Ernesto Alonso Padilla Rodríguez

Expediente 1596/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1596/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Ernesto Alonso Padilla Rodríguez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que causó ejecutoria la resolución constitucional que no amparó ni protegió al quejoso; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 26/abril/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:En Hermosillo, Sonora, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, contra el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad, y remitido a este órgano judicial, por razón de turno, el día siguiente, Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido a la citada juez penal y que más adelante se precisará. Se admite demanda. Mediante acuerdo de treinta de diciembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante acuerdo de treinta y uno de enero y diez de marzo del presente año, se reconoció el carácter de terceros interesados al menor de identidad reservada Y.E.P.P., y a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querella, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que se ordenó su emplazamiento, y dicha institución ministerial se apersonó a juicio. Finalmente, en esta fecha se llevó a cabo la audiencia constitucional en este juicio, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo, atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito; además de que la medida cautelar impuesta se está ejecutando en esta ciudad. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso de doce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado contra Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, por hechos posiblemente constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Sonora. En este apartado debe destacarse que al reclamarse el auto de vinculación a proceso, este juzgador se encuentra constreñido no sólo a analizar si dicha resolución satisface los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también examinar los temas restantes sobre los que se pronunció el juez de control en dicha etapa, y que convergen en el desarrollo de la audiencia inicial y su continuación. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I.6o.P.89 P (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO SE RECLAMÓ ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONSTREÑIRSE A ANALIZAR SI SATISFACE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO TAMBIÉN A EXAMINAR LOS TEMAS RESTANTES SOBRE LOS QUE SE PRONUNCIÓ EL JUEZ DE CONTROL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y QUE CONVERGEN EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA INICIAL." Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 3077/2020 de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan infundados e ineficaces, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y acorde a la jurisprudencia 1a./J. 94/2011, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Al respecto, los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [..]" La interpretación de dichos numerales permite considerar que, en el primero, se garantiza que ninguna persona puede ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino mediante un juicio seguido ante los órganos jurisdiccionales ya establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En tanto que el segundo de ellos consagra la garantía de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad; entendiéndose por fundamentación la cita del o los preceptos aplicables al caso, y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Y, en el tercero, el Constituyente Federal estableció el término de setenta y dos horas para que los juzgadores de instancia resuelvan la situación jurídica de los imputados, con el dictado de un auto en el que se determine la libertad del individuo o su vinculación a proceso; en la inteligencia que, de darse el último supuesto, deberá expresarse, en el auto correspondiente, el delito imputado, circunstancias de ejecución del mismo y que los datos que arroje la carpeta de investigación establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A fin de entender la naturaleza del acto que aquí se reclama es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior -intermedia-, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo que se le atribuye. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la interpretación armónica de los dispositivos legales en mención y del contenido del artículo 19 Constitucional, es dable considerar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que ha dictado un auto de vinculación a proceso, ha sido acorde a derecho. Los primeros son: a) Que exista formulación de la imputación; b) Que el imputado haya tenido oportunidad de rendir declaración; y, c) Que se dicte a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. Los segundos, pueden enumerarse como: a) La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; b) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, c) Que no se materialice alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Para afirmar que dichas exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito y la probabilidad de la participación del activo, dado que la resolución de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de título: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En este orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público o la parte querellante no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, a manera de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Precisado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la juez de control responsable, al dictar la resolución aquí cuestionada. Para ello, es preciso señalar que del contenido del disco compacto relativo a la videograbación de la audiencia inicial celebrada el treinta de junio de dos mil veinte, en la causa penal 3077/2020, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, se obtiene, en lo que interesa, que se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal en el Estado de Sonora, en la que se identificaron la agente del Ministerio Público; ofendida y su asesor particular; el defensor particular de Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, y éste como el investigado. En esa audiencia, la juez responsable preguntó al quejoso si designaba como su patrocinador jurídico al profesionista señalado, quien aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo, si le habían sido explicados sus derechos, a lo que contestó que sí; cuestionó a la defensa respecto si se había impuesto de la carpeta de investigación y entrevistado en privado con su defendido, contestando afirmativamente; y éste último