Ernesto Romero Cisneros
Expediente 752/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto Romero Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el escrito que firma el quejoso ****; en atención a las manifestaciones que realiza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa las copias simples de las constancias que indica, previa razón de recibo que se deje en autos. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del promovente que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el tres de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de catorce de octubre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica al QUEJOSO, la resolución dictada el trece de octubre de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días diecisiete o dieciocho de octubre del presente año, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito que suscribe el quejoso ---; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veintitrés de septiembre del año en curso. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Sentado lo anterior se tiene que, el acto destacado que aquí reclama el promovente del amparo: consiste en: "IV. ACTO RECLAMADO. La conclusión de fecha 30 de junio del 2016, suscrita por el Dr. ----, Director General de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, notificada mediante oficio 44094, el día 27 de agosto del 2016, en la que se me informa que ".es procedente concluir el presente asunto por no existir materia para conseguir conociendo del expediente de queja." [.] En tales condiciones, por lo que ve al acto descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que, los acuerdos emitidos en las resoluciones de las inconformidades que conoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos son el resultado de un proceso de rango constitucional no formalmente jurisdiccionales que por disposición constitucional expresa no son vinculantes, por lo que al tratarse de una determinación adoptada en un mecanismo de control no jurisdiccional no puede encontrarse sujeta a un posterior análisis a través de otro mecanismo de control como es el juicio de amparo. Para verificar si en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, es preciso citar lo que establece el artículo 102, apartado B, del Pacto Federal, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando la causa de ello resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo constitucional referido señala entre otras cuestiones, que los organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Asimismo, se observa que dichos organismos, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas y que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos; aunado a que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. De igual forma, se establece que estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Señala que el organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, destaca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. Ahora bien, a efecto de verificar si en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, resulta importante tener en consideración lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 1066/2015, en sesión del seis de abril de dos mil dieciséis, de cuyas consideraciones en esencia se advierte lo siguiente: Precisó que la naturaleza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene su origen en la institución jurídica sueca conocida como "ombudsman", y consiste en la protección de las personas frente a violaciones a sus derechos cometidas por las autoridades. Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se creó mediante Decreto presidencial de seis de junio de mil novecientos noventa y ocho, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a efecto de vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de protección a los derechos humanos, por lo que su Presidente podía elaborar recomendaciones a las autoridades administrativas respecto de las violaciones cometidas a tales derechos, y posteriormente, con la reforma del veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos, al artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal, se estableció el rango constitucional de los organismos de protección a derechos humanos, previendo la creación de un organismo nacional, así como de organismos de la misma índole en cada una de las Entidades Federativas, cuya competencia implicaría conocer de quejas contra actos y omisiones de naturaleza administrativa, que provinieran de cualquier autoridad o servidor público, excepto aquéllos del Poder Judicial de la Federación, así como los asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales, a quienes se encomendó la función de emitir recomendaciones públicas autónomas, de naturaleza no vinculatoria, así como denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Destacó que el diez de junio de dos mil once, se reformó el artículo 102, Apartado B, constitucional, estableciendo que todo servidor público debe responder las recomendaciones que se le presenten, y cuando no acepten o no cumplan con las mismas, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, y adicionalmente, se previó que la Cámara de Senadores -o, en sus recesos, la Comisión Permanente-, o las legislaturas locales cuando se trate de organismos de las Entidades Federativas, podían llamar, a solicitud precisamente