Ernesto Emmanuel Ramos Osorio

Expediente 311/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
311/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Ernesto Emmanuel Ramos Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de ocho de abril del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Ahora, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. SE AGREGA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN. Vista la diligencia de seis del actual, realizada en cumplimiento al requerimiento formulado al quejoso en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, se advierte que ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, estampó su firma y una vez que se le hizo de conocimiento lo establecido por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad la reconoció como propia. Por lo que al efecto se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo aparentemente suscrita por ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, así como los escritos de desahogo de la prevención formulada en auto inicial, con los números de promoción 2857 y 4309, y la firma plasmada en la diligencia de cuenta, se advierte que el promovente del amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN SU CARACTER DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL DE PROFESIONALIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 2. LIC. JAIME ALEJANDRO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERMANENCIA Y DISCIPLINARIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA 3. LIC. JAIME ALEJANDRO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 4. LIC. ALBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, DIRECTOR DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PERMANENCIA Y DISCIPLINARIA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 5. VISITADORA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA 6. COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 7. C.P. CYNTIA LIZETTE VALLE GÉNICO, OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 8. LIC. JUAN IVÁN HERNÁNDEZ CASAS, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE CARRERA POLICIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 9. JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. Las siete primeras en su carácter de autoridades ordenadoras y las dos restantes en su carácter de ejecutoras. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades ordenadoras. 1) Acuerdo y/o resolución de inicio de procedimiento administrativo iniciado en su contra. 2) Acuerdo y/o resolución donde se decreta la suspensión y/o terminación de su relación con la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 3) La omisión de notificarle el inicio de procedimiento administrativo instaurado en su contra 4) La medida cautelar de suspensión provisional como miembro del servicio sin goce de sueldo, dictada en el procedimiento administrativo, instruido en su contra. 5) Retención de sus percepciones salariales. De las autoridades ejecutoras. La materialización y/o cumplimiento de los actos señalados por las autoridades ordenadoras. Luego, mediante escrito aclaratorio presentado a nombre del quejoso (registro 3857), se pretendió cumplir con la prevención formulada en auto inicial en el sentido de que manifestara lo siguiente: a).- Precise cuál o cuáles de todas las autoridades que señala como responsables ordenadoras firmó concretamente la resolución de inicio de un procedimiento administrativo en su contra. b).- Precise cuál es la sanción que contiene el auto de inicio del procedimiento decretado en su contra, a saber: separación, remoción, baja, cese, o suspensión en la relación administrativa existente entre el ahora quejoso con el Estado. c).- Señale a cuál de las autoridades que señala como ejecutoras reclama la materialización o cumplimiento de los actos reclamados a las ordenadoras, pues en el apartado relativo dice "de la autoridad ejecutora reclamo", pero no precisa a cuál de ellas, o si ese acto lo reclama a ambas. d).-Precise a qué autoridad reclama la falta de notificación del auto de inicio del procedimiento administrativo que dice se instaura en su contra. e).- Indique si sabe con qué número de expediente se radicó el procedimiento que dice se ha iniciado en su contra. f).- Señale si a la fecha de presentación de su demanda de amparo, sus percepciones ya han sido objeto de disminución o impago. Sin embargo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharse de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca el juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del citado precepto legal, se advierte que el juez de distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia que cumpla con las características señaladas en el párrafo anterior, es aquél que está plenamente demostrado. Además, se debe tener la certeza y plena convicción de que la causal que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese entendido, del análisis integral del ocurso inicial, de los ocursos aclaratorios y, de la diligencia de seis de abril de dos mil veintidós, se advierte que en el presente asunto SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6°, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, FRACCIÓN I CONSTITUCIONAL, YA QUE EL JUICIO DE AMPARO DEBE SEGUIRSE A INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, los que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuanto el acto reclamado derive de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por Conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107, fracción I. