Ernesto Morales Herrera
Expediente 593/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ernesto Morales Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo para recurrir el auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL MISMO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. 4. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción II), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Calificación del original del incidente de suspensión. Por otra parte, por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es CONSERVABLE, en virtud de que se ubica en lo establecido en el artículo 17, fracción III), inciso b) del Acuerdo General antes aludido, toda vez que se concedió la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, para efectos de su conservación, se determina que el incidente de suspensión debe permanecer por separado del presente juicio. En consecuencia, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, se ordena depurar el incidente de suspensión en los términos ahí precisados. 9. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónica Autoridad responsable Oficio Fiscal Federal adscrita Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, en ese sentido, remite la impresión digital del comprobante correspondiente a la segunda quince de mayo de dos mil veintitrés, del que se advierte el pago de todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho el quejoso en su calidad de pensionado. En consecuencia con el oficio y anexo de cuenta, se ordena dar vista a la parte quejosa. 2. Estado procesal de autos. Ahora, se advierte que el peticionario de amparo **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mismos que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- La retención del pago de mi pensión y demás prestaciones que nacen junto con esta, con son el aguinaldo, gratificación especial a burócratas pensionados, previsión social, etc." En consecuencia, esta Juzgadora federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. Se corrobora lo anterior porque, de las constancias que adjunta la autoridad responsable en esta data, propiamente del oficio 207C0401520101L/dP/6681/2023, de nueve de junio de dos mil veintitrés, se obtiene que se ordenó el pago total de la pensión a favor del quejoso **********, así como de todas y cada una de la prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionado; además anexa el comprobante de pago donde acredita su dicho. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos con motivo de que el nueve de junio de dos mil veintitrés, se ordenó el pago total de la pensión a favor del quejoso **********, así como de todas y cada una de la prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionado; actuación que se corrobora con el comprobante de pago, pues la pretensión de la parte quejosa fue satisfecha y, con ello, restituido en el pleno goce de sus derechos como si se hubiera concedido el amparo. En ese sentido, la responsable hizo cesar los actos que dieron origen a este amparo, habida cuenta que esa nueva situación restituyó de manera total e incondicional a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó vulnerado; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó, lógico es que, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." Por lo que, es procedente sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Acceso a la justicia. El hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto por cuanto hace a las autoridades de referencia, en el caso, no constituye una decisión que haya tenido como consecuencia que se niegue el acceso a la justicia a la parte quejosa, ni tampoco que se haya dejado de aplicar lo previsto en los artículos 133 de la Constitución Federal, 2.1, a), 26 y 27.1, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios contenidos en la jurisprudencia nacional. Ello, debido a que el derecho de acceso a la justicia no implica necesariamente que se deba otorgar la razón a las pretensiones que se presentan ante el órgano jurisdiccional, sino únicamente implica que se le permita acceder a la jurisdicción, cumpliéndose con las formalidades en el juicio, tal como aconteció en el presente caso. Aunado a lo anterior, si bien la parte inconforme tiene a su favor el "acceder a un recurso sencillo y rápido que se resuelva en un plazo razonable"; ello, de ninguna manera significa que adquiere un derecho para poder soslayar los diversos requisitos procesales que se deben satisfacer. Esto es, la circunstancia de que se tenga a su favor el derecho de acceso a la impartición de justicia, no implica ni tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, como en el caso ocurre respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado, pues se deben observar los requisitos necesarios y satisfacerse éstos, para que el mismo sea procedente. Además, el estimar lo contrario, esto es que no deben respetarse los presupuestos procesales y que siempre debe resolverse el fondo de la cuestión planteada, en el caso equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicable en el caso, por identidad de razón la jurisprudencia 1a. /J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA"1 . Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridad responsable Oficio Fiscal Federal adscrito Oficio
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado, con el cual dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la tesis XXI.2º.16 K, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN."1 . En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, se aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. 2. Delegados y Domicilio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de los correos electrónicos que refiere, dígasele a la autoridad oficiante que, no ha lugar a autorizar dichos medios de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. 3. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula 1 1 Visible en el Tomo XIII, Abril de 2001, página 1081, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 189948. la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la citada responsable se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través de los usuarios "ce_joseluis.valle.lechuga" e "IvanMonje", vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuarios "ce_jose-luis.valle.lechuga" e "IvanMonje" En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de junio de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el escrito signado por **********, autorizado en términos amplios por la parte quejosa, por medio del cual, manifiesta que la autoridad responsable pagó al peticionario de amparo Ernesto Morales Herrera, íntegramente las quincenas pensionarias, incluyendo las cantidades retroactivas y exhibe copia simple de talón de pago para acreditar su dicho. En consecuencia, ténganse por realizadas las manifestaciones vertidas por el promovente en su libelo, lo anterior para los efectos legales procedentes. Ahora bien, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda respecto a las manifestaciones desplegadas por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que acrediten el pago de las quincenas pensionarias, incluyendo las cantidades retroactivas al quejoso Ernesto Morales Herrera. Lo anterior, en la inteligencia de que, si la autoridad responsable omite dar cabal cumplimiento al presente mandato judicial, se hará efectivo el apercibimiento con que fue conminado en auto admisorio y se hará efectiva la multa equivalente a treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, con la finalidad de que la presente determinación sea cumplida en sus términos, requiérase a la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, realice lo siguiente: 2. Remita en sobre cerrado a este órgano jurisdiccional los datos personales del servidor público que desempeña el cargo de Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), a saber, nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio fiscal. En ese contexto, se apercibe a la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que de no dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en tiempo y forma, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Lista
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