Ernesto Ibarra Torres

Expediente 1030/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1030/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Ibarra Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por conducto de su defensor ********************, contra el acto que reclama del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, por considerarlo violatorio de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés (fojas 7 a 32 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, turnado ese día al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, ********************, por conducto de su defensor ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: ".JUEZ ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, SEDE XOCHITEPEC, MORELOS". ACTO RECLAMADO: ".la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés, por medio de la cual, se emitió el auto de vinculación a proceso dictado por el A QUO, en contra del hoy quejoso ********************; ello, dentro de la causa penal ********************.". SEGUNDO. Incompetencia. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 1 a 3 del juicio de amparo), el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, declinó competencia a este órgano de control constitucional para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su defensor ********************. TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (visible en el expediente electrónico), este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda de amparo, formó el expediente ********************, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se emplazó en calidad de terceros interesados al agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal de origen y a la parte ofendida dentro de la misma (fojas 41, 175 a 178, 182, 187 y 188 del juicio de amparo). CUARTO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El acto que se analizará en el presente juicio de amparo es: La resolución de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, que decretó la vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Lo cual, es atribuido al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos. TERCERO. Acto reclamado existente. Al rendir su informe justificado el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos (fojas 42 y 43 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se robustece con las copias certificadas de las constancias que remitió la autoridad responsable y de las que se advierte la resolución reclamada (foja 146 a 161 ídem), así como del audio y video que envió como complemento a su informe justificado (disco óptico glosado a foja 193 ibídem). A las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que, además, haya sido objetada su autenticidad. En esa tesitura, resulta cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a dicho principio y analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable a su informe con justificación, este juzgado no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia. En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad del mismo. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa, hace valer esencialmente los siguientes conceptos de violación: Manifiesta que la resolución reclamada carece de motivación, fundamentación y legalidad infringiendo lo establecido en los artículos 1, primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, 17, segundo párrafo, 19 y 20, aparatado A, fracción I y apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 130 y 316, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señala que el Juez responsable realizó una indebida valoración de los datos de prueba aportados por la Fiscalía y que dichos datos de prueba eran insuficientes para acreditar su probable participación en el hecho delictivo que se le atribuye transgrediendo con ello el principio de presunción de inocencia. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en virtud de que se acreditaron los hechos calificados por la ley como delito de femenicidio y homicidio calificado y existe la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, por lo cual es correcto dictar en su contra auto de vinculación a proceso; además de que en lo no alegado nada hay que suplir. En efecto, en relación con el auto de vinculación a proceso, debe recordarse que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema procesal penal acusatorio. De dichas reformas y para el caso en estudio, destaca el contenido del artículo 20, primer párrafo, en el que se establece como eje toral del proceso penal mexicano, que deberá ser acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En ese contexto, la actuación de la responsable, propia del sistema procesal penal acusatorio, será examinada bajo los parámetros de constitucionalidad establecidos por el constituyente en la citada reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, así como su implementación en la legislación adjetiva de la materia. El nuevo sistema de justicia penal se encuentra dividido en tres etapas: investigación, intermedia y juicio oral. El auto de vinculación a proceso se decreta dentro de la etapa de investigación. Dicha figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 19 de la Constitución Federal, precepto que, en lo conducente, señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (...)". La redacción del numeral transcrito revela, no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es correcto considerar que el Constituyente, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ello, impide a los jueces de control revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. Así como, el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte, el agente del Ministerio Público y la víctima u ofendido; y por la otra, el imputado y la defensa. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación, la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto por la ley como delito, con pena privativa de libertad, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. En esa línea, al igual que en una orden de aprehensión, para el dictado de un auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, debiéndose incluir las modificativas o calificativas del delito, ya que dicha determinación tiene como efecto procesal establecer el ilícito por el cual habrá de seguirse la formal investigación o complementaria. Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos de prueba, los cuales consisten en, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción III, constitucional, en la etapa de investigación, tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En otro aspecto, se tiene que, dentro del sistema penal acusatorio, el objeto de la etapa de investigación, conforme a lo dispuesto por el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que el Ministerio Público lleve a cabo la obtención de la información y la recolección de los elementos que le permitan fundar, en su caso, la acusación. En esa tesitura, los agentes del Ministerio Público promoverán y dirigirán la investigación y podrán realizar todas las diligencias de investigación que consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público, al solicitar el dictado de una orden de aprehensión o la vinculación a proceso, sólo hará la recolección de los datos que lleven al juzgador, en la siguiente etapa, a la construcción de las pruebas que le permitan establecer, en su caso, la existencia del delito y su comisión por parte del imputado. Además, la actuación ministerial está constreñida al principio de lealtad que le impone el artículo 128 del código procesal de la materia, en el sentido de que debe actuar con apego a la Constitución y al código, además, deberá proporcionar información veraz sobre los hechos y los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen. En ese orden de ideas, para el dictado de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el juez de control debe analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de prueba que en la solicitud de una orden de aprehensión o en la audiencia de formulación de imputación exponga el Ministerio Público; así como con los que aporte la defensa en la citada audiencia y los que se desahoguen, en su caso, en la audiencia de prórroga del plazo constitucional. Establecida la fase del procedimiento en que se dicta el auto de vinculación a proceso, así como su naturaleza jurídica; a efecto de determinar los requisitos que debe reunir, es necesario atender al contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, complementario del artículo 19 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley Suprema, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De las trascripciones anteriores, se desprende que, para dictar un auto de vinculación a proceso, atento a lo establecido en la Carta Magna y en la legislación secundaria aplicable, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. I. Los requisitos formales son los siguientes: A. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. B. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del indiciado o su defensor. C. Que se haya formulado imputación. D. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En el entendido de que en la audiencia correspondiente el juez debe verificar que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, se los debe dar a conocer. E. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. F. Debe expresar el delito que se le imputa y las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución. II. Los requisitos de fondo son: A. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. B. Que exista la probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictuoso o participó en su comisión. C. No esté plenamente comprobada a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación Ahora bien, en el presente caso por lo que hace a los requisitos de forma, se advierte que el auto de vinculación a proceso fue dictado en la audiencia de cinco de julio de veintitrés, la cual fue dirigida por el Juez Especializado en Control, del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, por lo cual se cumple el requisito A, al constar la videograbación de dicha audiencia y ser la juez competente para resolver sobre hechos ocurridos en el municipio de Huitzilac, Morelos. Del mismo modo, el requisito de forma B, se encuentra satisfecho ya que la situación jurídica del quejoso se resolvió dentro de las 144 horas que para tal efecto solicitó estando asistido de su defensa particular, al quedar a disposición de la autoridad judicial el uno de julio de dos mil veintitrés y la vinculación a proceso se dictó el cinco siguiente. Asimismo, la fiscal en presencia del Juez responsable formuló imputación contra el aquí quejoso, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia de delito consistentes en: feminicidio y homicidio calificado, cometido en agravio el primero de ellos, de ******************** y el segundo, de ********************, lo que satisface el requisito C de