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o n virtud de su especial situación frente al orden Jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Lo anterior se afirma, atendiendo a las siguientes consideraciones: - El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se recibió en el local de este órgano jurisdiccional la demanda de amparo aparentemente firmada por ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO; así, mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV de la Ley de Amparo, se previno a la parte promovente en los términos ya transcritos con anterioridad, lo que debería hacer dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, por escrito y con las constancias necesarias para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, el que formaría parte integrante de la demanda. - Mediante escrito presentado a nombre de ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO el veinticuatro de marzo del año en curso, en la oficialía de partes común, y turnado en la propia fecha a este juzgado, se pretendió desahogar la prevención formulada en autos; por lo que en acuerdo de veinticinco siguiente, se requirió a dicha persona, compareciera mediante videollamada a ratificar la firma que calza dicho ocurso, lo anterior al existir discrepancia entre la firma del escrito inicial y del escrito de desahogo. Lo que no aconteció, pues el quejoso no compareció a dicha diligencia; sin embargo, el uno de abril del presente año, mediante escrito, pretendió ratificar el ocurso anterior por el que a decir del quejoso se desahogó la prevención realizada por este juzgado. - Por lo que, en su atención recayó el proveído de cuatro de abril del año en curso en el que se señaló para su ratificación las diez horas del seis de abril de dos mil veintidós, mediante diligencia, la que se realizó por videoconferencia a través de la plataforma "Webex", misma en la que el quejoso plasmó y envío su firma por medios electrónicos y bajo protesta de decir verdad reconoció que la firma plasmada en dicha diligencia sí era su firma, sin realizar mayor pronunciamiento. En ese orden de ideas, resulta inconcuso señalar que la firma que calza la demanda de amparo y los escritos aclaratorios, difieren notablemente entre sí, fundamentalmente la estampada en éstos con la firma estampada en la diligencia de seis de abril del actual, que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia, lo cual se puede percibir a simple vista sin necesidad de ser perito en la materia. De igual forma, se reitera que en la diligencia en comento, el quejoso ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO ante la presencia del secretario judicial adscrito a este Juzgado, que se encuentra investido de fe pública, estampó su firma autógrafa en una hoja de papel y la mostró en la pantalla al citado secretario, quien cotejó que la firma estampada en la diligencia en comento y la enviada al correo electrónico institucional, así como al número telefónico del secretario, era la firma plasmada por el quejoso en la diligencia y que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia. De ahí que sin necesidad de ser experto en la materia se aprecia que la firma de ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO difiere en todos y cada uno de sus trazos con las firmas plasmadas en el los escritos aclaratorios presentados a su nombre (inclusive difieren entre sí). Firma plasmada en el escrito de demanda. Firma plasmada en el escrito aclaratorio, presentado el 24 de marzo de 2022 Firma plasmada en el escrito aclaratorio, presentado el 01 de abril de 2022 Firma plasmada en la diligencia de seis de abril del actual por Ernesto Emmanuel Ramos Osorio. ... Aclarado lo anterior, se advierte que en el caso, la firma de la demanda de amparo presentada el dieciséis de marzo del año en curso, en la oficialía de partes común, y turnado en la propia fecha a este juzgado, difiere notoriamente con las de los escritos de desahogo de prevención recibidos en el local de este órgano jurisdiccional el veinticuatro de marzo y el uno de abril de dos mil veintidós, respectivamente; así como también con la plasmada en la diligencia de seis de abril del año en curso, de la que se advierte que ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO una vez que tuvo conocimiento de la sanción prevista en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, para los falsos declarantes, bajo protesta de decir verdad precisó que la firma estampada y enviada para los efectos legales consiguientes sí es su firma. Bajo esa línea de ideas, resulta indispensable precisar que quien acude a un órgano jurisdiccional para accionar una demanda, como en el caso el juicio de amparo, debe suscribir los escritos que promueve, ya que sólo así se acredita su voluntad. Por ello, toda vez que la firma autógrafa del escrito inicial, difiere de la firma que ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO reconoció como suya en diligencia de seis de abril del actual, se concluye que los escritos aclaratorios, no fueron suscritos por ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, por lo que al no tener la certeza de que dicha persona fue quien suscribió tales documentos y por ende plasmó su voluntad de accionar el juicio de amparo, DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, ya que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° de la ley reglamentaria, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada y por tanto, el ocurso de demanda deber ser firmado por el interesado o su representante para que quede manifestada su voluntad de instar el