Ernesto Hernández Blanco

Expediente 1192/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1192/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Hernández Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que el accionante interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, y toda vez que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3, de la Ley de Amparo archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen..-. M-IV

  2. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Con la demanda de amparo promovida por Ernesto Hernández Blanco, contra actos del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, y actuario de su adscripción; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1192/2021-IV-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Ley Suprema. Precisado lo anterior, esta juzgadora considera que el acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente familiar 534/2014, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, que contiene la orden de embargo de bienes del aquí quejoso, para garantizar la cantidad de $161,768.63 (ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional) por concepto de pensiones alimenticias vencidas, es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que a la letra dicen lo siguiente: "Artículo 364. Este Código prevé los siguientes recursos: (.) II. Apelación (.)" "Artículo 379. El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación." "Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 383. Pueden apelar: El litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también." "Artículo 395. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento. La correlación de dichos numerales, permite afirmar la procedencia del recurso de apelación contra autos de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente familiar 534/2014, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, que contiene la orden de embargo de bienes del aquí quejoso, para garantizar la cantidad de $161,768.63 (ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional) por concepto de pensiones alimenticias vencidas; de ahí que se considere que los actos que aquí se reclaman, constituyen actos que producen una ejecución irreparable. Además, mediante la interposición de ese medio de impugnación (apelación), se pueden revocar o modificar las determinaciones recurridas y será admitido en ambos efectos, esto es, suspende desde luego la ejecución en términos del numeral 392 de la ley de enjuiciamiento familiar del Estado de Hidalgo, en caso de que el apelante lo solicite y se expongan los motivos por los que considere que el daño que ocasiona es irreparable o de difícil reparación. Ahora, el acto que la parte quejosa pretende someter a escrutinio constitucional debe calificarse como un auto cuya ejecución es irreparable, ya que se trata de la orden de embargo de bienes del aquí quejoso, para garantizar la cantidad de $161,768.63 (ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 63/100 moneda nacional) por concepto de pensiones alimenticias vencidas; de ahí que las consecuencias de tales actos procesales afecten los derechos subjetivos del accionante, sin que estos sean susceptibles de repararse en el juicio familiar del que dimanan. Por tanto, si el acuerdo reclamado es una resolución de ejecución irreparable, es evidente que, en su contra, procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 334, fracción II, 379, 382, 383 y 395, todos del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Además, cabe destacar que, el que los actos sean de imposible reparación, no implica una excepción a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, es necesario aclarar que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, establecidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia que establece: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En suma, si el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo prevé el recurso de apelación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación, la quejosa debe acudir a hacer valer dicho recurso, previo a acudir a la sede constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis aislada que cita: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado consiste en el auto que decreta la pensión alimenticia provisional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debe agotarse previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que éste tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, en tanto que al no existir disposición expresa que indique cuál es el término para resolver el citado recurso, cobra aplicación el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial, se tendrán por señalados tres días. Cabe destacar que si bien es cierto que en la legislación inicial no existía precepto que facultara al Juez a resolver el recurso antes del dictado de la sentencia, y que en la exposición de motivos de esa codificación se puntualizó que debía resolverse en la sentencia, también lo es que mediante decreto de doce de julio de dos mil siete, se adicionó al artículo 410 del aludido cuerpo de leyes, la fracción V que establece: "cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada", de lo que se sigue que la finalidad del creador de la norma al adicionar esa porción normativa fue precisamente dotar de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que éste pudiera ser resuelto previamente al dictado de la sentencia de fondo, cuando el caso lo amerite." Es importante mencionar que la causal de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, porque bajo el contexto del corpus juris internacional, los recursos y medios de impugnación no pueden ser considerados una mera posibilidad que ponga en tela de juicio su procedencia, al grado de considerar que la existencia de recursos no es notoria y manifiesta. Esto es, lo notorio y manifiesto significa que se está frente a algo cierto, real y que necesariamente debe acontecer; así, se repite, bajo el contexto de los derechos humanos, las personas no tienen a su alcance una mera expectativa de la posibilidad de impugnar la resolución de las autoridades, sino que ese derecho, es decir, el de impugnación, es real y no puede estar supeditado a más condiciones que en los casos en que el legislador considere que la procedencia de un recurso puede afectar el orden público y el interés social. Conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, atento al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley, constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. De manera que, si en la especie el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo prevé el recurso de apelación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación, el quejoso debe hacer valer dicho recurso, porque la ley no se lo prohíbe expresamente, por motivos de afectación del orden público y el interés social. Por el contrario, es un derecho humano que el quejoso sea escuchado por la autoridad competente, en este caso, el tribunal de apelación, siendo que el recurso de apelación es el idóneo, porque procede contra autos y resoluciones de ejecución irreparable o difícil reparación. En esa tesitura, al contener el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar los actos reclamados, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.). Sin embargo, en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, así como tampoco los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otros requisitos de procedencia del juicio de amparo." Sin que este órgano jurisdiccional desconozca la jurisprudencia que a la letra dice: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Empero, como ha quedado plasmado, del artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, se desprende que en los actos señalados como reclamados, en el supuesto de que puedan causar un daño irreparable o de difícil reparación a alguna de las partes; dichas determinaciones pueden ser reclamadas mediante la interposición del recurso de apelación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez tendrá la obligación de declararlo procedente en ambos efectos, concediendo la suspensión de su ejecución hasta en tanto se resuelva el recurso en cita. En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ernesto Hernández Blanco. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por así haberlo solicitado el quejoso, se autoriza el acceso al expediente electrónico para su consulta y se ordena que las notificaciones que deriven del presente juicio se practiquen a dicha parte por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "ManuelDavid." AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Andrés Alberto Jarillo Mendoza, Manuel David Mendoza Pérez y Jonathan Ramírez Santiago; lo anterior, por no acreditar que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; además, no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). NÚMERO TELEFÓNICO y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO. De igual manera, téngase al promovente proporcionando el número telefónico 7711589580, así como el correo electrónico proactividad.juridica@gmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo..-. M-IV

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