de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables, para que expliquen el motivo de su negativa, aunado a que se excluyó a la materia laboral de aquéllas respecto de las cuales no pueden emitirse las recomendaciones, por lo que solamente se prevé la no emisión de recomendaciones en asuntos electorales y jurisdiccionales. Finalmente, también se estableció que la Comisión Nacional podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos. Indicó que se trata de un órgano autónomo e independiente de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cuya finalidad primordial es la investigación de quejas presentadas en relación con violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos, y una vez finalizada la investigación correspondiente, las comisiones -tanto Nacional como las locales-, se encuentran facultadas para emitir "recomendaciones", en las que en el caso de considerar que existieron violaciones a derechos humanos, se establecerán encomiendas específicas a las autoridades vinculadas con las violaciones en cuestión. Precisó que dichas autoridades pueden no aceptar las recomendaciones, pero siempre tendrán la obligación de dar respuesta, fundando y motivando, en su caso, la negativa de mérito y, que también es posible que en los casos de negativa, la autoridad o servidor sean llamados a comparecer ante la Cámara de Senadores -o ante el órgano legislativo local cuando así corresponda-, a efecto de explicar el motivo de su actuar. Señaló que no obstante lo anterior, desde que se elevó a rango constitucional dicha figura jurídica, e incluso, con posterioridad a la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se ha mantenido el señalamiento expreso de que tales recomendaciones no son vinculantes, pues las autoridades pueden aceptar o no las mismas, sin que se desvirtúe tal carácter por la obligación de fundar y motivar, en su caso, la negativa, o por el hecho de que ante tal escenario, potencialmente se tendrá que comparecer ante el Senado de la República. De ahí que precisó que las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son el resultado de procesos de rango constitucional, a través de los cuales se pretende analizar la presunta violación a derechos humanos por parte de autoridades y servidores públicos, emitiendo encomiendas específicas en caso de que se haya constatado la existencia de dichas violaciones, que podrán ser aceptadas y cumplidas por las autoridades, o bien, éstas podrán no aceptarlas o negarse a su cumplimiento, en cuyo caso, tendrán que explicar las razones para adoptar tal postura. Agregó que incluso, en la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se reafirmó en el texto constitucional que las recomendaciones en cuestión no son vinculantes desde el punto de vista estrictamente jurídico, dado que la única obligación constitucional, consiste en fundar, motivar y hacer pública la negativa de aceptar la recomendación y, en su caso, comparecer ante el Senado de la República -o en sus recesos, ante la Comisión Permanente-. En virtud de lo anterior, expresó que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son garantías constitucionales no formalmente jurisdiccionales, ni de control de regularidad normativa -pues a través de las mismas no es posible invalidar o inaplicar una norma general-, cuya fuerza vinculante surge de que la autoridad responsable acepte la recomendación o, en caso de negativa, surge la obligación de justificar tal cuestión. Además, señaló que la lógica a la que responden dichas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consiste en que ante un escenario en el que una autoridad haya violentado los derechos humanos de una persona -con independencia de que ésta acuda a vías formalmente jurisdiccionales-, se iniciará un mecanismo cuyo acento se encuentra en la investigación en lugar de una dinámica adversarial, teniendo como objetivo que ante la acreditación de tales violaciones a derechos humanos, la autoridad en cuestión reconozca las mismas, a efecto de que se genere un proceso de colaboración entre el organismo protector y la autoridad, cuya finalidad última es la reparación de tales violaciones. De ahí que estableció que se busca que tal proceso constitucional sea ágil y con un fuerte acento en la colaboración voluntaria de las autoridades involucradas con el organismo protector de los derechos, de lo cual deriva que acorde a su naturaleza, es idóneo que el mismo no esté sujeto a un esquema recursal, pues las recomendaciones descansan en la fuerza moral de la propia Comisión Nacional. Agregó que no obstante dicha garantía constitucional puede guardar similitudes con otros mecanismos de protección, por ejemplo, con el juicio de amparo, en tanto su función se relaciona de manera primordial con la protección de los derechos humanos de las personas, lo cierto es que su margen de protección, así como su esquema de funcionamiento es diverso, pues para que opere a plenitud el sistema de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se requiere de la existencia de un mecanismo de revisión posterior, dado que atendiendo a su naturaleza, opera bajo una lógica no recursal, por lo que la apertura de una vía para reclamar tales recomendaciones, representaría un obstáculo para el desenvolvimiento de las funciones que por mandato constitucional tiene a su cargo la citada Comisión Nacional, en especial, en el tema del cumplimiento de