juicio constitucional. ... De lo anterior, se tiene que existe facultad del suscrito para oficiosamente ordenar el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; sin embargo, se considera que en el caso, la discrepancia entre las firmas es notoria a simple vista, por lo que se concluye que los escritos aclaratorios, no fueron signados por ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, puesto que las firmas que los calzan difieren totalmente entre sí, motivo por el cual, se arriba a tal conclusión. Lo anterior es así, ya que de darle el trámite correspondiente, después de su comparecencia a través del método de videoconferencia y dado lo asentado en la diligencia, sería fomentar la práctica de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara, como en el caso, las prevenciones motivadas con la presentación de una demanda, con el pretendido propósito de dar cumplimiento a lo prevenido, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. ... Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se prioriza que el quejoso tenga conocimiento con antelación del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo aquí expuesto trascienda a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, o se vulnere el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, ni que en todo caso, deba emitirse un pronunciamiento sobre la Litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. ... "... En términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin que lo anterior genere perjuicio a ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, ya que como se precisó en líneas que anteceden, no se tiene la certeza de que plasmó su voluntad en los escritos aclaratorios posteriores al accionar del juicio de amparo, por lo que en su caso, quedan a salvo sus derechos para ejercer dicha acción por propio derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. SE AGREGA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN. Vista la diligencia de seis del actual, realizada en cumplimiento al requerimiento formulado al quejoso en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, se advierte que ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, estampó su firma y una vez que se le hizo de conocimiento lo establecido por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad la reconoció como propia. Por lo que al efecto se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo aparentemente suscrita por ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, así como los escritos de desahogo de la prevención formulada en auto inicial, con los números de promoción 2857 y 4309, y la firma plasmada en la diligencia de cuenta, se advierte que el promovente del amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN SU CARACTER DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL DE PROFESIONALIZACION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 2. LIC. JAIME ALEJANDRO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERMANENCIA Y DISCIPLINARIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA 3. LIC. JAIME ALEJANDRO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 4. LIC. ALBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, DIRECTOR DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE PERMANENCIA Y DISCIPLINARIA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 5. VISITADORA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA 6. COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 7. C.P. CYNTIA LIZETTE VALLE GÉNICO, OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 8. LIC. JUAN IVÁN HERNÁNDEZ CASAS, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE CARRERA POLICIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 9. JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. Las siete primeras en su carácter de autoridades ordenadoras y las dos restantes en su carácter de ejecutoras. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades ordenadoras. 1) Acuerdo y/o resolución de inicio de procedimiento administrativo iniciado en su contra. 2) Acuerdo y/o resolución donde se decreta la suspensión y/o terminación de su relación con la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 3) La omisión de notificarle el inicio de procedimiento administrativo instaurado en su contra 4) La medida cautelar de suspensión provisional como miembro del servicio sin goce de sueldo, dictada en el procedimiento administrativo, instruido en su contra. 5) Retención de sus percepciones salariales. De las autoridades ejecutoras. La materialización y/o cumplimiento de los actos señalados por las autoridades ordenadoras. Luego, mediante escrito aclaratorio presentado a nombre del quejoso (registro 3857), se pretendió cumplir con la prevención formulada en auto inicial en el sentido de que manifestara lo siguiente: a).- Precise cuál o cuáles de todas las autoridades que señala como responsables ordenadoras firmó concretamente la resolución de inicio de un procedimiento administrativo en su contra. b).- Precise cuál es la sanción que contiene el auto de inicio del procedimiento decretado en su contra, a saber: separación, remoción, baja, cese, o suspensión en la relación administrativa existente entre el ahora quejoso con el Estado. c).- Señale a cuál de las autoridades que señala como ejecutoras reclama la materialización o cumplimiento de los actos reclamados a las ordenadoras, pues en el apartado relativo dice "de la autoridad ejecutora reclamo", pero no precisa a cuál de ellas, o si ese acto lo reclama a ambas. d).