Ernesto Figueroa Hernández

Expediente 476/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
476/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Ernesto Figueroa Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que remite el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado, por el que se le remitió la demanda de amparo presentada por **********, e informa que se avocó al conocimiento de la citada demanda. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por **********, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso **********, mediante el cual aduce desahogar el requerimiento que se formuló el dos de mayo del año en curso; en ese sentido, se acuerda: Como punto de partida, se debe determinar que el artículo 12 de la Ley de Amparo permite que el agraviado o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o el diferimiento, o realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Sin embargo, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar o aclarar la demanda de amparo, y por ende no pueden realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación debe ser congruente con las demás reglas que rigen el juicio de amparo, en especial, con el principio de instancia de parte agraviada. Esto es, previamente a la aclaración de la demanda en cuanto a si es deseo de la parte agraviada señalar como autoridad responsable a alguna que tenga residencia en esta ciudad, o bien, en alguna urbe sobre la cual ejerza jurisdicción este juzgado, y de ser así precisar su denominación, debe concurrir la exigencia que establecen los artículos 107 de la Constitución General de la República y 6° de la Ley de Amparo; es decir, que haya habido instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, la aclaración de la demanda también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio constitucional, porque dicho señalamiento incide en cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado, dado que influyen en la configuración de la litis, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo. Entonces, si en el caso concreto **********, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, pretende aclarar la demanda de amparo respecto de cuestiones que deben provenir directamente de la voluntad del interesado y que además influye en la configuración de la litis constitucional, como lo es la voluntad de señalar como autoridad responsable a alguna que tenga residencia en esta ciudad, o bien, en alguna urbe sobre la cual ejerza jurisdicción este juzgado, y de ser así precisar su denominación; es inconcuso que no está facultado para realizar lo antes mencionado, ya que su actuación depende de las reglas que regula el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal y 6° de la Ley de Amparo. En virtud de lo antes expuesto, no se tiene por desahogado el requerimiento efectuado en providencia de dos de mayo del año en curso, pues como se dijo en párrafos que anteceden era necesario que, en el caso que nos ocupa, el quejoso **********, fuera quien hubiera cumplido con lo requerido en el citado auto, toda vez que el desahogo de la prevención de demanda de amparo conlleva el ejercicio de una acción nueva; por tanto, ya que el requerimiento de mérito fue atendido en el último día del término concedido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto que se ha mencionado, se procede a acordar lo que en derecho corresponde, de las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso concreto, no obstante que no se contrapone con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, porque el solicitante del amparo desahogó el requerimiento de que se trata el último de los cinco días otorgados para ello, como se observa de la certificación de cuenta, y la indicada tesis de jurisprudencia únicamente analiza el supuesto cuando el escrito con el que se pretende cumplir con la prevención se presenta antes del último día, tal como lo estableció la Segunda Sala del Alto Tribual en la ejecutoria de que emergió, que en lo que interesa establece: ".Ahora bien, para resolver el punto de contradicción deben distinguirse dos situaciones en cuanto al escrito que pretenda cumplir con la prevención (dentro del término de los tres días hábiles): 1. Que sea presentado el primero o segundo día. 2. Que sea presentado el último día. Para efectos de resolver el punto a estudio, importa el supuesto marcado con el número 1, es decir, si el escrito que pretende dar respuesta a la prevención hecha por el Juez de Distrito se presenta el primer o segundo día de los tres señalados en el artículo 146 de la Ley de Amparo, lo anterior para el efecto de saber si en el acuerdo que recaiga sobre ese escrito deba especificarse si se cumplió o no lo solicitado; o bien, señalar que sólo se tiene por recibido y que se emitirá la calificación correspondiente al vencimiento de dicho término." Ahora, tomando en consideración que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso sustancialmente reclama: La orden de comparecencia, busca, detención y aprehensión. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior se considera, ya que no obstante que el quejoso en su libelo constitucional manifestó que a dichos actos se les pretende dar ejecución material en la comunidad de Neutla, municipio de Comonfort, Guanajuato, sin embargo, ninguna de las autoridades que señala como responsables tienen su sede en la jurisdicción donde ejerce competencia este órgano federal. Ademán de que cuando se le previno para que señalara como autoridad responsable a alguna que tuviera residencia en esta ciudad, o bien el alguna urbe sobre la cual ejerciera jurisdicción este juzgado y precisara su denominación a efecto de poder fincar la competencia de este tribunal, no fue cumplida, lo anterior, acorde al criterio jurisprudencial 52/2013, (10°), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita ahora por analogía, bajo el rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Por ello, y conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en donde se dispone que los Juzgados de Distrito con sede en Guanajuato, capital, ejercen jurisdicción territorial, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato (lugar donde residen las autoridades señaladas como responsables). Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente juicio, así como sus copias respectivas, al Juez de Distrito en el Estado en turno con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar atentamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Penal con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 476/2017-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción III, todos de la ley de Amparo, por los motivos que enseguida se expondrán. La irregularidad surge a partir de lo establecido en la fracción III del numeral 108 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala con tal carácter a las siguientes: II. Autoridad responsable: Con el carácter de ordenadora señalo al titular del juzgado primero de primera instancia penal de la ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato con domicilio en Av. Primera de Mayo s/n esquina con Boulevard de la Conspiración de esa ciudad. De igual manera señalo como autoridad ejecutora al jefe de grupo de la policía ministerial con domicilio en Boulevard de la Conspiración No. 120 Fraccionamiento Ignacio Ramírez de la misma ciudad. Al respecto, debe decirse que la irregularidad advertida surge en razón de que la impetrante soslayó señalar como responsable a autoridad alguna que tenga su sede en esta ciudad, o bien, en alguna urbe sobre la cual ejerza jurisdicción el suscrito. Dato que resulta necesario para que el suscrito esté en condiciones de determinar el ámbito de competencia de este Tribunal, pues tomando en consideración que ninguna de las autoridades señaladas como responsables en su líbelo constitucional tienen su sede en la jurisdicción donde ejerce competencia éste órgano federal; y de conformidad con la jurisprudencia 52/2013 (10°), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita ahora por analogía, la cual es el del tenor literal siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia, para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se niegue al preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar con el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia, en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno: prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no se prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsable ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría al dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional puede apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el numeral 114, fracción II, todos de la ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste si desea señalar como autoridad responsable a alguna que tenga residencia en esta ciudad, o bien, en alguna urbe sobre la cual ejerza jurisdicción este juzgado, y de ser así precise su denominación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se acordará lo que en derecho corresponda de las autoridades ya señaladas como responsables. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Nevarez León, en virtud de que obra su cédula 184380, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a José Luis López Luna, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE.

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