Ernesto Alonzo Elizondo Martínez o Martínes
Expediente 1094/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ernesto Alonzo Elizondo Martínez o Martínes
Actuaciones
- Principal
PRAL.1094/2019-3B*PRAL.1094/2091-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Glose de oficios. Agréguense los oficios de cuenta, signados por la titular de la Delegación en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en este municipio; atento a sus contenidos, se acuerda: I.- Visto el primero de ellos, téngase a la titular de la Delegación en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en este municipio, informando que: A). Designó a la defensora federal Catalina Ramos Rojas, para que represente al quejoso ***en este juicio de amparo. B). Una vez que las necesidades del trabajo lo permitan, la citada defensora practicará la visita correspondiente al quejoso de referencia en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz. C). En cuanto a la solicitud que realiza, gírese el oficio correspondiente al director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfiro Díaz, a fin de que brinde las facilidades y seguridad a la defensora federal, licenciada Catalina Ramos Rojas, al momento de realizar las visitas carcelarias en el centro de reclusión a su cargo. II.- En cuanto a la copia para conocimiento dirigida para este juzgado, téngasele informando que notificó a la licenciada Catalina Ramos Rojas la designación que se le encomendó y le remitió copia de la demanda de amparo origen de este juicio, solicitándole realice la visita carcelaria para recabar los datos correspondientes. 2. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que hasta hoy no se ha recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, escrito alguno mediante el cual, el quejoso *** hubiere interpuesto recurso de queja contra el proveído de doce de diciembre del año en curso (fojas 12 a 25) en el que se desechó su demanda de amparo. A fin de establecer lo procedente, por razón de seguridad y certeza jurídica, al tener el control de correspondencia de reclusos, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2°, requiérase al director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la fecha en que quede notificada del oficio respectivo, comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos del Centro Federal a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso ***s, que hubiere sido depositado entre el periodo que comprende del dieciséis al veinticuatro de este mes de diciembre, dirigido a este órgano jurisdiccional; de ser así, comunique en qué fecha fue enviado a este juzgado por parte de esa autoridad. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN Y A SU DEFENSORA PÚBLICA. ...
- Principal
PRAL.1094/2019-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por la titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca; mediante el cual solicita a) copia simple de la demanda de amparo promovida por el quejoso ***y b) se le informe si el referido quejoso es imputado, procesado o sentenciado del fuero federal; por tanto, se acuerda. Se expide copia de demanda. Mediante el oficio que al efecto se gire, remítasele copia simple de la demanda de amparo origen de este juicio, para los efectos legales procedentes. Se precisa. Y, en lo que hace a la información solicitada, se le comunica que de las constancias que obran en autos se advierte que al quejoso Ernesto Alonzo Elizondo Martínez fue sentenciado a una pena de catorce años con seis meses de prisión por la comisión del delito de robo con violencia, por el Juzgado Primero Penal del Segundo del Distrito Judicial del Estado de Nuevo León con sede en Monterrey (foja 2 reverso). Al margen de lo anterior, se le reitera la petición formulada en proveído de doce de diciembre último (fojas 12 a 25), en el sentido de que designe a un defensor público federal que asista al citado quejoso en este juicio de amparo (1094/2015); ello, en el término de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo; sin que sea obstáculo que haya sido sentenciado por una autoridad Estatal. Lo anterior, a fin de garantizar los derechos humanos del quejoso ***, particularmente el de adecuada defensa y acceso efectivo a la tutela jurisdiccional, mediante la promoción del juicio de amparo, en el cual sea asistido por un experto en derecho. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, Agosto de 2019, página 1301, registro 2020495, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Pues, como se advierte de la ejecutoria que dio origen a la tesis anteriormente transcrita, toda persona que se encuentra privada de su libertad tiene, entre otros derechos, el de contar con la asistencia de un abogado particular o, en su caso, uno de oficio, durante el trámite del juicio de amparo indirecto. Sin que pase desapercibida la manifestación final vertida por la autoridad oficiante, en el sentido de que, de ser el caso que el quejoso hubiere sido sentenciado por una autoridad del fuero estatal, sea la defensoría pública del fuero común quien lo asista durante la tramitación de este juicio de amparo, pues ello implicaría que se iniciaría el trámite para la asignación de un defensor público en el estado de Nuevo León (donde se tramitó su proceso penal), lo cual sería en detrimento de lo establecido en el artículo 17 constitucional, pues 1) se retrasaría el trámite de este juicio de amparo; y, en su caso, atendiendo a la distancia de la Defensoría Pública respectiva, evidentemente, 2) se vulneraría el derecho a una tutela judicial efectiva. Así también, se precisa que del oficio firmado electrónicamente por la titular del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Oaxaca se advierte que sólo se limitó a transcribir el rubro de la jurisprudencia antes citada; empero, se reitera, la ejecutoria que dio origen esa jurisprudencia, establece el derecho de toda persona privada de su libertad, de contar con la asistencia de un abogado particular o, en su caso, uno de oficio, durante el trámite del juicio de amparo indirecto; empero, no impide que, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, se designe a un defensor público federal. Hecho notorio. Máxime que es un hecho notorio que en los diversos juicios de amparo 875/2018, 322/2019 y 898/2019 del sumario de este Juzgado, la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, designó un defensor público federal; sin que ello dependiera de que si al quejoso se le instruya un proceso penal estatal o federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.1094/2019-3*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil diecinueve. ... NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN. ...
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