Ernesto Augusto Martínez Fernández
Expediente 1436/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1436/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ernesto Augusto Martínez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de derechos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII, y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en el juicio de derechos; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con dieciséis minutos del quince de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, así como los informes justificados rendidos por la directora general administrativa y el director general jurídico, ambos del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en esta ciudad, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejoso y fiscal federal adscrito-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que en el auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por las autoridades responsables y la parte quejosa. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El secretario encargada del despacho acuerda: ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Ernesto Augusto Martínez Fernández, contra el acto atribuido a la jefa de departamento de Recursos Humanos adscrita a la dirección general administrativa del Sistema Estatal Penitenciario, y a la coordinación estatal de la citada institución penitenciaria; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el veintidós siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Ernesto Augusto Martínez Fernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el actos reclamados a las autoridades precisadas en el proemio de esta resolución. Se admite demanda. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional Mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad que señaló como responsable, Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, con sede en esta ciudad, y el quince siguiente, precisó su denominación correcta, a saber, coordinación Estatal del Sistema Estatal Penitenciario, por lo que se le solicitó su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se hizo del conocimiento de las partes la fecha señalada para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La negativa de las autoridades responsables contenida en el oficio CGSIEP-RH/0717/11/2021, de dar trámite a la petición de valoración médica solicitada por el quejoso. Existencia del acto combatido Es cierto el acto que se reclama de las autoridades responsables, pues no obstante que al rendir informe con justificación, la directora general administrativa y el director general jurídico, ambos del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en esta ciudad, lo hubieren negado, lo cierto es que hacen manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañaron dichas autoridades a su informe, así como las aportadas por la parte quejosa; documentales a las que dada su naturaleza, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De dicha causa de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. En el caso a estudio, se actualiza la primera de las hipótesis antes reseñadas -revocación-, pues se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio. Es así, pues de las constancias que acompañó a su informe la directora general administrativa del Sistema Estatal Penitenciario, se advierte que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, libró oficio a la directora general de Recursos Humanos, Planeación, Control y Seguimiento de la citada institución, a fin de que practicara valoración y dictamen médico al peticionario de amparo Ernesto Augusto Martínez Fernández; a su vez, dicha autoridad, giró misiva al encargado de la subsecretaría de Recursos Humanos para que se diera trámite a la valoración médica solicitada por el quejoso y, por último, la directora de Prestaciones Económicas de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, mediante oficio DGARH/INC/No. 1263, de ocho de diciembre del citado año, ordenó al jefe del departamento de Medicina en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), valorara el estado de salud del solicitante del amparo. Consecuentemente, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto por esta vía reclamado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Decisión En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Ernesto Augusto Martínez Fernández, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se señalaron las once horas con treinta y seis minutos del siete de febrero de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia constitucional; sin embargo, la fecha señalada se considera inhábil según el artículo 19 de la Ley de Amparo y el acuerdo general 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que implica que no correrán términos y que no se realizarán actuaciones judiciales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Se difiere audiencia constitucional. Por tal situación, se difiere de forma anticipada la celebración de la audiencia constitucional y, en su lugar, se señalan las doce horas con dieciséis minutos del quince de febrero dos mil veintidós, previa certificación que levante el secretario en el sentido de que el expediente se encuentra debidamente integrado. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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