Ernesto Marquez Cardoso
Expediente 528/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ernesto Marquez Cardoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA ".... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a que se concedió y negó la medida cautelar provisional y se concedió y negó la definitiva, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando cuarto de la interlocutoria de seis de octubre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 528/2020; y, (.) , C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, reclamo: 1). El ilegal acuerdo y/o resolución de inicio del procedimiento administrativo por infracción al régimen disciplinario. 2). El ilegal acuerdo y/o resolución donde se decreta la medida cautelar de suspensión provisional como miembro del servicio sin goce de sueldo, dictada en el procedimiento administrativo instruido en mi contra. Del Fiscal General del Estado de Oaxaca, reclamo: La omisión: 1). Crear el Consejo Local de Profesionalización del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 2). Crear la Comisión Disciplinaria y de Permanencia del Consejo Encargada de Desahogar y resolver el procedimiento que se instaure a los miembros del Servicio por Incumplimiento a los requisitos de permanencia para efectos de su separación en el encargo, o por infracción al régimen disciplinario para efectos de la imposición de la sanción, entre ellas la remoción. 3). Crear un Plan de Implementación Gradual del Consejo Local de Profesionalización del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General. Del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, reclamó: 1). La falta de pago de mi sueldo como elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con motivo de la medida cautelar de suspensión provisional dictada dentro del expediente 305/VIS.GRAL./2020 ACUMULADO 306/VIS.GRAL./2020". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, la autoridad responsable, Fiscal General del Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, pues adjuntó a su informe justificado, copia certificada de la implementación gradual del servicio profesional de carrera, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el treinta y uno de enero de dos mil veinte; del que se advierte que el diecisiete de diciembre de dos mil quince, se llevó acabo la primera sesión ordinaria del Consejo Local de Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y comenzó el ejercicio de sus atribuciones; documento consultable en la dirección electrónica siguiente: http://fge.oaxaca.gob.mx/images/docs/serviciocivil/primer a-ordinaria-2015.pdf Lo que constituye un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Además, en el documento remitido por el Fiscal General, se aprecia que en sesión extraordinaria de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el referido Consejo aprobó el plan de implementación gradual del Servicio Civil de Carrera. Asimismo, del contenido de la referida acta levantada el diecisiete de diciembre de dos mil quince, con motivo de la primera sesión ordinaria del Consejo Local de Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; en cuyo contenido se aprecia que en el punto VI del orden del día, se trató la integración de comisiones especiales del Consejo en cita para su mejor funcionamiento, entre las que se encontraba la Comisión de Permanencia y Disciplinaria, cuya creación se aprobó por unanimidad de votos. De ahí que resulten inexistentes las omisiones atribuidas al Fiscal General del Estado de Oaxaca. Por lo tanto, al no existir los actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Oaxaca, se sobresee el juicio respecto de los actos y autoridad en cuestión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos, adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aceptó el acto reclamado. Por su parte, el Oficial Mayor de dicha Fiscalía, negó el acto que se le reclama, sin embargo, posteriormente hace manifestaciones que llegan a concluir que es cierto el acto que se le reclama, pues relata pormenorizadamente el procedimiento administrativo que se inició en contra de Ernesto Márquez Cordoso; por tanto, se tiene como cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna causa que conforma a dicha institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la referida Ley de Amparo, la Constitución General de la República y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el artículo 61 de la ley en cita. En efecto, en este asunto, se actualiza una causa de improcedencia como lo refiere la autoridad responsable Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, pues esta resolutora, estima que en el caso, se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del artículo transcrito, es posible advertir que el juicio de control constitucional es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. La causa de improcedencia de mérito, se traduce en lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de un diverso juicio de amparo -lo que implica su presentación previa-, que el mismo haya sido promovido por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades responsables y actos reclamados aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. Además, conviene precisar que la finalidad de la causa en estudio es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. En síntesis, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución en primera o segunda instancia y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En el caso en concreto, el presente juicio de amparo es promovido por Ernesto Márquez Cordoso, en contra de los actos y autoridades responsables siguientes: A).- Agente del Ministerio Público de la mesa Dos Adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. B).- Fiscal General del Estado de Oaxaca. C).- Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado. ACTOS RECLAMADOS Del Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, reclamo: 1). El ilegal acuerdo y/o resolución de inicio del procedimiento administrativo por infracción al régimen disciplinario. 