Ernesto Emmanuel Romero Mondragón
Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2022
Partes del expediente
- Ernesto Emmanuel Romero Mondragón
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del Artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción. Asimismo, dado que en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; quien a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 954/2021-V. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Y en ese sentido, debe puntualizarse que el quejoso, en el capítulo denominado "IV.- ACTO RECLAMADO" hace consistir como acto reclamado de la autoridad ordenadora "La infundada e inmotivada formulación de imputación que se pretende realizar a su persona señalada para el siete de octubre de dos mil veintiuno, por parte del C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ante el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo Estado de México". Luego, del apartado antes mencionado en lo que concierne a la autoridad ejecutora, expresa: ".La ejecución ante la presencia, de la infundada e inmotivada formulación de imputación que se pretende realizar a su persona el siete de octubre de dos mil veintiuno, por parte del C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ante el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México." Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión del quejoso está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La orden de citación para formulación de imputación programada para el siete de octubre de dos mil veintiuno, en los autos que conforman la causa penal 603/2021. Tan es así que en los hechos que narra en el apartado de antecedentes, en el concepto de violación que hace valer y en los efectos para los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, van encaminados a reclamar el acto antes descrito. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: La orden de citación para formulación de imputación programada para el siete de octubre de dos mil veintiuno, en los autos que conforman la causa penal 603/2021. Ahora bien, respecto de dicho acto, este juzgador advierte que el juicio intentado es improcedente en razón de que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la hipótesis establecida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Precepto legal que guarda vinculación con el diverso numeral 5º, de la propia Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral (sea de naturaleza jurídica o patrimonial) siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. En el caso, el quejoso se duele de la citación para la audiencia de formulación de imputación reclamada; sin embargo, dicho acto, no le genera afectación y, por tanto, de ningún modo produce un interés jurídico o legítimo para asistir al juicio de garantías en reclamo del mismo. Para arribar a tal conclusión, al respecto conviene tener presente que, la citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas, a decir: I. La de investigación, que a su vez, se compone de las fases de: investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por lo que, en la especie, la etapa que interesa destacar, es la de investigación inicial, que es la que comprende al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulará imputación. Así, tenemos que el contenido de los diversos artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial, con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente, en caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Por su parte, el numeral 141, fracción I, de la aludida codificación, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al diverso 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: I. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no éstos no se le hubieren informado con antelación. II. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. III. Se formulará la imputación. IV. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. V. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. VI. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consistente en el acuerdo que ordena la citación a la audiencia inicial, constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es que dicha citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del aquí quejoso, ya que tanto el trámite, como el auto que ordena su citación, no han ocasionado alguna afectación en sus prerrogativas, como es el derecho a la libertad o algún otro. Lo anterior es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el Juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado (aquí quejoso), aunque le causa una molestia comparecer ante el juez de control señalado como responsable, en realidad no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le conculca derecho alguno. ******************* "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, en relación con la fracción XII, del artículo 61, y 5º fracción I, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Ernesto Emmanuel Romero Mondragón, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad. Ahora, en virtud de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registró del usuario "MAYABECERRIL|", por lo tanto, con apoyo en el numeral 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones que deriven del presente asunto vía electrónica, en virtud de que así fue solicitado. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Alberto Estrada Malacón, Miguel Ángel Carrillo Pérez y Flavio Camacho Barrera, por contar con el registro electrónico de su cédula profesional; y en términos del artículo 24 de la referida ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que cita, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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