Ernesto José Ramírez Wright Moreno

Expediente 1247/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1247/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Ernesto José Ramírez Wright Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.1247/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se desechó la demanda de amparo. 2° Firmeza resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3° Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto en el que se desechó la demanda de amparo, estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de dicha determinación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública del acuerdo de desechamiento sea consultable por internet. 5° Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 7° Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8° Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1247/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Escrito de la parte quejosa. Agréguese el escrito, recibido en línea con firma electrónica del quejoso Ernesto José Ramírez Wright Moreno, mediante el cual, en cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, manifiesta que: 1) Únicamente promueve la demanda por propio derecho y no en favor de diversa persona; e: 2) Indica que los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, los realiza bajo protesta de decir verdad. En esas condiciones, se acuerda: 2. Desechamiento de la demanda de amparo. Previo a la admisión de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6º, cuyo estudio es de orden público, en términos del numeral 62, todos de la Ley de Amparo, que disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse en defensa de un interés legítimo, siempre y cuando la norma, acto u omisión reclamados produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, dentro de los elementos constitutivos del interés legítimo, debe demostrarse, en primer término, que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; en segundo término, que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, en tercer término, que el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo que se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página mil quinientos noventa y ocho del libro sesenta y cuatro, tomo II, marzo de dos mil diecinueve, materia común, Décima Época, registro 2019456, que expresa. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Aunado a lo anterior, también resulta necesario precisar que, respecto al interés legítimo, el Máximo Tribunal del país ya ha establecido que para su actualización no se exige la acreditación de una afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Indicó que se requiere de una transgresión a la esfera jurídica (entendida ésta en sentido amplio), ya sea porque dicha intromisión sea directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Además, que para su configuración se debe contar con una titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, es decir, que la anulación del acto que se reclama le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, no hipotético. En ese sentido, concluyó que para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad (debe ser razonable la existencia del perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa), en la que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal del país indicó que la sola manifestación del interesado en el sentido de que goza con interés legítimo, no basta para tenerlo por acreditado. Tomando en consideración los anteriores elementos, el aludido Alto Tribunal precisó que es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así pues, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Ya que si bien en una situación jurídica concreta puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. De donde se concluye que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo sea improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 50/2014, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable la página 60, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2007921 que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Sobre las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, en sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, estableció lo siguiente: "El interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. El primero de ellos ha sido desarrollado de manera abundante por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como muestra representativa, se cita a continuación un pasaje del Amparo en Revisión 315/2010, resuelto por el Tribunal Pleno el veintiocho de marzo de dos mil once, en donde se recupera el concepto de interés jurídico a partir de su evolución desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (se añade énfasis): "Finalmente, en la Novena época tenemos un criterio que -siguiendo un precedente de la Octava- destaca, por ejemplo, que la tutela de un derecho que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos: las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; el interés jurídico, ha dicho la Primera Sala, debe acreditarse de forma fehaciente, no puede inferirse con base en presunciones: "la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". La Segunda Sala ha destacado, por su parte, que para acreditar el interés jurídico, el promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Haciéndose eco de los precedentes históricos ha subrayado que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia -la tesis lo ejemplifica con una apelación al caso concreto: "los alumnos del curso para ingresar a la institución del Ministerio Público de la Federación cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo la declaratoria de baja o separación del citado curso, en cuanto ello trae como consecuencia la pérdida de su calidad de alumnos, pues el derecho a la permanencia en aquél deriva del cumplimiento de los requisitos exigidos para su aceptación y los relativos a su desarrollo"-. Del recorrido anterior se desprende que el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual podemos hablar de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que las tesis denominan "un beneficio", una ventaja "fáctica" o "material" (como hemos visto hay referencias reiteradas a los beneficios económicos). Ése es el primer gran criterio definicional, estimamos, que recorre la noción clásica de "interés jurídico". El segundo consideramos que puede sintetizarse en la apelación a la necesidad de que exista un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la adaptación de una medida individualizada por parte de las autoridades responsables. Luego de la reforma del artículo 107 constitucional, del 6 de junio de 2011, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda a juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. El interés legítimo puede definirse, pues, como aquél