-Precise a qué autoridad reclama la falta de notificación del auto de inicio del procedimiento administrativo que dice se instaura en su contra. e).- Indique si sabe con qué número de expediente se radicó el procedimiento que dice se ha iniciado en su contra. f).- Señale si a la fecha de presentación de su demanda de amparo, sus percepciones ya han sido objeto de disminución o impago. Sin embargo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharse de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca el juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del citado precepto legal, se advierte que el juez de distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia que cumpla con las características señaladas en el párrafo anterior, es aquél que está plenamente demostrado. Además, se debe tener la certeza y plena convicción de que la causal que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese entendido, del análisis integral del ocurso inicial, de los ocursos aclaratorios y, de la diligencia de seis de abril de dos mil veintidós, se advierte que en el presente asunto SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6°, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, FRACCIÓN I CONSTITUCIONAL, YA QUE EL JUICIO DE AMPARO DEBE SEGUIRSE A INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, los que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuanto el acto reclamado derive de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por Conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107, fracción I. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o n virtud de su especial situación frente al orden Jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Lo anterior se afirma, atendiendo a las siguientes consideraciones: - El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se recibió en el local de este órgano jurisdiccional la demanda de amparo aparentemente firmada por ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO; así, mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV de la Ley de Amparo, se previno a la parte promovente en los términos ya transcritos con anterioridad, lo que debería hacer dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, por escrito y con las constancias necesarias para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, el que formaría parte integrante de la demanda. - Mediante escrito presentado a nombre de ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO el veinticuatro de marzo del año en curso, en la oficialía de partes común, y turnado en la propia fecha a este juzgado, se pretendió desahogar la prevención formulada en autos; por lo que en acuerdo de veinticinco siguiente, se requirió a dicha persona, compareciera mediante videollamada a ratificar la firma que calza dicho ocurso, lo anterior al existir discrepancia entre la firma del escrito inicial y del escrito de desahogo. Lo que no aconteció, pues el quejoso no compareció a dicha diligencia; sin embargo, el uno de abril del presente año, mediante escrito, pretendió ratificar el ocurso anterior por el que a decir del quejoso se desahogó la prevención realizada por este juzgado. - Por lo que, en su atención recayó el proveído de cuatro de abril del año en curso en el que se señaló para su ratificación las diez horas del seis de abril de dos mil veintidós, mediante diligencia, la que se realizó por videoconferencia a través de la plataforma "Webex", misma en la que el quejoso plasmó y envío su firma por medios electrónicos y bajo protesta de decir verdad reconoció que la firma plasmada en dicha diligencia sí era su firma, sin realizar mayor pronunciamiento. En ese orden de ideas, resulta inconcuso señalar que la firma que calza la demanda de amparo y los escritos aclaratorios, difieren notablemente entre sí, fundamentalmente la estampada en éstos con la firma estampada en la diligencia de seis de abril del actual, que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia, lo cual se puede percibir a simple vista sin necesidad de ser perito en la materia. De igual forma, se reitera que en la diligencia en comento, el quejoso ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO ante la presencia del secretario judicial adscrito a este Juzgado, que se encuentra investido de fe pública, estampó su firma autógrafa en una hoja de papel y la mostró en la pantalla al citado secretario, quien cotejó que la firma estampada en la diligencia en comento y la enviada al correo electrónico institucional, así como al número telefónico del secretario, era la firma plasmada por el quejoso en la diligencia y que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia. De ahí que sin necesidad de ser experto en la materia se aprecia que la firma de ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO difiere en todos y cada uno de sus trazos con las firmas plasmadas en el los escritos aclaratorios presentados a su nombre (inclusive difieren entre sí). Firma plasmada en el escrito de demanda. Firma plasmada en el escrito aclaratorio, presentado el 24 de marzo de 2022 Firma plasmada en el escrito aclaratorio, presentado el 01 de abril de 2022 Firma plasmada en la diligencia de seis de abril del actual por Ernesto Emmanuel Ramos Osorio. ... Aclarado lo anterior, se advierte que en el caso, la firma de la demanda de amparo presentada el dieciséis de marzo del año en curso, en la oficialía de partes común, y turnado en la propia fecha a este juzgado, difiere notoriamente con las de los escritos de desahogo de prevención recibidos en el local de este órgano jurisdiccional el veinticuatro de marzo y el uno de