forma. Posterior a la formulación de imputación, el Juez responsable concedió al aquí amparista su derecho a declarar y -previa consulta con su defensa- expresó su deseo de guardar silencio. Y con ello queda acreditado el punto D de los requisitos de forma. Por lo que hace a los requisitos de forma identificados como E y F, se encuentran satisfechos porque versa sobre los hechos de un femenicidio y un homicidio calificado que le fueron imputados por la fiscalía y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución. Ahora bien, por lo que hace a los requisitos de fondo, se estima que también se encuentran satisfechos, pues se advierte que durante la audiencia inicial celebrada el uno de julio de dos mil veintitrés, la fiscalía hizo referencia a los siguientes datos de prueba: Acta aviso de seis de agosto de dos mil veintidós (foja 148 del juicio de amparo), de la cual se aprecia, entre otras cosas, que la Agente de Investigación Criminal ********************, recibió un reporte de radio operadora por el que le informan que sobre la ********************, Morelos, se encontraban dos cuerpos sin vida uno de sexo masculino y otro del femenino (las víctimas ******************** y ********************), por impacto de proyectil de arma de fuego. Informe policial homologado de seis de agosto de dos mil veintidós (foja 148 vuelta ídem), signado por los Agentes Policiacos ********************y ********************, del que se advierte, en lo conducente, que al recibir un aviso de C5, se trasladaron a la ********************, donde observaron a una persona de sexo femenino y otra del masculino (las víctimas ******************** y ********************), tiradas en el costado izquierdo de un vehículo. Declaración de seis de agosto de dos mil veintidós (fojas 149 y 150 ídem), de ********************, de la que se desprende, entre otras cosas, que es padre de la víctima ********************, la relación que ella tuvo con el imputado ******************** y que presenció los hechos materia de la causa penal de origen. Declaración de seis de agosto de dos mil veintidós (fojas 150 vuelta y 151 ídem), de ********************, de la que se obtiene, en lo que interesa, que es madre de la víctima ******************** y la relación que tuvo con el imputado ********************. Declaración de seis de agosto de dos mil veintidós (foja 151 vuelta ídem), de ********************, de la que se aprecia, entre otras cosas, que es padre de la víctima ******************** y la forma en que se enteró de los hechos que son materia de la causa penal primigenia. Dictamen en Materia de Criminalística de campo de seis de agosto de dos mil veintidós (foja 152 ídem), suscrito por el Perito ********************, en el cual hace referencia a diversos indicios y la forma de proceder a su resguardo. Dictamen en vía de alcance (foja 152 ídem), signado por la Perito en Materia de Criminalística ********************, en el que señala la intervención que se tuvo respecto del levantamiento de cadáver y la documentación fotográfica correspondiente en relación a la víctima ********************. Dictamen en vía de alcance en Materia de Criminalística de Campo de seis de agosto de dos mil veintidós (foja 152 ídem), firmado por la Perito ********************, en el que menciona la intervención que se tuvo respecto del levantamiento de cadáver y la documentación fotográfica correspondiente en lo relativo a la víctima ********************. Dictamen en Medicina Forense de seis de agosto de dos mil veintidós (foja 152 vuelta ídem), suscrito por la Doctora ********************, respecto a la víctima ********************, en el cual refiere la causa de su muerte, traumatismo craneoencefálico y perforación hepática secundaria a herida de proyectil disparado por arma de fuego penetrante en cráneo y abdomen. Dictamen en Medicina Forense de seis de agosto de dos mil veintidós (foja 152 vuelta ídem), suscrito por la Doctora ********************, por cuanto a la víctima ********************, por medio del cual se señala la causa de su muerte, traumatismo craneoencefálico y perforación cardiaca secundaria a heridas por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de cráneo y tórax, lesiones que juntas o separadas se consideran mortales. Dictamen en Materia de Fotografía Forense de ocho de octubre de dos mil veintidós (foja 152 vuelta ídem), emitido por la Perito en Materia de Fotografía ********************, por el que anexa diversas fotografías tomadas a las víctimas. Dictamen en Materia de Balística de siete de agosto de dos mil veintidós (foja 153 ídem), firmado por el Perito en Materia de Balística ********************, en la que refiere el planteamiento del problema en dicha materia y sus conclusiones. Informe de la Agencia de Investigación Criminal de seis de agosto de dos mil veintidós (foja 153 ídem), suscrito por el Agente de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía de Femenicidios ********************, en el que se menciona que al realizar un cateo en el domicilio del aquí quejoso en ********************, se localizaron diversos indicios. Dictamen en Materia de Química Forense de Identificación de Líquido de dieciséis de agosto de dos mil veintidós (foja 153 ídem), emitido por ********************, del que se desprende que el líquido analizado es un derivado del petróleo y corresponde al diésel. Dictamen en Materia de Química de diez de agosto de dos mil veintidós (foja 153 ídem), emitido por ********************, en el que se establecen las conclusiones a las