Ernesto Jacobo Villalobos Pichardo

Expediente 10/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
10/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Ernesto Jacobo Villalobos Pichardo

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Vista la demanda de amparo promovida por Ernesto Jacobo Villalobos Pichardo, se acuerda: REGISTRO. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 10/2021-IV y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En el presente caso, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución; 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a) del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo solo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas, como las cometidas en el curso del procedimiento. En este orden de ideas, debe tenerse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo solo procede contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva y, si lo perjudica, podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento. Ahora bien, como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierta en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva en el procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, en la práctica, produciría obstrucción, dificultad o lentitud en el funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no únicamente los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque solo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Apoya a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, tomo XVII, correspondiente a abril de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUÉLLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR". En el caso, el quejoso reclamó: 1. El informe rendido por el Notificador adscrito a la Oficina Zona Miguel Hidalgo de la Procuraduría Federal del Consumidor en la Ciudad de México, dentro del expediente PFC.GTO.B.3/0010593-2020, en el que hizo constar las razones por las que no pudo notificar al proveedor; 2. La omisión de correrle traslado con el informe que presentó el proveedor en contra del cual se dirigió la queja en el expediente PFC.GTO.B.3/0010593-2020; 3. La omisión de imponer las sanciones correspondientes al proveedor en contra del cual se dirigió la queja en el expediente PFC.GTO.B.3/0010593-2020, con motivo de sus inasistencias a las audiencias de conciliación y de la negativa a ser notificada en el domicilio que para tal efecto se señaló; 4. La omisión de notificar vía estrados al proveedor en contra del cual se dirigió la queja en el expediente PFC.GTO.B.3/0010593-2020, el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte; y, 5. El acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veinte, dentro del expediente PFC.GTO.B.3/0010593-2020, en el que se omitió señalar fecha inmediata para la celebración de la audiencia de conciliación. Tales actos forman parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, este es, el procedimiento conciliatorio previsto en los artículos 111 al 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sin embargo, ninguno de ellos se trata de la resolución definitiva, ya que no ponen fin a la instancia; es decir, se trata de actos intermedios del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no gozan de autonomía frente al procedimiento de queja que se instó ante las autoridades responsables. Además, no tienen una ejecución de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, pues no impiden el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo, en la medida en que dicho perjuicio podría ocasionarse, eventualmente, hasta que se emita el dictamen correspondiente en relación con el incumplimiento que se atribuye a la parte proveedora. Máxime que, en el caso de que la resolución definitiva que se llegase a emitir en ese procedimiento administrativo, sea desfavorable a los intereses del peticionario del amparo; este tiene expedito su derecho para hacer valer la acción que corresponda, en la cual podrá hacer valer todas aquellas violaciones procesales que estime pertinentes, mismas que a su juicio, trascendieron al resultado del fallo. Consecuentemente, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte de forma patente y absolutamente clara la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, se desecha de plano. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y SE AUTORIZA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otro lado, como lo solicita el quejoso, téngasele señalando como dirección electrónica para recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a nombre del usuario "jacobo43", así como la autorización para que realice la consulta del expediente electrónico en dicho portal. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Además, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene proponiendo de manera alternativa y como formas especiales y expeditas de contacto, la siguiente dirección de correo electrónico villalobos43@hotmail.com y como número telefónico 777 5609 135. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 13:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos queja, revisión o inconformidad-, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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