abril de dos mil veintidós, respectivamente; así como también con la plasmada en la diligencia de seis de abril del año en curso, de la que se advierte que ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO una vez que tuvo conocimiento de la sanción prevista en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, para los falsos declarantes, bajo protesta de decir verdad precisó que la firma estampada y enviada para los efectos legales consiguientes sí es su firma. Bajo esa línea de ideas, resulta indispensable precisar que quien acude a un órgano jurisdiccional para accionar una demanda, como en el caso el juicio de amparo, debe suscribir los escritos que promueve, ya que sólo así se acredita su voluntad. Por ello, toda vez que la firma autógrafa del escrito inicial, difiere de la firma que ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO reconoció como suya en diligencia de seis de abril del actual, se concluye que los escritos aclaratorios, no fueron suscritos por ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, por lo que al no tener la certeza de que dicha persona fue quien suscribió tales documentos y por ende plasmó su voluntad de accionar el juicio de amparo, DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, ya que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° de la ley reglamentaria, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada y por tanto, el ocurso de demanda deber ser firmado por el interesado o su representante para que quede manifestada su voluntad de instar el juicio constitucional. ... De lo anterior, se tiene que existe facultad del suscrito para oficiosamente ordenar el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; sin embargo, se considera que en el caso, la discrepancia entre las firmas es notoria a simple vista, por lo que se concluye que los escritos aclaratorios, no fueron signados por ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, puesto que las firmas que los calzan difieren totalmente entre sí, motivo por el cual, se arriba a tal conclusión. Lo anterior es así, ya que de darle el trámite correspondiente, después de su comparecencia a través del método de videoconferencia y dado lo asentado en la diligencia, sería fomentar la práctica de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara, como en el caso, las prevenciones motivadas con la presentación de una demanda, con el pretendido propósito de dar cumplimiento a lo prevenido, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. ... Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se prioriza que el quejoso tenga conocimiento con antelación del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo aquí expuesto trascienda a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, o se vulnere el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, ni que en todo caso, deba emitirse un pronunciamiento sobre la Litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. ... "... En términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin que lo anterior genere perjuicio a ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, ya que como se precisó en líneas que anteceden, no se tiene la certeza de que plasmó su voluntad en los escritos aclaratorios posteriores al accionar del juicio de amparo, por lo que en su caso, quedan a salvo sus derechos para ejercer dicha acción por propio derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado aparentemente por el quejoso ERNESTO EMMANUEL RAMOS OSORIO, pues a simple vista se advierte que la firma que lo calza diverge notablemente de la estampada en la demanda de amparo. Escrito del que se advierte, solicita se le tenga ratificando el diverso de veinticuatro de marzo del año en curso, por el cual trato de cumplir con el requerimiento que se le formuló en auto de dieciocho del citado mes y año. Al respecto, requiérase a dicho promovente para que manifieste si ratifica el contenido del escrito recibido el veinticuatro del actual en este juzgado, así como el de cuenta, dado que los dos divergen notablemente de la estampada en la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por no presentados los dos escritos (registros 2857 y 4309) y por ende, no cumplido el requerimiento formulado en auto inicial. A fin de que lo anterior se realice, se señalan las DIEZ DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VENTIDÓS, para que tenga verificativo la diligencia de ratificación correspondiente, mediante videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo Pleno. Lo anterior, como lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y por seguridad de las partes por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, a través de la plataforma o aplicación digital ..., específicamente con el número de reunión 1877403348, por medio de computadora con acceso a videollamada y audio respectivos, teléfono celular o tableta; con el fin de evitar la aglomeración de personas dentro del órgano jurisdiccional. Comuníquese lo anterior al Coordinador Técnico Administrativo, para efectos del enlace respectivo, e instrúyasele para que la diligencia que se efectúe vía videoconferencia sea videograbada; debiendo dejar un respaldo en la plataforma sharepoint o en alguna carpeta de fácil acceso para el personal de este órgano jurisdiccional, para que al momento en el que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes así lo permita, sea vinculada al expediente único nacional que corresponde a este asunto. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO

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