que llego al momento de realizar su análisis respecto de diversos indicios como garrafa de plástico con líquido en su interior de color característico de combustible y una garrafa de plástico vacía con olor característico de gasolina, entre otros. Informe de C5 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós (foja 153 vuelta ídem), signado por el Director General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Computo ********************, en el cual anexa una copia certificada de las bitácoras del auxilio reportado el día seis de agosto de dos mil veintidós. Autorización de cateo de siete de agosto de dos mil veintidós (foja 153 vuelta ídem), emitida en la causa penal ********************, por el entonces Juez Especializado en Control, del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, ********************, en relación al domicilio del imputado-aquí quejoso-, ********************. De dichos medios de prueba se puede advertir la acreditación de los hechos con apariencia de delitos, pues dan cuenta de la existencia de que dos personas fueron privadas de la vida, una del sexo femenino, con quien el imputado-aquí quejoso- presuntivamente sostuvo una relación de noviazgo, y otro del masculino, con el uso de una arma de fuego, y existe la presunción de que el aquí quejoso participo en esos hechos. En ese sentido, como bien fue estimado por el Juez de control, hasta este momento, se acredita la existencia de los hechos calificados por la ley como delitos de femenicidio y homicidio calificado; previstos y sancionados en el artículo 213, 106, 108 en relación con el 126, fracción II, inciso b), todos del Código Penal en el Estado de Morelos, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo *213 Quintus.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: (.) III Haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho, sentimental, afectiva o de confianza; (.) ARTÍCULO *106.- Al que prive de la vida a otro se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización. ARTÍCULO *108.- A quien cometa homicidio calificado en términos del artículo 126 de éste Código, se le impondrán de veinticinco a setenta años de prisión y multa de mil a veinte mil Unidades de Medida y Actualización. ARTÍCULO *126.- Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía o traición, de acuerdo con las siguientes disposiciones: (...) II.- Se entiende que hay ventaja cuando: (.) b) El inculpado es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el empleo de las mismas o por el número de los que lo acompañan; (.)". En esa tesitura, se acredita el primero de los requisitos de fondo (A), consistente en que los datos de prueba revelen la existencia de hechos calificados por la ley penal como delitos. Del mismo modo, se acredita el requisito de fondo B, ya que los mencionados datos de prueba hacen patente la probabilidad de que el imputado-aquí quejoso-, cometió dichos delitos, en tanto que fue identificado por ********************, como quien privo de la vida a las víctimas ******************** y ******************** y la forma en que realizó tales hechos. Además, por lo que hace al requisito C, no se advierte que esté plenamente comprobada a favor del imputado-aquí quejoso- alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Atento a lo anterior, es infundado el concepto de violación identificado con el número I, relativo a que la resolución reclamada carece de motivación, fundamentación y legalidad infringiendo lo establecido en los artículos 1, primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, 17, segundo párrafo, 19 y 20, aparatado A, fracción I y apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 130 y 316, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues contrario a ello, el actuar del Juez responsable resulta acorde con lo establecido en los artículos 14, 16 y 19 de la Carta Magna, ya que fundamentó y motivó su determinación, a la luz de dichos preceptos constitucionales, aunado a que hizo referencia a los numerales del código procedimental de la materia, estos son, en el artículo 213, 106, 108 en relación con el 126, fracción II, inciso b), todos del Código Penal en el Estado de Morelos y refirió que los hechos por los cuales se formuló imputación en cuadran en las conductas típicas de femenicidio y homicidio calificado, por tanto se estima que tal determinación fue legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 35/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, registro 2014800, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. En otro aspecto, es infundado el concepto de violación identificado con el número II, en el cual, en esencia el quejoso señala que el Juez responsable realizó una indebida valoración de los datos de prueba aportados por la Fiscalía y que dichos datos de prueba eran insuficientes para acreditar su probable participación en el hecho delictivo que se le atribuye transgrediendo con ello el principio de presunción de inocencia. Lo anterior es así, pues contrario a lo que sostiene el quejoso, el Juez responsable al emitir su resolución, realizó un análisis de los datos de prueba señalados en párrafos que anteceden de manera libre, lógica y con las máximas de la experiencia, tal como lo establece el artículo 259 y el 316, ambos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues expresó que con esos datos se concluía que el seis de agosto de dos mil veintidós, el imputado ********************, presuntivamente privo de la vida a las víctimas ******************** (con