Ernesto Valdivia Guerrero
Expediente 1091/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/08/2021
Partes del expediente
- Ernesto Valdivia Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.
- Principal
Se tienen por recibidos los oficios suscritos por Oscar Miguel Ávalos Flores en su calidad de Director de Área de Asuntos Internos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Luis Fernando Ríos Cervantes y Jorge Alberto Barba Rodríguez en representación de la Comisión Municipal de Honor y Justicia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y la Directora Administrativa de la Comisaría de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque; respectivamente, autoridades señaladas como responsables en el presente asunto; mediante el cual, con fundamento en los artículos 138, fracción III y 140, ambos de la Ley de Amparo, rinden informe previo el cual será tomado en consideración al dictar la resolución interlocutoria correspondiente. Por otro lado, respecto de las autoridades Director de Área de Asuntos Internos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y Comisión Municipal de Honor y Justicia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se tiene como delegados en términos del numeral 9 de la Ley de Amparo a las personas que señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se desprende de sus informes previos. Se tiene a las autoridades responsables ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que cada una anexa a su informe previo, las cuales, con fundamento en el numeral 143 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el contenido del diverso oficio de cuenta, suscrito por el Director de Área de Asuntos Internos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por medio del cual, la responsable manifiesta que las pruebas requeridas por este Juzgado de Distrito en proveído de veintiuno de julio pasado consistentes en las copias certificadas de las nóminas de los quejosos relativas a los meses de marzo, abril y mayo del presente, ya han sido solicitadas a la dependencia correspondiente. En razón de lo anterior, se requiere a las autoridades: 1) Dirección de Área de Asuntos Internos y 2) Director de Recursos Humanos; ambos, del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan copias certificadas de las listas de nómina relativas a las dos quincenas de los meses de marzo, abril y mayo de dos mil veintiuno, respecto de los quejosos Artemio Rodrigo Díaz Ramírez, Alejandro Mosqueda Díaz y José Ernesto Sánchez Lara, respectivamente. VI. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme mandata el numeral 237, fracción I de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá a la autoridad que sea omisa, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. VII. Se da vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia incidental, para los efectos legales conducentes.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del AUTO DE NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, mismo que en síntesis dice: "Zapopan, Jalisco, nueve de julio de dos mil veintiuno. Autoridad responsable rinde informe justificado. Se tiene por recibido el oficio 2000/AMPARO/2131/2021 suscrito por la Presidenta Auxiliar de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado y anexa un legajo certificado para acreditar su dicho, el cual, de conformidad a los numerales 119 y 123 de la citada normatividad, se admite y se tiene por desahogado en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro contexto, visto el estado procesal de autos y el contenido del informe justificado y anexo certificado que allegó la autoridad responsable a este asunto, se advierte que se ha actualizado una hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable en emitir el auto de avocamiento al conflicto laboral 637/2021/16-C de su índice. Sin embargo, de la constancia que se acompañó al informe de ley se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que se acreditó que mediante auto de cinco de julio de la anualidad en curso, se emitió el auto de avocamiento a dicho asunto, por lo que se trámite. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la esencia de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del citado proveído por parte de la autoridad responsable. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las catorce horas con un minuto del cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de julio de dos mil veintiuno. Autoridad responsable rinde informe justificado. Se tiene por recibido el oficio 2000/AMPARO/2131/2021 suscrito por la Presidenta Auxiliar de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado y anexa un legajo certificado para acreditar su dicho, el cual, de conformidad a los numerales 119 y 123 de la citada normatividad, se admite y se tiene por desahogado en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro contexto, visto el estado procesal de autos y el contenido del informe justificado y anexo certificado que allegó la autoridad responsable a este asunto, se advierte que se ha actualizado una hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable en emitir el auto de avocamiento al conflicto laboral 637/2021/16-C de su índice. Sin embargo, de la constancia que se acompañó al informe de ley se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que se acreditó que mediante auto de cinco de julio de la anualidad en curso, se emitió el auto de avocamiento a dicho asunto, por lo que se trámite. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la esencia de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del citado proveído por parte de la autoridad responsable. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las catorce horas con un minuto del cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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