2). El ilegal acuerdo y/o resolución donde se decreta la medida cautelar de suspensión provisional como miembro del servicio sin goce de sueldo, dictada en el procedimiento administrativo instruido en mi contra. Del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, reclamó: 1). La falta de pago de mi sueldo como elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con motivo de la medida cautelar de suspensión provisional dictada dentro del expediente 305/VIS.GRAL./2020 ACUMULADO 306/VIS.GRAL./2020. En ese orden conviene destacar como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en la estadística de este órgano jurisdiccional, se tramita y se encuentra pendiente de resolución el diverso juicio de amparo 496/2020, promovido por el aquí quejoso Ernesto Márquez Cordoso, en el que precisó como actos y autoridades responsables los siguientes: Como autoridad ordenadora. 1.- Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa II de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Como autoridad ejecutora. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Jefe de Recursos Financieros de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad ordenadora reclamo: La resolución administrativa de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte, dictada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa II de la Visitaduría General dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. De la autoridad ejecutora reclamo: El cumplimiento que le den a los puntos resolutivos SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de la resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte. Asimismo, del contenido del juicio de amparo 496/2020, se aprecia que la autoridad responsable, el Agente del Ministerio Público de la Mesa II, adscrito a la Visitaduría General, al rendir el informe justificado, en lo conducente señaló, que era cierto el acto reclamado, virtud a que el día veintisiete de agosto del dos mil veinte, emitió el acuerdo dentro del procedimiento Administrativo 305/VIS.GRAL./2020 ACUMULADO 306/VIS.GRAL./2020, en el que se decretó la medida cautelar en contra del aquí quejoso Ernesto Márquez Cordoso, consistente en la suspensión provisional sin goce de sueldo. Por su parte, del contenido del informe rendido por el Agente del Ministerio Público de la Mesa II, adscrito a la Visitaduría General, en este juicio se aprecia lo siguiente: "Mediante acuerdo del 27 de agosto del año 2020, ésta autoridad ministerial decretó la medida cautelar dentro del expediente Administrativo 305/VIS.GRAL./2020 ACUMULADO 306/VIS.GRAL./2020, en contra de ERNESTO MÁRQUEZ CORDOSO Y OTROS esto conforme a la fracción V del artículo 271 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General del Estado. De lo antes transcrito, se evidencia que en el presente juicio 528/2020, así como el diverso 496/2020, ambos de la estadística de este órgano jurisdiccional, existe identidad de parte quejosa, autoridad responsable ordenadora y actos reclamados. Es así, debido a que si bien es cierto los actos no son exactamente literales, si se estudiaran en el primer amparo, pues en su concepto de violación refiere: "Como ha quedado claro que la determinación del Agente del Ministerio Público de la mesa II de la Visitaduría General dependiente de la Fiscalía General del Estado al acordar se nos aplique como medida cautelar del Estado al acordar se nos aplique como medida cautelar la suspensión del empleo sin goce de sueldo, viola flagrantemente los preceptos constitucionales y numerales de los pactos, convenciones y declaraciones de derechos humanos ya que se ordenó de inmediato separarnos de nuestro empleo y suspendernos nuestro sueldo, prestaciones y remuneraciones que veníamos percibiendo como Agentes Estatales de Investigación, determinación que no previó garantizar un ingreso mínimo de subsistencia a partir del momento que fuimos notificados y se nos corrió traslado del procedimiento administrativo de investigación que se inició en nuestra contra trayendo consigo como lo hemos mencionado la suspensión del pago de nuestros emonumentos, ya que debió tomarse en consideración que este procedimiento aún se encentra en etapa de investigación." Además, el citado juicio se encuentra en trámite, ya que aún no se ha dictado sentencia, que fue promovido con anterioridad; es decir, el diez de septiembre pasado, mientras que el asunto que nos ocupa lo fue el veintitrés de septiembre del año en curso, situación por la cual se advierte que existe litispendencia entre éstos. De ahí que, se colige que el presente juicio de amparo es improcedente, porque los actos reclamados serán materia de otro juicio de amparo (496/2020), pendiente de resolución, que fue promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad ordenadora y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro 2019187 de la Décima Época, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en Febrero de 2019, cuyo texto establece: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución - en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En consecuencia, al quedar acreditada la litispendencia que se hizo ver en esta resolución, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; por lo que procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (.) SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el informe justificado del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo y genérico de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica, y como delegados a las personas que menciona. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el cual fue prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25/2020, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En atención a lo anterior, a fin de dar oportunidad a las partes de imponerse del referido informe con la anticipación a que se refiere el citado artículo 117 de la ley de la materia, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciséis minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se difiere anticipadamente, y se señalan para que tenga verificativo las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE.
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