Ernesto Vargas Ramos
Expediente 812/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto Vargas Ramos
- Agente del Ministerio Publico I del Sistema Procesal Penal Acusatorio, de Esta Ciudad (Denominacion Correcta Auto 04/12/2020)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
...Téngase por recibida y agréguese a los autos la razón asentada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 7153/2021, dirigido al Jefe de Zona IV en Irapuato; lo anterior, toda vez que al constituirse a las instalaciones de la Fiscalía Región "B", fue informada por Cecilia Mosqueda Magdaleno, que dicha autoridad no existe como tal en esa dependencia. Ahora, visto el estado procesal de autos se advierte que en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se precisó que la denominación de la autoridad señalada por la parte quejosa era Jefe de Zona III de esta ciudad, no así Jefe de Zona IV de esta ciudad, por lo que se ordenó girar la misiva respectiva con la denominación señala por el promovente del amparo; circunstancia por la cual, en acuerdo de seis de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibo el oficio signado por la Encargada de la Unidad Especializada en Litigación de Juicio Oral de esta ciudad, por el que informó que la autoridad señalada por la parte quejosa como Jefe de Zona III de esta ciudad, no existe en dicha fiscalía; por lo cual, se ordenó suspender toda comunicación con ésta. En consecuencia, por los motivos antes expuestos se ordena suspender el envío de la misiva 7153/2021, dirigido al Jefe de Zona IV en Irapuato...
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el juicio que nos ocupa, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto, dado que se concedió la suspensión de plano. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa no aportó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, fracción I, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
- Principal
... TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En esa tesitura se tiene que no son ciertos los actos reclamados a la totalidad de las autoridades responsables, ya que al momento de rendir sus informes justificados negaron los actos que se les atribuyen, consistentes en, haber realizado una detención fuera de procedimiento e incomunicación cometidos en agravio de ***. En relación con la negativa apuntada, debe destacarse que si bien es verdad que, por regla general, ante la negativa de las de las autoridades respecto de los actos que se les imputan, corresponde a la parte quejosa la acreditación de su existencia y, además, la de su inconstitucionalidad, conforme a lo que disponen los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, no lo es menos que en tratándose de los actos que ataquen a la libertad fuera de procedimiento e incomunicación, cuando se demuestra que la detención de la víctima se llevó a cabo por autoridades, la carga de acreditar la inexistencia del acto reclamado corresponde precisamente a las autoridades responsables, es decir, al rendir sus informes respectivos deben demostrar o justificar que revelaron la suerte o paradero de la persona interesada, para evidenciar que siempre estuvo comunicada y nunca desaparecida. Al respecto, es aplicable, por las razones que la informa, el criterio del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2020459 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV Materia(s): Común, Penal Tesis: I.1o.P.164 P (10a.) Página: 4526 DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA DE ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De la interpretación del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se concluye que tratándose de la referida violación de derechos humanos, cuando se demuestra que la detención de la víctima se efectuó por agentes estatales, la carga de la prueba de que no está desaparecida corresponde a la autoridad; por tanto, es inexacto que a las víctimas directa e indirectas, con el carácter de quejosos, se les pida que desvirtúen la negativa de las autoridades responsables, sino que corresponde a estas últimas al rendir su informe respectivo demostrar o justificar que revelaron la suerte o paradero de la persona interesada, para evidenciar que siempre estuvo comunicada y nunca desaparecida. Lo anterior, acorde con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 139, 140 y 166 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) en donde estableció que la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es aquél quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos. Asimismo, constata dicha premisa, la circunstancia de que el mencionado tribunal interamericano ha considerado que la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos y, finalmente, en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXI/2015 (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO.", ha determinado que la carga de la prueba de, entre otros actos, los tratos crueles e inhumanos, recae en el Estado, por lo que es ilegal que se argumente que el quejoso no probó plenamente ese acto para descartarla. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 53/2019. 9 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez. Nota: La tesis aislada P. XXI/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 233. Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Sin embargo, no existen los actos atribuidos a las autoridades responsables, en los términos planteados, toda vez que del informe justificado rendido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado, actuando en la sede Irapuato y las pruebas remitidas con el mismo, se desprende que el quejoso no fue detenido fuera de procedimiento, por el contrario, si bien fue detenido, lo cierto es que fue en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por la juez de control el veintidós de septiembre de dos mil veinte, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple, cometido en agravio de quien en vida respondió con el nombre de ***; incluso, el referido quejoso fue vinculado a proceso el veintisiete de noviembre pasado. De ahí que, contrario a lo que afirma la parte quejosa, no fue detenido fuera de procedimiento, sino la orden de aprehensión fue emitida por una autoridad judicial, incluso, fue vinculado a proceso en la causa penal *** del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado, actuando en sede Irapuato. En la inteligencia que tanto la orden de aprehensión, como el auto de vinculación a proceso, no constituyen el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta juzgadora federal que las autoridades responsables Agente del Ministerio Público 4 de esta ciudad y Jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos de esta ciudad, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante la presunción de los actos que se reclaman se encuentran desvirtuados, con las documentales exhibidas por diversa autoridad responsable, de la que se advierte que el quejoso fue detenido con motivo de una orden de aprehensión. En ese sentido, si la detención del quejoso fue realizada en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por la juez de control el veintidós de septiembre de dos mil veinte, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple, cometido en agravio de quien en vida respondió con el nombre de ***; incluso, el referido quejoso fue vinculado a proceso el veintisiete de noviembre pasado, es de concluir que la detención no se llevó fuera de procedimiento, por tanto, es inexistente. Luego, si bien la parte quejosa reclama la incomunicación, tampoco existe, habida cuenta que de la propia causa penal de origen se advierte que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, al momento en que se formuló imputación, estuvo presente su defensor ***, incluso, refirió haber estado en comunicación un día antes con el quejoso (minuto 3:30 de la videograbación), asimismo, en la propia audiencia se les dio un receso para que tuvieran comunicación, con el fin de que estuviera debidamente asesorado (minuto 5: 00 y siguientes); por tanto, la incomunicación reclamada, no existe. En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese...
- Principal
...Vista el acta de diligencia remota de treinta de marzo de dos mil veintiuno, del que se advierte que el defensor público *** entabló comunicación vía videoconferencia con personal de este juzgado, y aceptó y protestó el cargo conferido como defensor público del aquí quejoso *** En atención a lo anterior, se tiene al compareciente aceptando la designación que le fue conferida como defensor público del peticionario de amparo. Consecuentemente, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Estatal Preventivo de esta ciudad; por tanto, se comisiona al actuario de esta adscripción para que se constituya en el citado centro y notifique personalmente el presente auto, corriendo traslado con copia del acta de diligencia vía remota...
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