interés personal -individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En tercer lugar, como se señaló líneas arriba, para que proceda el juicio de amparo es necesario que se pruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso. [.] En cuarto lugar, en el caso concreto no se detecta en el sistema jurídico un derecho objetivo que tutele el interés del quejoso a contar con una nueva Ley de Amparo. La existencia de ese derecho es indispensable para la procedencia del amparo aunque no diera lugar a un derecho subjetivo. Y, finalmente, relacionado con lo anterior, los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, -como el artículo 107, fracción I, de la Constitución- tienen como finalidad esencial respetar el carácter institucional del Derecho, mismo que en uno de sus sentidos, alude al carácter regimentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado". En la ejecutoria transcrita el Alto Tribunal estableció que: Con la reforma constitucional en materia judicial se dotó al justiciable de mayores posibilidades para acudir al juicio de amparo, al quedar proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico. Empero, la reforma constitucional no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo que estime acuda al juicio de amparo. El órgano reformador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple; es decir, reiteró la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pudiera acudirse al juicio de amparo. Definió las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, de la forma siguiente: a. Interés jurídico. Para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido1. Por tanto, la noción de perjuicio para la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación 1 Cfr, Tron Petit, Jean Claude, "¿Qué hay del interés legítimo?", México, Porrúa, 2016, páginas 3 y 4. de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. b. Interés legítimo. Es aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. c. Interés simple o jurídicamente irrelevante. Es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal o diferenciado para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido2. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia por reiteración 38/2016, localizable en la página 690, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que 2 Páginas 17 y 18 de la sentencia correspondiente al amparo en revisión 366/2012, resuelta el 5 de septiembre de 2012, por unanimidad de cinco votos, siendo ponente el Ministro José Ramón Cossío Díaz demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En el caso, el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: " Congreso del Estado de Oaxaca. "LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE EXPEDIR LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, EN LOS TÉRMINOS DEL TRANSITORIO CUARTO DEL Decreto número 2495. Dentro del cual se fijó el plazo constitucional de 60 días para efecto de que dicho Congreso Local, publicara la ley en mención. Gobernador Constitucional del Estado Libre y soberano de Oaxaca. LA OMISIÓN DE PUBLICAR en términos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca." En tanto que, bajo protesta de decir, refirió como hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente: El uno de junio de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el decreto número 2495, mediante el cual se reforma la fracción LXIX del artículo 59, así como las fracciones I y II, inciso e) de la fracción III y los párrafos segundo y tercero del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. - Dentro del transitorio cuarto, del que se advierte que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca debió de expedir dentro de los sesenta días naturales posteriores a la emisión del decreto 2495, de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. - En ese orden de ideas, el uno de agosto del año en curso feneció el plazo constitucional para efecto de que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en conjunto con el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, expidiera la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y, en los mismos términos, ésta se publicaría en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, por parte del Poder Ejecutivo, en los plazos establecidos en el artículo 50,51 y 53 de la Constitucional Local de Oaxaca. Omisión que ahora constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Asimismo, acompaña copia simple de 1) una credencial para votar con fotografía expedida a su favor, así como 2) periódico oficial de uno de junio de dos mil veintiuno. De lo anterior se advierte que el quejoso no cuenta con un interés legítimo individual, o sea, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concedérsele el amparo, en un beneficio jurídico en su favor. Es decir, no se aprecia la existencia de una afectación a su esfera jurídica, de índole económica, profesional, de salud, o de cualquier otra, dado que no se encuentra en una situación tal en la que el acto reclamado permita considerarlo como parte agraviada, pues no refiere la existencia de una situación concreta que pudiera verse afectada o beneficiada con los actos reclamados; de ahí que el interés aducido por el quejoso no puede calificarse como legítimo, sino como simple, similar al que pudiera tener cualquier ciudadano. Considerar lo contrario, tendría la consecuencia que todas las personas pudieran solicitar el amparo contra cualquier ley por el solo deseo o temor de que ésta llegare a beneficiarle o perjudicarle, lo cual es jurídicamente inaceptable, pues el juicio de amparo -medio extraordinario de defensa- requiere la existencia de una afectación actual y real en la esfera jurídica, lo cual, como se dijo, no existe en este caso. No se desatiende que, por regla general, el interés como requerimiento para la procedencia del amparo debe analizarse en la audiencia constitucional; sin embargo, en este caso, la falta de interés legítimo es tan manifiesta e indudable, que da lugar al desechamiento de la demanda; pues admitirla iría contra los principios de economía y celeridad procesal, al no poder el quejoso obtener una resolución diversa aun tramitado el juicio constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.57/2017 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página la mil setenta y ocho del libro cuarenta y tres, tomo II, junio de dos mil diecisiete, Décima Época, que enseguida se cita: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En efecto, el hecho de que el quejoso refiera que es originario del Estado de Oaxaca no le genera, per se, el derecho para acudir a esta vía constitucional para reclamar la omisión de mérito, ya que no demostró de manera fehaciente ser ciudadano de dicha entidad federativa y, además, tampoco acreditó de forma clara cómo es que dicha omisión infringe sus derechos como