Ernesto Bernal Salazar
Expediente 109/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ernesto Bernal Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, como el promovente del amparo Ernesto Bernal Salazar, no recurrió el proveído de veintiocho de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para los efectos legales procedentes; archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, desglósense de los autos, el expediente 684/2014, del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que remitió como justificación a su informe, en virtud de ser innecesario que siga glosado a este juicio de amparo y previa razón que se deje en autos, devuélvase a su lugar de origen; solicitándose el acuse de recibo respectivo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito del promovente Ernesto Bernal Salazar, por derecho propio, atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención que se le formuló mediante proveído de fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Vista la demanda de amparo promovida por Ernesto Bernal Salazar, por derecho propio, en contra del acto reclamado al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, consistente en el acuerdo de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, dictado por la Jueza Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Santa Anita Huiloac, de esta Ciudad, en el juicio ordinario de usucapión 684/2014, mediante el cual se proveyó que no había lugar a tener por admitido el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, por haberse promovido de manera extemporánea. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, dictado por la Jueza Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Santa Anita Huiloac, de esta ciudad, en el juicio ordinario de usucapión 684/2014, mediante el cual se proveyó que no había lugar a tener por admitido el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, por haberse promovido de manera extemporánea; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Efectivamente, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en contra de las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia, visible en la página 252 del Tomo XI-Junio, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no esté controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". En ese orden de ideas, el artículo el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, establece lo siguiente: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de revocación en contra de los autos. Ahora bien, se dice que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia en cuestión, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso, consiste sustancialmente en el acuerdo de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, mediante el cual se proveyó que no había lugar a tener por admitido el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, por haberse promovido de manera extemporánea; sin embargo, en contra de dicho proveído procede el recurso de revocación en términos del artículo 504, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, a través del cual puede ser revocado, modificado o nulificado. Efectivamente, el impetrante de garantías no agotó el medio de defensa legal previsto por la ley ordinaria habida cuenta que para acudir al juicio de amparo, es necesario cumplir con el principio de definitividad que lo rige, ya que procede únicamente contra actos definitivos que no sean susceptibles de revocación, modificación o invalidación por algún recurso o medio de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, los siguientes criterios: La tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sujetas a estudio, de ahí que con fundamento en el artículo 113, de la propia Ley de Amparo, lo procedente será DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTUDIO. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
*** Agréguese el escrito del promovente Ernesto Bernal Salazar, por derecho propio, atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención que se le formuló mediante proveído de fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Vista la demanda de amparo promovida por Ernesto Bernal Salazar, por derecho propio, en contra del acto reclamado al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, consistente en el acuerdo de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, dictado por la Jueza Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Santa Anita Huiloac, de esta Ciudad, en el juicio ordinario de usucapión 684/2014, mediante el cual se proveyó que no había lugar a tener por admitido el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, por haberse promovido de manera extemporánea. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, dictado por la Jueza Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Santa Anita Huiloac, de esta ciudad, en el juicio ordinario de usucapión 684/2014, mediante el cual se proveyó que no había lugar a tener por admitido el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, por haberse promovido de manera extemporánea; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Efectivamente, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en contra de las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia, visible en la página 252 del Tomo XI-Junio, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no esté controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". En ese orden de ideas, el artículo el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, establece lo siguiente: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de revocación en contra de los autos. Ahora bien, se dice que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia en cuestión, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso, consiste sustancialmente en el acuerdo de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, mediante el cual se proveyó que no había lugar a tener por admitido el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, por haberse promovido de manera extemporánea; sin embargo, en contra de dicho proveído procede el recurso de revocación en términos del artículo 504, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, a través del cual puede ser revocado, modificado o nulificado. Efectivamente, el impetrante de garantías no agotó el medio de defensa legal previsto por la ley ordinaria habida cuenta que para acudir al juicio de amparo, es necesario cumplir con el principio de definitividad que lo rige, ya que procede únicamente contra actos definitivos que no sean susceptibles de revocación, modificación o invalidación por algún recurso o medio de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, los siguientes criterios: La tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sujetas a estudio, de ahí que con fundamento en el artículo 113, de la propia Ley de Amparo, lo procedente será DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTUDIO. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el que remite el original del amparo directo número D-75/2018, promovido por Ernesto Bernal Salazar, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; en virtud de haber declarado carecer de competencia legal para conocer del mismo, considerando que este Órgano Jurisdiccional es competente para su conocimiento, por los motivos que expone; acúsese el recibo correspondiente, para los efectos legales procedentes. Ahora, bien, vista la demanda de amparo promovida por Ernesto Bernal Salazar, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Fórmese expediente con el número que le corresponda, como lo es el 109/2018, y regístrese en el libro respectivo. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho proceda, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, cumpla con el requisito que exige el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente; esto es, deberá manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad; con apercibimiento que de no cumplir, dentro del término señalado, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 114, de la ley de la materia. Tiene aplicación al respecto la Tesis P./J.127/99, visible en la página 32, del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓJN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en avenida Emilio Sánchez Piedras, Unidad Habitacional INFONAVIT, Tlapancalco, colonia Loma Bonita, departamento tres, edificio marcado con el número ciento treinta y dos, y/o en el departamento número tres, del edificio ciento cinco, andador Popocatépetl, colonia San Rafael Atlixtac de Apizaco, Tlaxcala, y por autorizado en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo a Juan Javier Rodríguez Flores y Alberto Rodríguez Pérez, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Dada la voluminocidad del expediente que remitió la autoridad responsables, consistente en el expediente 684/2014, y para un mejor manejo y cuidado del mismo, se ordena formar por separado el cuaderno de pruebas. Finalmente, se hace saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, por lo que de conformidad con los artículos 8° y 61 del citado ordenamiento, tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente al promovente.
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