Ernesto Uriel Lira Suárez
Expediente 1841/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1841/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2022
Partes del expediente
- Ernesto Uriel Lira Suárez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en esencia, acusa de recibo de la demanda promovida por Ernesto Uriel Lira Suarez, así como la determinación de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitida en los autos en que se actúa, además, comunica que aceptó la competencia planteada de este asunto y se avocó a su conocimiento. De lo anterior se toma conocimiento; asimismo, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, visto el estado que guardan los autos, se aprecia que mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó la remisión del exhorto 486/2022 (número de orden 486/2022) al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, para notificar al quejoso Ernesto Uriel Lira Suárez esa determinación en el centro de su reclusión; no obstante, de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se aprecia que se haya remitido el mismo. Sin embargo, no se estima necesario su remisión, en virtud de que de la constancia remida por el juzgado oficiante, se aprecia que éste realizó lo propio a fin de enterar al referido quejoso de la determinación en la que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito; por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A adscrita, a efecto de que dé de baja el citado exhorto del libro de comunicaciones oficiales del índice de este Juzgado de Distrito y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno de antecedes es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso j) de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo, será destruido el expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 20 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito este sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Rafael Becerra Lozano, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/6121/2022, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1841/2022-IV. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de ese precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el Juez de Distrito: i) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ii) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. iii) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los Distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sustenta las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades.." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso *******, reclama de la autoridad responsable: La negativa de expedirle y enviarle al lugar de su reclusión copias certificadas de las constancias que ha solicitado, relativas a la causa penal ***/2019-III. Aunado a lo anterior, del análisis integral de la demanda, no se advierte dato alguno que ponga de manifiesto o aporte algún indicio de que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional, pues la autoridad responsable que en su caso tendría que otorgarle las copias que solicita tiene su residencia en Ciudad de México, y el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número ******, el cual también se encuentra fuera de esta jurisdicción. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado en su caso deberá tener ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal por razón de territorio. Sobre lo expuesto, por las razones que la informan, sirve de apoyo por identidad jurídica la tesis II.1o.P.152 P, publicada en la página 1925 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, Tomo XXXII, Materia Penal, Noventa Época, número de registro 164371, que establece: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto..." Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.." Así como la Tesis I.9o.P.205 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2648, con registro digital 2017485, con rubro y texto siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN EL AMPARO SE RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE EXPEDIRLAS (ACTO NEGATIVO), Y SE ADVIERTE QUE ÉSTE DECLINÓ SU COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO A OTRA DE DIVERSA ENTIDAD FEDERATIVA Y ATENTO A QUE ES FACTIBLE CONSIDERAR QUE EL ACTO RECLAMADO TIENE EFECTOS POSITIVOS SI SE OTORGA EL AMPARO SOLICITADO, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE PUEDA MATERIALIZARSE DICHO ACTO. La negativa a expedir copias certificadas en una averiguación previa, en sí misma es un acto negativo, por lo que es factible considerar que dicha omisión tiene efectos positivos si se otorga el amparo solicitado, pues la consecuencia de la protección constitucional citada, implicaría la expedición material de copias de las constancias que fueron remitidas por la autoridad ministerial original (residencia en la Ciudad de México) a diversa autoridad (Estado de México), pues de no ponderar esa circunstancia, se traduciría en constreñir a la primera autoridad a ejecutar una acción de la cual materialmente estaría imposibilitada a cumplir, finalidad que contravendría el ulterior objetivo del juicio de amparo, esto es, reparar la infracción cometida antes de la promoción del juicio constitucional. Además, no tener en cuenta los efectos positivos de la hipotética protección constitucional, trastocaría los derechos del quejoso, al impedir establecer su estrategia legal en el asunto; de ahí que, en este caso, la competencia para conocer de la demanda se surta a favor del Juez de Distrito del lugar donde pueda materializarse el acto reclamado." Y la tesis I.5o.P.16 P del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1105, con registro digital 189767, cuyo rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA NEGATIVA A EXPEDIR COPIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. Cuando un indiciado al promover demanda de amparo señala como acto reclamado la negativa a expedir copias de la averiguación previa, aun cuando se trata de un acto formalmente administrativo, al ser emitido por el Ministerio Público, su naturaleza intrínseca es penal y conforme al artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entraña el análisis de preceptos de esa materia que protegen derechos del quejoso, por lo que la competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia Penal y no Administrativa." En relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito declina la competencia para conocer de este asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se pretende ejecutar el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el lugar de su reclusión, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social Número ******. En ese sentido, toda vez que el referido centro carcelario se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la firmas electrónicas correspondientes, al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción, a efecto de notificar personalmente al quejoso de referencia este acuerdo. De igual modo, se faculta al Juez exhortado para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas inhábiles, en términos del último párrafo del ordinal 21 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal, solicitando respetuosamente que desahogue la solicitud encomendada, remitiendo la totalidad de la comunicación oficial únicamente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente por exhorto al directo quejoso. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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