Ernesto Flores Razo

Expediente 576/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
576/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
22/08/2018

Partes del expediente

  • Ernesto Flores Razo
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes, residente en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede Irapuato, mediante el cual en cumplimiento al exhorto 397/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, remite las constancias de la notificación realizada a la parte quejosa del proveído de treinta y uno de julio del año en curso. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito. Sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que el seis de los actuales, compareció la parte quejosa a ratificar su ocurso presentado el veinticinco de julio pasado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de siete del presente mes y año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, se advierte que el quejoso ******* reconoció el contenido y firma del escrito presentado ante este juzgado el veinticinco de julio del año en curso, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de nueve del mismo mes y año; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene por cumplida la prevención. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Asimismo, establece las bases para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, así como los plazos de que disponen los gobernados para ejercer la acción constitucional dependiendo de su calidad de autoaplicativas o heteroaplicativas. La hipótesis legal que describe la fracción en cita, determina que cuando una persona sufre una afectación en sus derechos por la individualización de alguna disposición legal de carácter general, con motivo de un acto de autoridad, del acto de un particular que actúa en auxilio de ésta, o bien, de la autosujeción a la norma de que se trate, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto a través del juicio de amparo dentro de un plazo determinado; no obstante, si deja pasar el término sin presentar la demanda, esa conducta revela conformidad con el acto. De acuerdo con ese supuesto de improcedencia, para su actualización se deben reunir los siguientes requisitos: La individualización de la norma impugnada, ya sea mediante un acto de autoridad, a través de la actuación de un particular en auxilio de la administración pública o de justicia o bien, por la autosujeción del particular a la misma. Que se demuestre la existencia de una afectación causada por tal acto de individualización. La posibilidad legal para que dicha persona promueva el juicio de amparo contra el acto en mención. El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y El transcurso de ese término sin haberse promovido la acción de amparo. Elementos que necesariamente deben concurrir para la validez de la presunción de consentimiento de la norma impugnada. A fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es menester dejar asentado que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. En ese contexto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley, no por virtud de su entrada en vigor, sino con motivo de su aplicación, deberá ser precisamente por el primer acto y no a través del segundo o ulteriores, porque de ser así, la vía constitucional resultará improcedente, pues la sentencia que se llegue a emitir en el juicio promovido con motivo de aquél, rige la situación del quejoso respecto de la norma cuestionada, de suerte que los posteriores actos de aplicación, no le dan acción para volver a cuestionar la constitucionalidad de un ordenamiento legal. En efecto, las normas pueden ser combatidas cuando entren en vigor, si son autoaplicativas o de individualización incondicionada, dentro del término de treinta días señalado en la fracción I del artículo 17 de la ley de la materia, o bien dentro del término general de quince días a partir del primer acto de aplicación; por su parte, las leyes heteroaplicativas o de individualización condicionada, es decir, aquellas que no pueden causar agravio por el sólo hecho de entrar en vigor, sino que para ello precisan de ser materializadas a través de un determinado acto, únicamente pueden ser cuestionadas al darse el acto concreto de aplicación. En el caso concreto, el quejoso comparece a la presente instancia, reclamando la aplicación de la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, la cual arguye se le aplicó el veintiocho de junio del presente año, al ser obligado a transitar por el libramiento Bicentenario de esta ciudad. Sin embargo, debe estimarse consentida tácitamente la ley de que se trata, ya que el propio quejoso manifestó en su escrito aclaratorio de demanda que el dieciocho de abril del año en curso, fue infraccionado al incumplir con la norma oficial mexicana que cuestiona en la presente vía, esto es, se le aplicó por primera vez dicha norma. Entonces, al dejar transcurrir igualmente el plazo de quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación para cuestionarla, en términos del numeral 17 de la ley reglamentaria, por lo que es evidente que al presentar su demanda el seis de julio del presente año, transcurrió el plazo con que contaba, lo que actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improceder invocada. En efecto, lo expuesto en los párrafos que anteceden permite concluir que la demanda de amparo que se propone resulta improcedente en atención a que los actos reclamados deben estimarse consentidos por el promovente, en virtud que como ya se dijo, la demanda no se hizo valer contra el primer acto concreto de aplicación de la norma que se reclama, o bien, dentro de los quince días posteriores, sino contra un ulterior acto de aplicación que es el acontecido el veintiocho de junio del presente año. Es aplicable al caso a estudio la jurisprudencia 2a./J. 50/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de dos mil dos, cuya literalidad es: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad." Igualmente, resulta aplicable a lo sostenido la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro contexto, vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de nueve de julio del presente año, y de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle la presente, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Secretario encargado del despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 351/2018, que se le envió para notificar a la quejosa el proveído de nueve del mes y año en curso. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintiséis del julio del año en curso, se reservó proveer respecto del contenido del escrito supuestamente firmado por **********, en la oficialía de partes de este Juzgado el veinticinco de los actuales, hasta que se recibiera el exhorto 351/2018 del índice de este Juzgado, toda vez que esto ya aconteció se determina lo siguiente: Antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de que se trata, con el que obra en autos, que la firma que calzan aquél tiene rasgos notoriamente discrepantes con la estampada por el quejoso en el escrito de demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente auto se le practique, comparezca ante este juzgado debidamente identificado, en día y hora hábiles, para que en diligencia formal ratifique el contenido y firma de los ocursos de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrán por no presentados. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones en la calle ********** número **********, colonia **********, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, para que ordene que se le notifique el presente proveído. Se hace del conocimiento del Juez a quien se le encomienda la diligencia señalada, que con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para cumplimentar la encomienda, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a ese tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, una vez realizado lo anterior, déseme cuenta a fin de estar en condiciones de determinar lo referente a la aplicación de la jurisprudencia de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES.

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