Ernesto César López Muñoz
Expediente 676/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto César López Muñoz
Actuaciones
- Principal
El auto por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.
- Principal
Notificación por lista a la parte quejosa: Vista la demanda de amparo promovida por Ernesto César López Muñoz, contra el acto que reclama del Juez Quinto Civil de esta ciudad; se acuerda: Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 676/2019-I y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia En el presente caso, la quejosa impugna a través de la vía de amparo indirecto, del Juez Quinto Civil de esta ciudad, el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve y la resolución dictada el dos de agosto del año en curso, dentro del juicio 257/2019-C, a través del cual se confirmó el diverso de veinte citado, en el que la responsable no acordó favorablemente su petición de darle intervención en el juicio como cesionario de los derechos hereditarios de la denunciante Rosa María García Ramírez, en virtud de que aún no se había pronunciado la declaratoria de herederos correspondiente. Pues bien, este resolutor estima que de la lectura del libelo constitucional de cuenta se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo. De estas normas, se extrae que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta tratándose de actos emanados de un juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En esta línea de pensamiento, resulta que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. En este punto, y ya que el acto reclamado deriva de un juicio sucesorio, es importante precisar que en asuntos como estos, a virtud de su estructura legal, se conforman de cuatro etapas, cada una de ellas con un objeto delimitado en función de la materia correspondiente y con la finalidad de cumplir su objetivo, que es la transmisión del patrimonio del de cujus en favor de quien acredite tener derecho a sucederlo. Así, en cada una de las secciones, cuando se actualizan violaciones procesales éstas no se pueden reclamar en la sentencia definitiva por no existir una determinación en la cual se abarquen todas y cada una de dichas secciones; de ahí que se permita su reclamo en amparo indirecto, al emitirse la resolución de la sección correspondiente. Dicho lo que precede, tenemos que en el presente caso, en relación con el acto reclamado ya descrito; no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. La afirmación de que sólo se afectan derechos adjetivos y no sustantivos con la emisión de esta determinación, tiene sustento en la circunstancia de que, al tratarse de que se le de intervención en el juicio a virtud de la cesión realizada por la denunciante de la sucesión, no se trata de un derecho que figure dentro de su esfera jurídica con independencia del referido juicio. Así es, los efectos de una resolución como la reclamada solamente son procesales y, por ende, podrían repercutir en perjuicio del quejoso, si la resolución que se dicte dentro de la primera etapa (declaratoria de herederos) en la que se encuentra el juicio, siendo éste el momento en el cual las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado habrían trascendido al resultado del fallo, en cuyo caso, estará en aptitud de reclamarlas al promover amparo indirecto en contra de la resolución final que le resultara desfavorable, alegando tales irregularidades cometidas durante el procedimiento para obtener su reparación. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si el quejoso logra una resolución favorable dentro de la primera etapa (que es en la que se encuentra el juicio), las violaciones de que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Es decir, resulta factible que desaparezcan las violaciones de que se duele, ante la posibilidad de que en la resolución que se dicte en la etapa del procedimiento, resulte favorable a sus intereses y, en caso contrario, tendrán expedito el derecho de reclamar tales violaciones a través de los conceptos de violación que formule en el juicio de amparo que promueva en contra de la citada etapa, en caso de que le sea desfavorable tal decisión. Por lo expuesto, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ernesto César López Muñoz. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que obra en autos en esta ciudad.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente-
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