quien se presume tuvo una relación de noviazgo) y ********************, con una arma de fuego, pues con el testimonio que rindió ********************, éste expresó que dicho imputado había tenido una relación de noviazgo con su hija ********************, y lo identificó en el lugar de los hechos, detallando los datos como la fecha, lugar y modo de cometer los ilícitos, sin que pasara desapercibido que en los reportes policiacos no apareciera el nombre de ********************, sino hasta las 6:56 horas del día en cita, pues esos reportes sin adminicularse con diversas pruebas no tiene el alcance de determinar que ********************, no presencio los hechos como lo manifiesta; asimismo, que con los dictámenes forenses se advierte la causa de las muertes de las víctimas que fue a consecuencia de los disparos que recibieron con arma de fuego. De igual manera, sustento su determinación apoyándose con el criterio jurisprudencial con registro de identificación 2017728, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]", concluyendo que con dichos datos de prueba se acreditaron indiciariamente los hechos ilícitos que se le atribuyen al imputado-aquí quejoso-, así como su probable participación en la comisión de esos hechos. En otras palabras, el hecho de que el Juez de Primera Instancia al analizar los datos de prueba correspondientes bajo el marco normativo señalado en el párrafo anterior, y diera el valor probatorio que estimó adecuado al caso, no resulta en forma alguna ser violatorio de derechos humanos como lo manifiesta la parte quejosa en relación al principio de inocencia, pues como se dijo, el actuar del Juez responsable es acorde con los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo al dictado de un auto de vinculación a proceso, de ahí lo infundado de su concepto de violación identificado con el número II. Además, de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba, sólo tenía que ser indiciaria y no plena, ya que conforme al sistema penal acusatorio sólo es necesario que existan datos o elementos suficientes para presumir la comisión de un hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en la comisión de ese hecho. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación planteados por la quejosa, los procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. De los alegatos formulados. Finalmente, por lo que hace a los alegatos formulados por el tercero interesado ********************, se hace innecesario contestarlos, toda vez que el artículo 74 de la Ley de Amparo, no establece la obligación de analizarlos en sentencia, dado que los mismos no forman parte de la litis, dado que si bien constituyen opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, lo cierto es que no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda, a la ampliación de ésta y al informe con justificación, por lo que se insiste, el que aquí decide no está constreñido a realizar el estudio de los razonamientos expresados en esos términos, máxime que en ellos no se hace valer una causal de improcedencia. Consideración que encuentra sustento jurídico en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Libro 80, agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205449, cuyo rubro es: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". De igual manera, es aplicable al presente caso, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1359, del Tomo XXV, Abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 172837, de rubro: "ALEGATOS. DEBEN SER EXAMINADOS EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO PLANTEAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PORQUE ÉSTA ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE ANÁLISIS OFICIOSO". SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos; mediante el cual remite copia certificada del audio y video de la audiencia inicial de uno de julio de este año, desahogada dentro de la causa penal JC/987/2022, de su índice, solicitada en proveído de trece de octubre de la presente anualidad; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Lo anterior; se toma de conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de trece de octubre de este año, mediante oficio 22728/2023, se requirió a la autoridad responsable Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede Xochitepec (David Ricardo Ponce González), para que en el plazo de tres días, remita copia certificada del audio y video de la audiencia inicial de uno de julio de este año, desahogada dentro de la causa penal JC/987/2022; sin embargo, aún no obra en autos el acuse de recibo del memorial en cita. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de veinte de septiembre del año actual y remite el audio y video de las audiencia de resolución de vinculación a proceso, celebrada en cinco de julio de la presente anualidad en la causa penal JC/987/2022; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que en veintidós de septiembre del año en curso, se notificó a la parte quejosa, en su lugar de reclusión, los proveídos de treinta y uno de julio de este año, auto admisorio, y el diverso de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en que se tuvo por rendido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, corriéndole traslado con dicho informe y dándose vista con el mismo; por tanto, no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TREINTA OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluido.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano