Ernesto Florencio Cruz

Expediente 1090/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1090/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Ernesto Florencio Cruz
  • A F H

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de enero de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO. De los autos se advierte que no obra el informe previo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco la constancia acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo procede diferir la celebración de la audiencia incidental programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con cuatro minutos del diez de febrero de dos mil veintidós...I

  2. Principal

    El trece de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con un escrito. Conste. Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de enero de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del estado que guardan los autos se advierte que el presente juicio fue promovido por Ernesto Florencio Cruz, en representación de la menor de iniciales A.F.H., contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud y Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; así como de la Delegación de Programas del Bienestar, Gobernador Constitucional, Secretaria de Salud y Subdirección General de Servicios de Salud Pública, todos del Estado de Hidalgo, de quienes reclamó:  La omisión de aplicar al menor la vacuna contra el virus denominado coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2), causante de la enfermedad por coronavirus (COVID- 19). Sin embargo, es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que ha sobrevenido la actualización de un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Una vez definido el marco legal en que se sustenta la improcedencia advertida, es oportuno invocar como un hecho notorio la consulta realizada en el perfil oficial de twitter de la Secretaria de Salud, de la que se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, desde el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno informaron que el diecinueve de ese mismo mes, se abriría el preregistro para adolescentes de quince 15 a 17 años sin comorbilidades, a fin de que reciban la vacuna contra el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2), causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). A fin de robustecer lo aseverado, se insertan las imágenes siguientes: Asimismo, de la consulta realizada en esta propia fecha a la página oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, se advierte que ya se encuentra disponible el pre-registro para que tanto las personas de quince a diecisiete años de edad sin comorbilidades, como los menores de edad de doce a diecisiete años con comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con el mencionado biológico, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: En ese mismo sitio electrónico, puede leerse: "Ha llegado el momento de vacunar contra el COVID-19 a los y las adolescentes, especialmente aquellos con comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico), así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana. Las y los adolescentes con enfermedades que debilitan su sistema inmunológico son más vulnerables a que la COVID-19 pueda presentar complicaciones graves que ameriten hospitalización, ingreso a unidades de terapia intensiva, necesidad de ventilación mecánica o condiciones que aumentan el riesgo de morir. Por esto, es importante que se vacunen y que además de la vacuna, sigan las medidas de higiene, sana distancia y utilizar el cubreboca de manera correcta para proteger su salud." Y presenta las siguientes directrices para los padres: "Registro y cita Es necesario que realices un pre-registro a partir del 1° de octubre de 2021 en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php en la que deberás tener a la mano, el CURP de tus hijos o hijas, datos de contacto como: datos del menor y del padre, madre o tutor, teléfono y correo electrónico. En este registro, deberás seleccionar el grupo de riesgo o comorbilidad al que pertenece tu hijo o hija, de acuerdo con su diagnóstico clínico, además de señalar la institución, unidad de atención o servicio particular en donde se atiende. Recuerda que después del pre-registro se comunicarán contigo para indicarte el día, hora y lugar en el recibirás la vacuna. Al asistir a tu cita de vacunación recuerda:  Presentarte con tu hijo o hija en la fecha, horario y unidad que corresponda, con el comprobante impreso,  Presentar el carnet y/o constancia que certifique el diagnóstico de una de las enfermedades de riesgo, expedida por el médico tratante  Seguir las indicaciones del personal de las brigadas Realizar las las (sic) medidas de prevención e higiene." La información vertida constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en razón de que el primer numeral dispone que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes; el segundo de los preceptos establece que, para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; finalmente, el tercero reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Ahora, el sitio en internet de la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal se trata de una página electrónica oficial a través de la que dicho órgano de gobierno pone a disposición del público información relacionada con la materia sanitaria. Y Twitter es una red social y un servicio de microblogging para la comunicación en tiempo real, en el que la mencionada dependencia federal tiene una cuenta oficial validada en la que también se divulga información en las diversas áreas y aspectos de su competencia; por ello, se asegura, que se trata de información que sirve como hecho notorio para este Juzgado Federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2o. J/24 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, registro digital 168124; que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que la directa parte quejosa, a la presente fecha, cuenta con una edad de diecisiete años (de acuerdo con lo manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla), es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye la materia del acto reclamado en la demanda que se provee. En esa virtud, se estima que la omisión de aplicar la vacuna contra el citado virus y las consecuencias de ello han cesado en sus efectos, puesto que la directa parte quejosa a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, estuvo en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de quince años o más sin comorbilidades, y de doce a diecisiete años con comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por Ernesto Florencio Cruz, en representación de la menor de iniciales A.F.H. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las data y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional..M-I

  3. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de enero de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO. Se advierte que no obra el informe previo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco la constancia acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo procede diferir la celebración de la audiencia incidental programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con dos minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós...M.I

  4. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. REEXPEDIR OFICIO. Del estado que guardan los autos se advierte que no obra el informe previo la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ni obra constancia que acredite la entrega del oficio mediante el cual se le requirió. A efecto de evitar mayores dilaciones procesales, reexpídase el oficio mediante el cual se le requirió su informe. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo procede diferir la celebración de la audiencia incidental programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con dos minutos del doce de enero de dos mil veintidós...M-I

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