Ernesto Ríos Álvarez y Otros.
Expediente 172/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto Ríos Álvarez y Otros.
- Ernesto Ríos Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó desechar el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso********************en su carácter de representante legal de la menor de edad de iniciales ********************, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de uno de marzo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la prevención. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De la literalidad del artículo precedente, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe destacar que en la materia civil la cesación de efectos opera de manera distinta a como sucede en materia administrativa, dado que en un juicio civil la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal, ya que todo juicio se conforma con una serie de actos procesales, concatena e íntimamente relaciona entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y el sustento para la emisión de otro posterior. Ciertamente, algunos de dichos actos son trascendentales para la adecuada prosecución del procedimiento, pues sin su emisión, no sería dable la sustanciación y culminación del juicio; algunos otros actos no son de trascendencia elemental porque están desvincula de las etapas procesales que marcan el desarrollo del juicio. Así, cada acto procesal constituye la base fundamental sin la cual no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Esa serie concatenada y lógica de actos es lo que constituye al juicio, donde un acto es consecuencia y sustituto de otro, y así lo concibió el legislador, quien previó que para la impugnación de determinado acto jurídico dictado dentro del proceso, se le concede a la parte a quien le afecte un término máximo, de tal forma que una vez transcurrido, se pierde el derecho de hacerlo; tal previsión constituye una forma de obtener el desarrollo normal de un juicio apegado a la legalidad, paso a paso. Entonces, la cesación de efectos opera en materia civil cuando se emita una resolución que sustituye a la dictada con antelación. Se sostiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque de los antecedentes del acto reclamado, así como de las constancias que exhibió el promovente del amparo, se advierte, en lo que interesa, que: En etapa de ejecución de sentencia dentro del juicio ******************** ********************de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, ********************-quejoso- promovió incidente de ejecución de actualización de pensión alimenticia y su cuantificación. El siete de febrero de dos mil veintitrés, se desahogó la audiencia en el referido incidente y el catorce siguiente se resolvió el mismo -acto reclamado-. Contra la determinación anterior la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue desechado por el a quo en auto de veintidós de febrero del presente año, al estimar que se presentó de forma extemporánea. Con motivo de lo anterior, el promovente del amparo interpuso recurso de denegada apelación, mismo que se tuvo por no interpuesto en auto de dos del presente mes y año, al considerar el juez de origen que no se enlistaron las constancias para formar el testimonio que se debía remitir al Tribunal de Alzada. De lo la narrativa anterior, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la audiencia de juicio incidental de siete de febrero del año en curso, así como la resolución interlocutoria de ******************** siguiente, ya que conforme al artículo 855 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, la audiencia de juicio comprende el desahogo de pruebas, alegatos y la sentencia, al tramitarse el incidente conforme a las disposiciones comunes para el procedimiento oral especial, en términos del numeral 816 de la legislación en comento. Audiencia y resolución que emitió el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio ******************** de su estadística, que dirimió el ********************.********************Sin embargo, la audiencia de juicio reclamada fue sustituida procesalmente por la resolución de ********************, que no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en su contra. Lo anterior se afirma, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 83/2012, determinó que el desechamiento del recurso -idóneo- y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. Ello, porque si la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación, implica dejar firme la sentencia recurrida, pues incluso se asemeja en sus efectos a los de una sentencia que, cuando resuelve tal recurso lo declara infundado y confirma la de primera instancia; una resolución impugnada sí queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. De ahí que, al quedar sustituida procesalmente la resolución impugnada en virtud de la determinación que desechó el recurso de apelación -idóneo-, debe considerarse que deja de tener efectos legales propios.********************Por ello, la audiencia de juicio incidental de ********************, así como la resolución interlocutoria de ******************** siguiente, emitidas por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio ******************** de su estadística, que dirimió el ********************, ya no puede ser materia de examen en el presente juicio constitucional, al haber sido sustituida por la resolución de ********************, que no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en su contra. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Agrégüese en autos el escrito signado por el quejoso********************en su carácter de representante legal de la menor de edad de iniciales ********************, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de uno de marzo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la prevención. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De la literalidad del artículo precedente, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe destacar que en la materia civil la cesación de efectos opera de manera distinta a como sucede en materia administrativa, dado que en un juicio civil la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal, ya que todo juicio se conforma con una serie de actos procesales, concatena e íntimamente relaciona entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y el sustento para la emisión de otro posterior. Ciertamente, algunos de dichos actos son trascendentales para la adecuada prosecución del procedimiento, pues sin su emisión, no sería dable la sustanciación y culminación del juicio; algunos otros actos no son de trascendencia elemental porque están desvincula de las etapas procesales que marcan el desarrollo del juicio. Así, cada acto procesal constituye la base fundamental sin la cual no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Esa serie concatenada y lógica de actos es lo que constituye al juicio, donde un acto es consecuencia y sustituto de otro, y así lo concibió el legislador, quien previó que para la impugnación de determinado acto jurídico dictado dentro del proceso, se le concede a la parte a quien le afecte un término máximo, de tal forma que una vez transcurrido, se pierde el derecho de hacerlo; tal previsión constituye una forma de obtener el desarrollo normal de un juicio apegado a la legalidad, paso a paso. Entonces, la cesación de efectos opera en materia civil cuando se emita una resolución que sustituye a la dictada con antelación. Se sostiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque de los antecedentes del acto reclamado, así como de las constancias que exhibió el promovente del amparo, se advierte, en lo que interesa, que: En etapa de ejecución de sentencia dentro del juicio ******************** ********************de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, ********************-quejoso- promovió incidente de ejecución de actualización de pensión alimenticia y su cuantificación. El siete de febrero de dos mil veintitrés, se desahogó la audiencia en el referido incidente y el catorce siguiente se resolvió el mismo -acto reclamado-. Contra la determinación anterior la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue desechado por el a quo en auto de veintidós de febrero del presente año, al estimar que se presentó de forma extemporánea. Con motivo de lo anterior, el promovente del amparo interpuso recurso de denegada apelación, mismo que se tuvo por no interpuesto en auto de dos del presente mes y año, al considerar el juez de origen que no se enlistaron las constancias para formar el testimonio que se debía remitir al Tribunal de Alzada. De lo la narrativa anterior, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la audiencia de juicio incidental de siete de febrero del año en curso, así como la resolución interlocutoria de ******************** siguiente, ya que conforme al artículo 855 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, la audiencia de juicio comprende el desahogo de pruebas, alegatos y la sentencia, al tramitarse el incidente conforme a las disposiciones comunes para el procedimiento oral especial, en términos del numeral 816 de la legislación en comento. Audiencia y resolución que emitió el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio ******************** de su estadística, que dirimió el ********************.********************Sin embargo, la audiencia de juicio reclamada fue sustituida procesalmente por la resolución de ********************, que no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en su contra. Lo anterior se afirma, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 83/2012, determinó que el desechamiento del recurso -idóneo- y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. Ello, porque si la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación, implica dejar firme la sentencia recurrida, pues incluso se asemeja en sus efectos a los de una sentencia que, cuando resuelve tal recurso lo declara infundado y confirma la de primera instancia; una resolución impugnada sí queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. De ahí que, al quedar sustituida procesalmente la resolución impugnada en virtud de la determinación que desechó el recurso de apelación -idóneo-, debe considerarse que deja de tener efectos legales propios.********************Por ello, la audiencia de juicio incidental de ********************, así como la resolución interlocutoria de ******************** siguiente, emitidas por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio ******************** de su estadística, que dirimió el ********************, ya no puede ser materia de examen en el presente juicio constitucional, al haber sido sustituida por la resolución de ********************, que no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en su contra. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *****************, quien aduce ser representante legal de la menor de edad de iniciales G.R.M., contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 172/2023-V. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones I y V, de la ley de la materia, como se verá a continuación: A) La fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta establece: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, ************* manifestó en el proemio de la demanda de amparo que acude a esta instancia constitucional en representación de su menor hija de iniciales G.R.M.; empero, ningún documento adjuntó para acreditar dicho presupuesto, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. Entonces, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda, como se estatuye en la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." B) La fracción V del artículo 108 ley de la materia que dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que si bien es cierto que el promovente del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente narró algunos antecedentes del acto, también lo es que omitió precisar: Cuándo se dictó la sentencia interlocutoria en el "incidente de cuantificación de pensiones vencidas" que promovió en el juicio ************ de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Cuál fue el sentido de dicha resolución; y, Si en contra de la resolución interlocutoria interpuso el recurso de apelación. Luego, como dichos datos resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, dado que su omisión torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer a detalle los hechos que anteceden al acto reclamado, se estima necesario que los precise a fin establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I y V, en relación con el 114, fracciones II y III, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con cuatro copias para correr traslado a cada una de las partes: Acredite con documento fehaciente el carácter de representante legal de su menor hija de iniciales G.R.M. Manifieste bajo protesta de decir verdad: Cuándo fue dictada la sentencia interlocutoria en el "incidente de cuantificación de pensiones vencidas" promovido dentro del juicio F2399/2016 de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Cuál fue el sentido de dicha resolución, debiendo allegar copia de la misma; y, Si en contra de la resolución interlocutoria en mención interpuso recurso de apelación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114, último párrafo, de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al contar con cédulas profesionales *************** respectivamente registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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