Ernesto Santarosa Banda
Expediente 460/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto Santarosa Banda
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera DESTRUIBLE de conformidad con el diverso artículo 20, fracción IV, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá procederse a su destrucción. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez 68 Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno electrónico de este juzgado bajo el número 460/2023-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La causal transcrita alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en función de que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos individuales quebrantados en perjuicio de los quejosos. Esto es, conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano vulnerada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: El llamamiento a las diligencias ******************** ********************, de la estadística del Juzgado 68 Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México y, como consecuencia, todo lo actuado dentro de ese procedimiento. De igual forma, es necesario apuntar que de los artículos 893 y 896 del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas, así como que si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria, se reservará el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda. Con base en lo expuesto, puede definirse que la jurisdicción voluntaria son las actuaciones practicadas por la autoridad judicial a solicitud de persona interesada, ya sea porque esta última motu proprio considere necesaria la intervención del Tribunal (atípicas) o cuando la ley así lo exige para que ésta verifique la existencia o el cumplimiento de ciertos hechos o actos y, una vez satisfechos, produzcan el resultado previsto por la hipótesis normativa (típicas), sin que el juez ejercite su facultad jurisdiccional debido a que no se plantea controversia alguna. Serán típicas, cuando la ley exige la intervención de la autoridad judicial para que verifique la existencia o el cumplimiento de ciertos hechos o actos y, una vez realizado, se produzcan los resultados previstos en la hipótesis normativa, verbigracia, adopción, nombramiento de tutores, apeo y deslinde, etcétera. Les reviste la calidad de atípicas, cuando los interesados consideran necesaria la intervención del Tribunal para que realice alguna actuación en la que no existe controversia y cuyo procedimiento no está regulado específicamente por la legislación, a manera de ejemplo, notificaciones, certificaciones de documentos, ratificación de firmas, etcétera. Con base en lo anterior, se puede establecer que las diligencias ******************** son aquellas actuaciones en las que la intervención del juez acontece por disposición legal o a solicitud de los interesados, a condición de que no esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, lo que excluye la posibilidad de que con motivo de éstas se formule algún requerimiento para que en contra de quien se dirigen satisfaga la obligación con la que se vincula. De ahí que si se opone parte legítima ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, de contienda entre partes. Así, al oponerse parte legítima, el procedimiento abierto en la vía ******************** debe concluir al tomar las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora; razón por la cual "se reservará el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda", es decir, se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, no así a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador refirió en el artículo 896 que se reservará el derecho al opositor para que los haga valer en la vía y forma en que corresponda, mas no a que el procedimiento ******************** continuará, transformado en contencioso y, por otro lado, el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento ******************** en un procedimiento contencioso. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 117/2010, localizable en la página 228, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del mencionado medio de difusión oficial, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).", ya que consideró que las resoluciones que recaen a la jurisdicción voluntaria no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, pues su característica primordial es la ausencia de controversia, o de parte contendiente. De ahí que, si estando ya promovidas las diligencias ******************** se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento ******************** se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento ******************** se presentó oposición de parte legítima, en la inteligencia que el juez que conozca de ese procedimiento no tiene que valorar ni pronunciarse respecto de si la oposición presentada es o no fundada, pues basta que sea planteada por parte legítima para que se den por concluidas las diligencias. Bajo ese contexto legal, el suscrito considera que cuando en la jurisdicción voluntaria no se cite conforme a la ley a los interesados o se omita llamarlos, el amparo promovido por alguno de ellos, sustentado en la pretensión de que les sea conferido el derecho a ser oídos en la audiencia, a ningún efecto práctico llevaría otorgar la concesión solicitada porque, de cualquier manera, la jurisdicción voluntaria no trae aparejada condena alguna ni reconocimiento de derechos y, por ende, la parte que pretende oponerse dentro de la jurisdicción voluntaria, tiene expedito su derecho a instar la vía contenciosa. Por ello, se estima que de concederse la oportunidad al aquí quejoso de ser oído en el procedimiento con la finalidad de verter su oposición, la consecuencia que traería aparejada, de ser parte legítima, radicaría en dar por concluida la jurisdicción voluntaria para que, en su caso, intente su pretensión mediante juicio; prerrogativa que seguirá teniendo aún en el supuesto de que ya se haya emitido decisión en la jurisdicción voluntaria. Y es que no debe perderse de vista que lo notificado al ahora quejoso y que fue objeto de las diligencia ********************, de ningún modo es constitutivo de derechos, sino sus efectos son meramente declarativos como quedó precisado en acápites que anteceden. De ahí que no se prive a la parte quejosa en sus bienes, derecho y posesiones, pues se insiste, con motivo de lo determinado en las diligencias ******************** de origen, no se constituyó derecho alguno a favor de la promovente, en tanto que ello sucedió en diverso procedimiento de índole judicial. Similar criterio sustentaron: - El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en sesión de cinco de marzo de dos mil quince, al resolver el amparo en revisión ********************, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional; y, - El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince, al resolver el amparo en revisión civil ********************, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ******************** de la estadística de este órgano federal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, al contar con cédula profesional 1*************** registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez 68 Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno electrónico de este juzgado bajo el número 460/2023-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La causal transcrita alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en función de que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos individuales quebrantados en perjuicio de los quejosos. Esto es, conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano vulnerada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: El llamamiento a las diligencias ******************** ********************, de la estadística del Juzgado 68 Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México y, como consecuencia, todo lo actuado dentro de ese procedimiento. De igual forma, es necesario apuntar que de los artículos 893 y 896 del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas, así como que si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria, se reservará el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda. Con base en lo expuesto, puede definirse que la jurisdicción voluntaria son las actuaciones practicadas por la autoridad judicial a solicitud de persona interesada, ya sea porque esta última motu proprio considere necesaria la intervención del Tribunal (atípicas) o cuando la ley así lo exige para que ésta verifique la existencia o el cumplimiento de ciertos hechos o actos y, una vez satisfechos, produzcan el resultado previsto por la hipótesis normativa (típicas), sin que el juez ejercite su facultad jurisdiccional debido a que no se plantea controversia alguna. Serán típicas, cuando la ley exige la intervención de la autoridad judicial para que verifique la existencia o el cumplimiento de ciertos hechos o actos y, una vez realizado, se produzcan los resultados previstos en la hipótesis normativa, verbigracia, adopción, nombramiento de tutores, apeo y deslinde, etcétera. Les reviste la calidad de atípicas, cuando los interesados consideran necesaria la intervención del Tribunal para que realice alguna actuación en la que no existe controversia y cuyo procedimiento no está regulado específicamente por la legislación, a manera de ejemplo, notificaciones, certificaciones de documentos, ratificación de firmas, etcétera. Con base en lo anterior, se puede establecer que las diligencias ******************** son aquellas actuaciones en las que la intervención del juez acontece por disposición legal o a solicitud de los interesados, a condición de que no esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, lo que excluye la posibilidad de que con motivo de éstas se formule algún requerimiento para que en contra de quien se dirigen satisfaga la obligación con la que se vincula. De ahí que si se opone parte legítima ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, de contienda entre partes. Así, al oponerse parte legítima, el procedimiento abierto en la vía ******************** debe concluir al tomar las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora; razón por la cual "se reservará el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda", es decir, se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, no así a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador refirió en el artículo 896 que se reservará el derecho al opositor para que los haga valer en la vía y forma en que corresponda, mas no a que el procedimiento ******************** continuará, transformado en contencioso y, por otro lado, el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento ******************** en un procedimiento contencioso. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 117/2010, localizable en la página 228, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del mencionado medio de difusión oficial, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).", ya que consideró que las resoluciones que recaen a la jurisdicción voluntaria no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, pues su característica primordial es la ausencia de controversia, o de parte contendiente. De ahí que, si estando ya promovidas las diligencias ******************** se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento ******************** se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento ******************** se presentó oposición de parte legítima, en la inteligencia que el juez que conozca de ese procedimiento no tiene que valorar ni pronunciarse respecto de si la oposición presentada es o no fundada, pues basta que sea planteada por parte legítima para que se den por concluidas las diligencias. Bajo ese contexto legal, el suscrito considera que cuando en la jurisdicción voluntaria no se cite conforme a la ley a los interesados o se omita llamarlos, el amparo promovido por alguno de ellos, sustentado en la pretensión de que les sea conferido el derecho a ser oídos en la audiencia, a ningún efecto práctico llevaría otorgar la concesión solicitada porque, de cualquier manera, la jurisdicción voluntaria no trae aparejada condena alguna ni reconocimiento de derechos y, por ende, la parte que pretende oponerse dentro de la jurisdicción voluntaria, tiene expedito su derecho a instar la vía contenciosa. Por ello, se estima que de concederse la oportunidad al aquí quejoso de ser oído en el procedimiento con la finalidad de verter su oposición, la consecuencia que traería aparejada, de ser parte legítima, radicaría en dar por concluida la jurisdicción voluntaria para que, en su caso, intente su pretensión mediante juicio; prerrogativa que seguirá teniendo aún en el supuesto de que ya se haya emitido decisión en la jurisdicción voluntaria. Y es que no debe perderse de vista que lo notificado al ahora quejoso y que fue objeto de las diligencia ********************, de ningún modo es constitutivo de derechos, sino sus efectos son meramente declarativos como quedó precisado en acápites que anteceden. De ahí que no se prive a la parte quejosa en sus bienes, derecho y posesiones, pues se insiste, con motivo de lo determinado en las diligencias ******************** de origen, no se constituyó derecho alguno a favor de la promovente, en tanto que ello sucedió en diverso procedimiento de índole judicial. Similar criterio sustentaron: - El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en sesión de cinco de marzo de dos mil quince, al resolver el amparo en revisión ********************, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este órgano jurisdiccional; y, - El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince, al resolver el amparo en revisión civil ********************, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ******************** de la estadística de este órgano federal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, al contar con cédula profesional 1*************** registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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