Ernesto Gerardo Boehringer Lugo
Expediente 427/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ernesto Gerardo Boehringer Lugo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Por recibido el exhorto 219/2021 orden 229/2021 del índice de este juzgado, debidamente diligenciado por la actuaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual se solicitó le notificaran a los quejosos el proveído de diecinueve de mayo de los corrientes. Sin que exista necesidad de acusar de recibo, toda vez que el mismo fue enviado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y dicho sistema genera el acuse correspondiente. De la comunicación que se devuelve, se advierte que los quejosos fueron notificados del auto de diecinueve de mayo de los corrientes el diecisiete del mes y año en curso. Por lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ernesto Gerardo Behringer y Alonso David Villarreal de los SantosErnesto Gerardo Boehringer Lugo; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Devolución de documentos. Tomando en consideración lo anterior, y toda vez que la parte quejosa, exhibió documentos originales como anexo a su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran así contemplados en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, requiérasele para que dentro el termino de noventa días comparezca a recoger dichos documentos, mismos que se entregaran cuando las labores lo permitan y de acuerdo a la organización de este órgano jurisdiccional, conforme a los horarios habituales ya establecidos, previo acuerdo con la secretaría correspondiente; apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese....MESA 7
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Se solicita a homólogo informe estado de comunicación oficial Vista la papeleta de turno consultada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el exhorto 219/2021, orden 229/2021, que contiene inserto el auto de diecinueve de mayo del año en curso, a través del cual se solicitó notificar a la parte quejosa Ernesto Gerardo Behringer y Alonso David Villarreal de los Santos, fue turnado al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; en consecuencia, solicítese de la manera más atenta al homólogo federal informe el estado en que se encuentra la comunicación oficial en cita, a fin de tener certeza de la debida integración del expediente en que se actúa, o bien, realizar las gestiones que sean necesarias al efecto. NOTIFÍQUESE....MESA 7
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por Ernesto Gerardo Behringer y Alonso David Villarreal de los Santos, por su propio derecho, contra actos que reclaman del Director General de Minas y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 427/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechara de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, los quejosos debieron agotar el medio ordinario de defensa respectivo, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Lo anterior es así, toda vez que los quejosos señalan como actos reclamados: "IV. ACTO RECLAMADO: Negativa de registro con el oficio número 610/01315, de fecha 23 de marzo 2021 emitido dentro del expediente número 396/2020 y que nos fue notificado el 22 de abril del 2021." En efecto, de la documental que los quejosos anexaron a la demanda de amparo consistente en el oficio No.610-01315/2021, emitido en el expediente 396/2020, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por la Subdirectora del Registro Público de Minería, en suplencia por ausencia del Director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, a su vez en suplencia por ausencia del Director General de Minas, a través del cual en relación a su petición formulada el nueve de diciembre pasado, en la que se solicitó al Registro Público de Minería, la inscripción del contrato de cesión de derechos, de doce de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual Jaime Chávez Pacheco y Leobardo Castruita Marín, ceden a favor de los quejosos los derechos derivados de la concesión minera denominada "CLAUDE" título 167872, ubicado en el municipio La Colorada, Estado de Sonora, les informa que al realizar una búsqueda en los archivos de esa institución bajo el acta 01, del volumen 44, del libro de actos, contratos y convenios mineros, se llevó a cabo la cancelación de la inscripción de la adjudicación por remate laboral, que se había hecho a favor de los trabajadores actores Jaime Chávez Pacheco y Leobardo Castruita Marín (acta 211, volumen 35, libro de actos, contratos y convenios mineros), en estricto cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión del juicio de amparo 984/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, promovido por Anaconda Ventures, sociedad anónima de capital variable; por tanto, con sustento en los artículo 46, fracción VI y 47 de la Ley Minera, en correlación con el último párrafo del artículo 85 del Reglamento de la Ley Minera, no era procedente su solicitud de inscripción, por no cumplir con todos y cada uno de los requisitos y condiciones que establece la Ley Minera y su Reglamento; ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, del Reglamento de la Ley Minera, en relación con el numeral 83, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en contra de dicho acto procede el recurso de revisión, lo que hace improcedente del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, quien esto juzga considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Lo anterior es así, ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé al gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad que no sea tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Supuesto que acontece en el presente caso, toda vez que las autoridades señaladas como responsables son el Director General de Minas, el Director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros y la Subdirectora del Registro Público de Minería, los cuales no tienen el carácter de tribunal administrativo. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, opera para los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales puedan ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o procedan contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal con los cuales puedan ser modificados, revocados o anulados, con ello se da oportunidad al gobernado para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja la gobernada. Luego, toda vez que el artículo 108 del Reglamento de la Ley Minera, determina que el acto reclamado es recurrible a través del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 83, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 108.- Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría con motivo de la aplicación de la Ley y este Reglamento procede el recurso de revisión, el cual se substanciará en los términos y condiciones establecidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la resolución del recurso, la Secretaría deberá proceder, en su caso, a expedir el título de concesión por lo solicitado o por la porción de terreno que resulte libre, o bien, efectuará las correcciones conducentes en el título respectivo, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones administrativas que procedan." "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." No es óbice para este juzgador, que aún y cuando la quejosa manifiesta que se transgrede directamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cierto es que el acto de autoridad que por esta vía se intenta combatir, implica cuestiones de legalidad que pueden ser combatidas a través de los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado, tal y como quedó señalado en párrafos que preceden, por lo tanto, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes. En consecuencia, la emisión del oficio a través del cual se dio contestación a su petición, al tratarse de un acto administrativo que se reclama a una autoridad administrativa federal, es susceptible de ser combatido a través del recurso de revisión ante la propia autoridad responsable; entonces, es inconcuso que los promoventes no cumplieron con el principio de definitividad ya citado, en atención a que dicho acto reclamado era susceptible de confirmarse, modificarse o revocarse a través de dichas instancias. En las relatadas condiciones, si los promoventes se abstuvieron de agotar dichos medios antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotaron el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al omitir los quejosos, agotar el recurso idóneo. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia XX. J/1, visible a foja 94, Tomo I, Abril de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Igualmente apoyo lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, visible a fojas 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, visible en la página 678, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin que se deje de observar la circunstancia de que existen excepciones al principio de definitividad a que se ha hecho alusión con anterioridad, pues el mismo no aplica cuando conforme a las mismas leyes que rijan el acto reclamado para suspender la ejecución del mismo, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; asimismo, cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación y motivación del acto reclamado, o cuando se alegue violación directa a la Constitución. En efecto, la quejosa, hizo valer tanto cuestiones de legalidad, como de constitucionalidad en la demanda de amparo, por lo que, no existe la excepción al principio de definitividad pues sobre este tipo de excepción (cuando en la demanda se hacen valer únicamente violaciones directas a la constitución), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la constitución, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado tendrá oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. Lo anterior, pues sostuvo que la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Séptima Época, registro: 237480, página 119, del rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Luego, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no exigir mayores requisitos para suspender el acto reclamado en análisis, hace patente la obligación de agotar dicho medio de impugnación. En efecto, el artículo 87, de la citada legislación, dispone lo siguiente: "Artículo 87.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión." Por su parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Asimismo el diverso 132 del mismo cuerpo legal indica: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía". De lo que se colige que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no consigna mayores requisitos que la ley de la materia para suspender el acto reclamado, en virtud de que, como se ve, se prevén incluso menores requisitos para tal efecto. Esto, en virtud de que en los numerales de referencia, particularmente por cuanto hace al artículo 87, del ordenamiento legal invocado, únicamente se requiere que sea solicitado por el agraviado, y no exige forma especial para exhibir la garantía que en su caso llegase a requerírsele. Resulta aplicable el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada en la página 3185, tomo LXXXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "RECURSOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN DEL ACTO). Si el acto administrativo reclamado, debió combatirse mediante un recurso administrativo que otorga la suspensión de sus efectos, sin exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión definitiva, y no se agotó dicho recurso, la demanda de amparo es improcedente con arreglo de la fracción XV del artículo 73 de la ley citada". Por tanto, al no prever mayores requisitos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para la concesión de la suspensión de amparo, tal y como hace alusión el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver la contradicción de tesis 2/2015, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Dicho criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), visible en la página 2936 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registrada con el ordinal 2010436, del epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional". Asimismo, debe tomarse en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Dicho criterio es sintetizado, en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 con registro 193142 y 2a./J. 116/99 con registro 193141, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, de octubre de 1999, páginas 448 y 447, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Ernesto Gerardo Behringer y Alonso David Villarreal de los Santos. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la misma, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Además, no ha lugar a tener como forma de notificación los correos electrónicos y teléfono que señalan, pues no son considerados como una forma para notificar a las partes, ya que no son propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio ubicado en Eje Central, número trece, despacho 1207 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06000, y notifique la presente determinación a la parte quejosa. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el arti´culo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá´ ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Solicitando al homologo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este o´rgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así´ como el oficio por el cual ordene su devolución. Sin que resulte necesario que el o´rgano jurisdicción a quien se le encomienda la diligencia en cita, acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generara´ la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá´ conocimiento del o´rgano al que le corresponderá´ conocer del mismo. Se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas y personas que refiere la quejosa en su ocurso, los primeros hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Integración de las constancias de notificación al expediente electrónico. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 7
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