gobernado, para así poder considerar que existe una afectación real y actual en su esfera jurídica. No pasa inadvertido que en este juicio de amparo, la parte quejosa haya ofrecido copia fotostática simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral; empero, ello deviene insuficiente, por sí sólo, para demostrar el carácter de ciudadano del Estado de Oaxaca, pues no existe en autos algún otro elemento que, relacionado con la misma, pudiera evidenciar dicho extremo; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". Máxime que, de conformidad con lo establecido en la publicación realizada el uno de junio de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, relativa al decreto 2495, que acompañó a su demanda de amparo, se determinó que: "El Congreso del Estado contara con un plazo de 60 días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca para expedir la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. En tanto no se emita la referida Ley, se aplicará la Ley vigente de la materia" (LO RESALTADO ES PROPIO) Con ello se evidencia que, en caso de que la parte quejosa se coloque en alguno de los supuestos que requiera de una reglamentación en materia de combate a la corrupción, siempre podrá acudir a la Ley vigente en esa materia, a saber, la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción3, la cual continúa vigente hasta en tanto no se realice la emisión de la nueva legislación. Lo cual implica que no existe una omisión total que, por ahora, le cause algún perjuicio de manera real y directa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. 3. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 3https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_e statals/Ley%2bdel%2bSistema%2bEstatal%2bde%2bCombate%2ba%2bla%2bCorrupcion%2b (Ref%2bdto%2b874%2baprob%2bLXIV%2bLegis%2b4%2bdic%2b2019%2bPO%2b3%2b4a %2bsecc%2b18%2bene%2b2020).pdf de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.1247/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Ernesto José Ramírez Wright Moreno, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Oaxaca y de otra autoridad, recibida en línea, con firma electrónica del citado quejoso el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y, turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1247/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. El artículo 6° de la Ley de Amparo dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Como se ve, el numeral 6 de la Ley de Amparo hace referencia las personas que pueden promover la demanda de amparo, precisando que el quejoso puede hacerlo por sí, por conducto de su representante legal o por su apoderado legal, lo que, concatenado con los numerales 108, fracción I y 114, fracción III, de la misma ley, implica que a la demanda de amparo se acompañe el documento que acredite la personalidad del que promueva en nombre del quejoso. Por otra parte, el invocado precepto 6 también hace una excepción en materia penal, relativa a cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, en cuyo caso puede promover la demanda de amparo el defensor del quejoso o cualquier persona solo en los casos en que lo permita la Ley de Amparo. En el caso, Ernesto José Ramírez Wright Moreno refiere que promueve la demanda por propio derecho; sin embargo, al desahogar los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, indica que "Nuestro nombre ha quedado señalado.", "La violación a nuestro derecho humano." "Manifestamos que los hechos." Bajo ese contexto, existe imprecisión respecto de quién o quiénes promueve (n) la demanda de amparo. PRIMERO. Por ello, a fin de proveer, en su caso, sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y III, en relación con el 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito y bajo protesta de decir verdad, la aclare en los términos siguientes: a) Indique si únicamente promueve la demanda por propio derecho o la promueve en favor de diversa(s) persona(s). b) En caso de promover la demanda en favor de diversa (s) persona(s), deberá indicar a favor de quién (es) lo hace. c) De actualizarse el citado supuesto, deberá indicar, bajo protesta de decir verdad, las razones por las que promueve la demanda de amparo en favor de esa(s) persona(s), y no lo hace el (los) directo(s) quejoso(s). En otro aspecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la misma se encuentra estructurada en apartados, tales como "I. NOMBRE DE LOS QUEJOSOS. II. TERCEROS INTERESADOS. III. AUTORIDADES RESPONSABLES."; en ese sentido, en el apartado identificado como "VII. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" se aprecia que no cumple con la protesta establecida en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, únicamente refirió: "Manifestamos que los hechos que me consta y que constituyen los antecedentes de la omisión reclamada y fundamentos de los conceptos de violación, son del tenor siguiente". De tal manifestación se aprecia la omisión del referido requisito, mismo que no constituye una fórmula sacramental o solemne, pues es una obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad, pues, en caso contrario, lo hace acreedor a una sanción cuando incurre en falsedad. SEGUNDO. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que, dentro del citado término de cinco días, de convenir a sus intereses, manifieste si los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo realiza bajo protesta de decir verdad. Sustenta lo anterior la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Así como la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 32 del tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". 3.1. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con la totalidad de los requerimientos formulados en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 4. Forma de notificación. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y por haberse solicitado expresamente en la demanda, se ordena realizar todas las notificaciones que le correspondan a la parte quejosa en este juicio de amparo mediante la vía electrónica, a través del usuario proporcionado para ello: "NETOWRIGHT ". Con la precisión que, ante el señalamiento especial que se hace para la práctica de notificaciones electrónicas mediante el usuario designado; como así lo ilustra la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". 4.1. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 16, 19, 35, 36 y 38 a 40 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de este expediente electrónico 1247/2021, a través del usuario referido. 5. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6. Correo electrónico. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico, como medio de comunicación que, de ser necesario, podrá emplearse para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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