Ernesto Filiberto Diaz Saens
Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ernesto Filiberto Diaz Saens
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el acuerdo dictado en estos autos, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. CAUSA ESTADO En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el tres de mayo del presente año, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, glósese a los autos el cuaderno original derivado del incidente de suspensión,, asimismo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que se negó la suspensión definitiva; por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se declara que el cuaderno incidental es susceptible de destrucción. Además de que, como se advierte de autos, no obran documentos originales y este Juzgado estima que el presente asunto no tiene relevancia documental por la cual deban conservarse; por lo que, se ordena agregar copia simple del presente proveído al cuadernillo incidental. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, las constancias que exhibió en el presente juicio de amparo, lo anterior, para los efectos legales procedentes; sin que haya lugar a solicitar el acuse de dichas constancias. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en el cual se encuentra recluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el mismo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 del cuerpo normativo en cita, se tienen por admitidas la prueba documental y el disco óptico que adjunta al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se ordena formar un anexo por separado con el nombre "ANEXO I", para un mejor manejo del juicio en que se actúa. En otro sentido, visto el contenido de las documentales que obran en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." De dicho artículo, se advierte que los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en comento son: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Que se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el asunto en virtud del acto reclamado; Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el presente caso, se advierte que el quejoso ERNESTO FILIBERTO DÍAZ SAENS, promovió demanda de amparo en contra del Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, de quien reclamó la omisión de realizar el computó y descuento de la prisión preventiva en la causa penal JCC/071/2013. Atento a lo anterior, debe concluirse que ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado; ello es así porque, la autoridad responsable ya declaró cumplida la sanción privativa de la libertad impuesta al quejoso ERNESTO FILIBERTO DÍAZ SAENS únicamente por cuanto hace a la causa penal JCC/071/2013. Por lo cual, no se puede analizar la inconstitucionalidad del acto reclamando sin afectar esa determinación. Apoya por similitud jurídica, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro 2017544, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, en relación con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en el cual se encuentra recluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido en auto de treinta de marzo del presente año, a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, para rendir su informe justificado. En consecuencia, para dar margen a que la citada autoridad rinda su informe respectivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Incidental
V I S T O, para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 431/2023-PJ, promovido por ERNESTO FILIBERTO DÍAZ SAENS, contra actos del Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones de Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla. R E S U L T A N D O: ÚNICO. La parte quejosa solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama del Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones de Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, consistentes en la omisión de realizar cómputo y descuesto de la prisión preventiva emitida en la causa penal JCC/071/2023. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, impone la obligación de que las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con apoyo en esas premisas, de la lectura íntegra de las demandas de amparo, se advierte que consisten en: La omisión de realizar cómputo y descuesto de la prisión preventiva emitida en la causa penal JCC/071/2023. TERCERO. Certeza de los actos. Al rendir su informe previo el Juez de Primera Instancia y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, aceptó el acto reclamado. CUARTO. Requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. I. Interés suspensional. En relación con el requisito III), inciso a) (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo), se advierte que se actualiza, porque la medida cautelar es solicitada por la parte quejosa, quien es parte en el juicio de origen, por lo que crea convicción en este órgano jurisdiccional del interés que le asiste para solicitar la medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XXI.4o.17 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1460, del Tomo XX, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto." Por tanto, se concluye que la parte quejosa acredita el interés suspensional que le asiste para solicitar la medida cautelar. II. Orden Público e Interés Social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social, ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que, en términos generales, se contravienen disposiciones de orden público e interés social, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Tal requisito, se ha dicho, está inmerso en el artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en su fracción II, en tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas); de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento; sin embargo, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos por el citado artículo si, a juicio del órgano jurisdiccional, con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. QUINTO. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la Materia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Se precisó que el último supuesto, se trata de un amparo provisorio, identificado como adelanto provisional, en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo. Las consideraciones anteriores, se encuentran contenidas en las jurisprudencias 1a./J.21/2016 (10a.) y 1a./J.15/2018 (10a.). En la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia citada en primer término, la Primera Sala sostuvo que con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión de un acto, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora. Además, tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con los actos reclamados, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afectan derechos de terceros. Desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el órgano jurisdiccional de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a efectos de resolver sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado. El análisis de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el juez al resolver sobre la suspensión. De lo dicho, se aprecia que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto o norma reclamada, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria. En ese sentido, es que en la nueva regulación del juicio de amparo se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento. Asimismo, el Máximo Tribunal del País señaló que el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, no deviene de la naturaleza del acto reclamado, sino que dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Aquí es donde entra en juego la naturaleza de los actos reclamados, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. En ese sentido, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de la naturaleza del acto reclamado, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter. Lo anterior, significa que las consecuencias que caso a caso puedan producir, serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza del acto reclamado. Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Las consideraciones anteriores, dieron origen a la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En ese sentido, si en el presente caso, el acto reclamado consiste en la omisión de realizar el cómputo y descuento de la prisión preventiva, en la causa penal JCC/071/2023, es improcedente conceder la suspensión solicitada ya que ello equivaldría a nulificar el acto reclamado, e incluso la suspensión coincidiría exactamente con una eventual sentencia estimatoria del amparo, esta última en la que se analizarán las consideraciones esgrimidas por la autoridad responsable, frente a los derechos de los quejosos. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 128, 138 al 144 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ERNESTO FILIBERTO DÍAZ SAENS, por cuanto hace a la autoridad y acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes
- Ernesto Chaires Arcos1172/2023
- Ernesto Contreras Salas33/2022
- Ernesto David López Soriano519/2014
- Ernesto Eleuterio Lage Rivera808/2022
- Ernesto Eleuterio Lage Rivera1440/2019
- Ernesto Enrique Parra Solis1093/2020
- Ernesto Filiberto Díaz Saens297/2021
- Ernesto Francisco Javier Martinez Tenorio129/2018
- Ernesto Gómez Obregón1060/2023
- Ernesto Gutierrez Alcazar941/2015
- Ernesto Hugo Rodríguez Luna153/2014
- Ernesto Ibarra Torres1030/2023