las recomendaciones, cuando éstas han sido aceptadas por las autoridades, situación que inclusive se traduciría en un escenario no deseable para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Precisó que si bien una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a consideración de un tribunal de amparo, podría no haber abordado el planteamiento de modo correcto, o las medidas a implementarse pudiesen parecerle incompletas o, incluso, inadecuadas acorde al caso, ello no implica que la misma tenga que analizarse a través del juicio de amparo, dado que las aludidas recomendaciones, se llevan a cabo a partir de la apreciación de las personas encargadas de su emisión, como acontece con todas las garantías constitucionales. Aclaró que la posibilidad de no compartir el sentido de una recomendación, no es justificación suficiente para que la validez de ésta dependa de un posterior pronunciamiento a través del juicio de amparo, pues en caso de que las víctimas de tales violaciones a sus derechos, consideren que no ha existido una reparación integral o, no estén de acuerdo con algún otro aspecto que sea producto de dicha recomendación, adicionalmente podrán acudir en la vía que estimen pertinente a defender sus derechos. Asimismo, señaló que en cualquier caso, la implementación de las garantías constitucionales depende del actuar de los operadores jurídicos, por lo que existe un margen que será eminentemente discrecional, lo cual puede dar lugar a discrepancia de criterios, situación que no justifica que se deba desnaturalizar el sistema que para su protección, se ha diseñado en la propia Constitución, Además refirió incluso que visto de modo inverso, no resultaría factible estudiar la validez de una resolución dictada en un juicio de amparo, a través de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente porque cada mecanismo atiende a una lógica diversa, pues no existe una dinámica recursal o de validación posterior entre garantías constitucionales. Destacó que en el supuesto de que se estimara que es procedente analizar, vía juicio de amparo, el contenido material de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal situación desnaturalizaría la función de dicho organismo, pues ello implicaría no sólo la posibilidad de promover un juicio de amparo, sino potencialmente, la de interponer en contra de tal sentencia el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, por lo que se obstaculizaría que la Comisión Nacional realice su función de manera ágil y autónoma, pues el posible cumplimiento a la recomendación emitida, en caso de que sea aceptada por la autoridad o servidor, se encontraría sujeta a su posterior validación por parte de los órganos de amparo. De ahí que concluyó que resultaba improcedente el juicio de amparo respecto de una recomendación, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mayor abundamiento, agregó que la Constitución tiene un carácter de norma jurídica, misma que, junto con los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, condiciona la validez de todos los demás componentes del orden jurídico, de lo cual deriva la posibilidad de llevar a cabo un control de regularidad sobre estos últimos, por lo que la Constitución, en su carácter de norma, requiere de un esquema que la proteja frente a actos o disposiciones que la pretendan vulnerar, y que a la institución que es producto de tal necesidad se le denomina "defensa de la Constitución", así como que la doctrina en general ha aceptado la existencia de dos grandes rubros o categorías en las cuales puede escindirse la defensa en comento: la protección de la Constitución y las garantías constitucionales. Precisó que la categoría de la protección de la Constitución comprende los factores políticos, económicos, sociales, así como de técnica jurídica cuya finalidad es que las autoridades ejerzan sus facultades por los cauces constitucionales, a efecto de limitar el ejercicio del poder y garantizar su supremacía normativa, es decir, su naturaleza es eminentemente preventiva, y comprende aspectos como el federalismo, la división de poderes, la renovación de éstos a través del sufragio, la institucionalización de los factores sociales, la regulación de los recursos económicos y financieros de los entes públicos, el principio de supremacía constitucional, el procedimiento rígido para reformar a la misma, entre otros. En tanto que las garantías constitucionales operan cuando la protección de la Constitución ha sido insuficiente para evitar el desconocimiento de la misma, siendo de naturaleza procesal, y tienen como finalidad restaurar el orden constitucional ante las violaciones al mismo, e incluyen tanto a los medios de control de constitucionalidad, así como a otros mecanismos, formalmente no jurisdiccionales. Indicó que respecto a las garantías constitucionales, los medios más representativos son los mecanismos de control de constitucionalidad o control de regularidad constitucional, lo cual consiste en que ciertos órganos realicen una comparación entre la Constitución y determinadas normas de carácter inferior o actos, a efecto de analizar si se contraponen o no, y en caso de que así suceda, existe la posibilidad de declarar la nulidad de los mismos atendiendo a los efectos propios de cada mecanismo -juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y control por determinación constitucional específica en materia electoral-. Asimismo, señaló que es posible advertir en nuestro texto constitucional, la existencia de garantías constitucionales de índole no jurisdiccional -cuando menos, no formalmente-, y que no implican el ejercicio de un control de constitucionalidad, entre las que se encuentran: el juicio político (artículo 110 constitucional), la declaración de procedencia (artículo 111 constitucional), las facultades del Senado de la República en caso de desaparición de poderes de un Estado (artículo 76, fracción V, constitucional), así como del propio Senado para la solución de controversias de índole política entre los poderes de un Estado (artículo 76, fracción VI, constitucional), las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por los organismos de la misma naturaleza en cada una de las Entidades Federativas, y la facultad de investigación de dicha Comisión Nacional ante graves violaciones a derechos humanos (artículo 102, Apartado B). Destacó que dichas categorías de defensa de la Constitución, atienden a dos características principales: la primera, es que tales elementos deben encontrarse en el propio texto constitucional, sin perjuicio de que los procedimientos, reglas específicas y las prácticas jurídicas se contemplen en otros ordenamientos de inferior nivel normativo. El segundo aspecto, es que tanto la protección de la Constitución, así como las garantías constitucionales son complementarias entre sí, pues la intención de que coexistan en un orden jurídico determinado, es que procuren una defensa de naturaleza integral, por lo que cada uno de los sectores actúa en momentos distintos, ya sea de manera preventiva o reparadora. Estableció que las garantías constitucionales no guardan una relación de prevalencia o jerarquía entre sí, sino de complementariedad, toda vez que cada una de estas garantías responde a una lógica específica, esto es, a una determinada razón por la que fueron consagradas en el propio texto constitucional. Agregó que al no existir jerarquía entre tales garantías constitucionales, sino un principio de complementariedad entre las mismas, es que debe concluirse que la validez de la determinación que se adopte a través de cada una de éstas, no podrá encontrarse sujeta a un posterior análisis a través de otro de estos mecanismos de control, por lo que el cumplimiento de dichas resoluciones tampoco podrán estar supeditadas al ejercicio de otra de las citadas garantías. Precisó que ninguno de los medios de protección de nuestra Constitución, así como de los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, implican la posibilidad de analizar cualquier acto o norma general que hayan sido emitidos por alguna autoridad, pues cada uno de estos medios se encuentra sujeto a ciertos requisitos de procedencia, así como a ciertos lineamientos para llevar a cabo el análisis respectivo y para fijar los efectos correspondientes, situación que responde a la naturaleza de cada uno de los mismos. Indicó que la eficacia jurídica de las garantías constitucionales -como procesos expresamente previstos en el texto constitucional para su propia defensa- no se encuentra sujeta al ejercicio de otras garantías, por lo que a través el juicio de amparo no es posible llevar a cabo un análisis de la validez de todo acto o norma emitidos por las autoridades, pues existen ciertos ámbitos de la actuación estatal que se encuentran exentos de control de regularidad vía juicio de amparo, y entre tales ámbitos se encuentran las resoluciones de las garantías constitucionales. De ahí que concluyó que a través del juicio de amparo, no es posible analizar la validez de las resoluciones emitidas en una de las garantías constitucionales. Esto es, a pesar de la naturaleza del juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos de las personas, no es factible, a través de tal vía, estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en el resto de procesos que por determinación constitucional expresa, también tienen la función de restaurar el orden normativo de nuestra Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, pues el sometimiento de la validez de las determinaciones adoptadas en otros mecanismos de protección, a la revisión a partir de otra vía, incluso si ésta es el juicio de amparo, obstaculizaría su finalidad y, por tanto, ello impediría que estos medios cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados, situación que atentaría contra el propio orden constitucional que se pretende tutelar. Por tanto, señaló que se justifica que este tipo de procesos constitucionales, entre los cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentren excluidos de los actos sujetos a análisis vía juicio de amparo, pues el diseño de cada garantía responde a cierta lógica y objetivos, por lo que el margen de protección asignado a cada mecanismo no puede sujetarse a otra garantía que responde a un esquema de protección diverso, por lo que concluyó que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de las resoluciones de la aludida Comisión en las que formula recomendaciones. Conforme a lo expuesto, destaca que el texto del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal, establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. En la especie, la parte quejosa reclama la conclusión de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, suscrita por el Director General de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se le dijo que era procedente concluir la queja, por no existir materia para conseguir conociendo de dicho expediente. Ahora bien, atendiendo a lo que estableció el Alto Tribunal en el que estimó que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentren excluidos de los actos sujetos a análisis vía juicio de amparo, debe decirse que los acuerdos como el impugnado se encuentran en idéntica situación, pues como se precisó, se trata de garantías constitucionales de índole no jurisdiccional para la protección de la Constitución, por lo que dichas resoluciones no se encuentran sujetas a un control constitucional, a través de otra garantía constitucional -de índole jurisdiccional- como es el juicio de amparo, es decir, existe una exclusión de que las mismas sean sujetas de control de regularidad vía juicio de amparo, puesto que la improcedencia deriva directamente de su naturaleza como garantía de protección del texto constitucional. En ese sentido, si bien la propia Constitución Federal, prevé en su artículo 102, Apartado B, una excepción para que las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes a la Comisión Nacional en las entidades federativas, sean sujetas a un recurso de inconformidad ante la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos; lo cierto es que en la norma fundamental no se encuentra previsto mecanismo o recurso alguno para el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos, lo que corresponde como se indicó, a un diseño constitucional que permite que el máximo órgano de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, pueda conocer de los asuntos tratados en el ámbito local, sin que ello signifique que las recomendaciones o acuerdos de la Comisión Nacional puedan ser revisados en la vía jurisdiccional a través del juicio de amparo, o de cualquier otra garantía constitucional. Lo anterior, pues incluso el mecanismo de inconformidad del que conoce dicha Comisión Nacional no constituye tampoco un recurso o medio de defensa jurisdiccional, sino únicamente, la oportunidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueda conocer de recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas, y en su caso, emitir sus propias recomendaciones, pues aún las determinaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que recaen a las inconformidades de que la misma conoce, tienen el carácter de recomendaciones y no de resoluciones vinculatorias, lo que de igual forma acontece con los acuerdos como el reclamado en el presente juicio de amparo, en el que se le dijo que era procedente concluir la queja por no existir materia para conseguir conociendo, tal como puede observarse de la lectura del artículo 66 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. "Artículo 66. Una vez agotada la tramitación, la Comisión Nacional deberá resolver el recurso de impugnación en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, en el cual deberá pronunciarse por: a) La confirmación de la resolución definitiva del organismo local de derechos humanos. b) La modificación de la propia Recomendación, caso en el cual formulará a su vez, una Recomendación al organismo local. c) La declaración de suficiencia en el cumplimiento de la Recomendación formulada por el organismo estatal respectivo. d) La declaración de insuficiencia en el cumplimiento de la Recomendación del organismo estatal por parte de la autoridad local a la cual se dirigió, supuesto en el que la Comisión Nacional, formulará una Recomendación dirigida a dicha autoridad, la que deberá informar sobre su aceptación y cumplimiento." La anterior incluso se corrobora con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que señala: "Artículo 47. En contra de las Recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no procederá ningún recurso." En ese sentido, como quedó establecido, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran excluidas de los actos sujetos a análisis vía juicio de amparo, pues se trata de resoluciones emitidas atendiendo a su naturaleza de garantías constitucionales de índole no jurisdiccional para la protección de la Constitución, por lo que dichas resoluciones no se encuentran sujetas a un control constitucional, a través de otra garantía constitucional como es el juicio de amparo, lo que resulta aplicable a los acuerdos como el reclamado, al tratarse de una determinación final, en razón de que tácitamente en dicho acuerdo concluye que no hará ninguna recomendación con base en los motivos expresados en éste; de ahí que sea dable concluir que no se encuentra sujeto a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, pues la improcedencia deriva directamente de su naturaleza como garantía de protección del texto constitucional. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los acuerdos emitidos en las resoluciones de las quejas inconformidades que conoce la citada autoridad son el resultado de un proceso de rango constitucional no formalmente jurisdiccionales que por disposición constitucional expresa no son vinculantes, por lo que al tratarse de una determinación adoptada en un mecanismo de control no jurisdiccional no puede encontrarse sujeta a un posterior análisis a través de otro mecanismo de control como es el juicio de amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo.
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