora Jurídica de lo Contencioso de la mencionada secretaria, manifestó la imposibilidad de dejar insubsistente el folio referido, toda vez que el mismo fue pagado con anterioridad, razón por la cual no podía ser cancelado, refiriendo que sería competencia de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Por oficio PF-DC-JA-22797, la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el pago realizado por concepto de la cédula de infracción, con número 323286183 y como consecuencia ordenó devolver la cantidad ingresada en el recibo número de estado de cuenta 9402246686, por lo que ya se realizó la afectación de la partida presupuestal correspondiente y emitió la orden de pago número 2011281, y contra-recibo a favor de la quejosa que ampara la cantidad $945.68 (novecientos cuarenta y cinco pesos 68/100 moneda nacional), así como la notificación realizada a la parte quejosa. Luego, con el diverso oficio PF-DC-JA-24365, la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, informó haber notificado a la parte quejosa para que acudiera a las instalaciones de la Procuraduría Fiscal del Estado a recoger la orden de pago y el contra-recibo que ampara la devolución ordenada en el fallo protector, sin que a la fecha de la recepción del comunicado de cuenta, haya comparecido a recoger el título de crédito. Finalmente, por comunicado de la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, allegó copia certificada del acuse correspondiente a la orden de pago 2011281, de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, así como del recibo de la misma fecha, ambos signados por el quejoso, de los que se desprende recibió la cantidad de $945.68 (novecientos cuarenta y cinco pesos 68/100 moneda nacional). Con lo cual en proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestará lo que a su derecho convenga, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, del que se advierte que se dejó insubsistente el pago realizado por concepto de la cédula de infracción, con número 323286183 y como consecuencia ordenó devolver la cantidad ingresada en el recibo número de estado de cuenta 9402246686, por lo que ya se realizó la afectación de la partida presupuestal correspondiente y emitió la orden de pago número 2011281, y contra-recibo a favor de la quejosa que ampara la cantidad $945.68 (novecientos cuarenta y cinco pesos 68/100 moneda nacional), así como la notificación realizada a la parte quejosa, quien compareció a recoger dicha orden de pago, así como el acuse de veintitrés de julio de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Alberto Ramírez Díaz, Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse gozando de su periodo vacacional, el titular del juzgado, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2851/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la secretaria Diana Ulloa Hernández, que autoriza y da fe. JARD/DUH/hmre

  3. Principal

    Se tiene por recibido el comunicado que suscribe la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la citada Secretaría, por el cual allega copia certificada del acuse correspondiente a la orden de pago 2011281, de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, así como del recibo de la misma fecha, ambos signados por el quejoso, de los que se desprende recibió la cantidad de $945.68 (novecientos cuarenta y cinco pesos 68/100 moneda nacional) Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio PF-DC-JA-24365 que signa la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa haber notificado a la parte quejosa para que acuda a las instalaciones de la Procuraduría Fiscal del Estado a recoger la orden de pago y el contra-recibo que ampara la devolución ordenada en el fallo protector, sin que aún haya comparecido a recoger el título de crédito; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la referida autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se reciba el comunicado que derive del presente proveído, remita copia certificada completa y legible, de la orden de pago o título de crédito a nombre de la aquí quejosa que ampara la devolución de la cantidad precisada en el fallo protector a favor, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación del suscrito que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

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