Ernesto Mendoza Córdoba

Expediente 692/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
692/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Mendoza Córdoba

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de septiembre de dos mil veintiuno.  Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado.  Existencia de documentos (no originales). No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentran catalogados como no originales; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve **********por su propio derecho, contra actos del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otras autoridades. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 692/2021-I. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Consideraciones previas: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados sustancialmente consisten: La falta de emplazamiento al juicio mercantil *******, y como consecuencia de ello, todos los actos realizados en la etapa de ejecución, específicamente, el embargo trabado sobre el predio denominado "Teteltitla", ubicado en la calle Diez de Junio sin número de la Primera Sección del municipio de San Antonio Cuaxomulco, Tlaxcala; la orden de remate y publicación de la convocatoria para la primera almoneda, ordenado en el referido juicio; la inscripción del embargo ordenado y ejecutado; así como la omisión de dar de baja el citado inmueble a nombre de Felipe Córdova Neria y/o J. Felipe Córdova Neria. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En el caso, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque la presentación de la demanda de amparo es extemporánea. Así es, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." En relación con esta causa de improcedencia es necesario recordar que de los artículos 17, 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los numerales se establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo excepciones, esto es, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años; cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Dicho plazo de quince días, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, en el presente caso, el quejoso expresa que tuvo conocimiento del acto reclamado el trece de agosto de dos mil veinte y lo confirmó con el certificado de inscripción que le fue expedido por la Directora de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, del que advirtió que el predio que dice es de su propiedad, se encontraba embargado dentro del juicio ejecutivo mercantil 680/2018; teniendo conocimiento desde ese momento, del Juez ante quien se tramita el citado expediente, y las partes contendientes; manifestación constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en el entendido de que en el juicio de derechos fundamentales es válido tomar en consideración la confesión de alguna de las partes, siempre que se haga de forma espontánea. Resulta ilustrativa al respecto, la tesis aislada 2a. XXXVI/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice ....PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES. TIPOLOGÍA Y NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTRUMENTO DE PRUEBA PROHIBIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. En el referido precepto se señala que en el juicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la relativa a la confesional por posiciones; en este sentido, la teleología de dicho precepto implica la intención del legislador en cuanto a prohibir la absolución de posiciones, con el objeto de provocar la aceptación de hechos imputados a las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo o sobre hechos propios del quejoso que el tercero interesado pretende desvirtuar mediante la respuesta a preguntas específicas. Bajo este contexto, el objeto de dicha restricción es que las partes en el juicio de amparo no se interroguen entre sí, en la inteligencia de que en el juicio de amparo no se prohíbe expresamente la confesional espontánea, como la derivada de manifestaciones que se presentan al rendirse el informe con justificación o tratándose del quejoso, precisiones sobre el acto reclamado, como puede ser la fecha en la que se hizo sabedor de éste. Luego, es dable establecer que si la parte quejosa reconoció que el trece de agosto de dos mil veinte, tuvo conocimiento del acto reclamado y el veintitrés de noviembre del citado año, lo confirmó con el certificado de inscripción que le fue expedido, por tanto el término de quince días con que contaba para presentar su demanda de amparo comenzó a transcurrir el veinticuatro de ese mes y año. Por tanto, al dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en que presentó su demanda de amparo, dicho término de quince días ha transcurrido en exceso, por lo que resulta inconcuso que dicha demanda se presentó de forma extemporanea, con lo que consintió tácitamente los actos que reclama. En las relatadas circunstancias, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ernesto Mendoza Córdoba. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, no se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la dirección que menciona por ser impreciso; en virtud de que no señala el número oficial. En ese sentido, con apoyo en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones, incluso aquéllas de carácter personal, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso por analogía la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que dice: ... NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Autorizado en términos restringidos. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones; en virtud de que no acreditan contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ( Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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