manifestó que sus datos personales sean proporcionados de manera reservada. a) Formulación de la imputación En esa audiencia, la representación social, hizo relatoría de los hechos que se consideran delictivos y, a su parecer, los datos de prueba que establecen y determinan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, los que acrediten los daños causados y su monto aproximado; asimismo, señaló los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción; por su parte, la ofendida, su asesor, el imputado y su defensor particular se abstuvieron de hacer manifestación alguna. Luego, la juez de control explicó al imputado la pertinencia de rendir declaración y si había entendido la imputación, manifestándose en sentido afirmativo; asimismo, el imputado manifestó que era su deseo declarar. La juzgadora le hizo saber sus derechos al aquí quejoso y lo exhortó a que se condujera con verdad en su declaración, así como que las partes tienen derecho a formularle preguntas y su derecho a no contestar. El imputado -quejoso- señaló que en base a lo que se le imputa, manifestó que es falso, pues la relación que tuvo con la ofendida fue un poco turbia, siempre le han dado, no siempre personal, sino con el abuelo del menor; reitera que frente a su suegro, llegaron a un acuerdo en el que determinaron que depositaría a su ex esposa para que le prestara al menor, lo que respalda con el dicho de su hermano, quien lo acompañaba; aduce que el dinero lo dejaba con su mamá y se lo daban a su ex suegro, quien aceptó que en varias ocasiones, recibió en algunas ocasiones el dinero; sostiene que la imputación que se le formula es en base a inconsistencias, pues por error confió en que la entrega de dinero que hacía por conducto del padre de la ofendida era legítima; señala que el menor vivió con él y que como padre le corresponde ver por su salud, educación, y a la fecha no sabe nada de él, lo que se le hace injusto por una cuestión de dinero. A pregunta de la fiscalía, señaló que en la carpeta de investigación obran comprobantes de entrega de dinero a la ofendida; por su parte, la ofendida y el asesor jurídico se abstuvieron de formular interrogantes. b) Solicitud de vinculación a proceso Posteriormente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional del Procedimientos Penales, el asesor jurídico de la víctima solicitó vincular a proceso a Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, por el delito materia de imputación. Pasa sustentar su solicitud, señaló como datos de prueba, la querella presentada por Reyna Isabel Pacheco Ortiz, el doce de abril de dos mil diecisiete, en la que manifestó que contrajo matrimonio con el imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, de quien ya se encuentra separada y divorciada legalmente. Señaló que derivado de esa relación matrimonial procrearon a su menor hijo de iniciales Y.E.P.P.; asimismo, al divorciarse efectuaron un convenio, en el que se fijó obligación del imputado de proveerle de alimentos por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, lo que a la fecha ha incumplido. De igual manera, consta en autos acta de nacimiento 00264, a nombre del menor de identidad reservada Y.E.P.P., con fecha veintiocho de enero de dos mil nueve y expedida en el Registro Civil del Estado de Sonora, con lo que se acredita la relación paterno-filial del imputado con su menor hijo. Aduce que también obran las entrevistas de Juan Pablo Sánchez León e Irene Guadalupe Pacheco Ortíz, esposo y hermana de la ofendida, quienes refirieron que les consta la relación de matrimonio de la ofendida con el imputado, así como que el menor vive con la querellante, quien ha sido la única que se encarga de la atención del menor de edad; asimismo, que el imputado ha incumplido con el convenio realizado, sin causa justificada. Se cuenta también con la pericial en materia de grafoscopía, elaborada por la especialista adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, respecto las firmas cuestionadas de la ofendida Reyna Isabel Pacheco Ortiz. Señaló que los numerales 513 y 516 del Código de Familia, prevén las obligaciones de los padres para proporcionar alimentos a quien tiene obligación de dar, ni se advierte impedimento alguno para ello. Señaló que en la carpeta de investigación obran los recibos del año dos mil once, de los que se desprende que la firma que calzan los citados documentos no corresponden a la de la ofendida. Seguidamente, la juez responsable le hizo del conocimiento al imputado, aquí quejoso, el plazo para resolver su situación jurídica; ante ello, el propio imputado y su defensor, solicitaron que ello ocurriera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. c) Medida cautelar. La representación social solicitó la imposición de medidas cautelares al imputado, consistentes en la presentación periódica ante el juzgado responsable, la fijación de la garantía de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y la prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad donde reside, lo anterior, a fin de garantizar su presencia en ese proceso, en términos de los numerales 155, fracción I, II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por su parte, en uso de la voz, la ofendida y su asesor jurídico se abstuvieron de hacer manifestación alguna. La defensa, por su parte, manifestó no estar de acuerdo en la imposición de la medida cautelar citada en la fracción I del citado numeral, pues su defendido compareció sin necesidad de que sea buscado, por lo que considera innecesario ser sujeto de presentarse periódicamente a firmar periódicamente; en cuanto a la exhibición de la garantía económica refirió que de fijarse tal medida ésta sea asequible a las percepciones de su defendido; y respecto de la prohibición de salir del Estado o del país, manifestó que están de acuerdo con la imposición de tal medida. En uso de la voz, la fiscalía señaló que no obraba en autos documento alguno que acreditara la solvencia del imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, aunado al hecho que cuenta con defensor particular y puede costear la citada garantía. Acto seguido, la juez responsable impuso al peticionario de amparo, como medidas cautelares las contenidas en las fracciones II y V del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y la prohibición del salir del país sin autorización, y la prohibición de acercarse a la víctima, así como a los testigos mencionados por el asesor jurídico en esa audiencia. Además, señaló que, atendiendo a las manifestaciones de la defensa del hoy imputado, en cuanto a la solvencia económica del imputado, no se acredita, pues únicamente de forma genérica se pidió la exhibición de una garantía más baja, sin señalar las razones por las cuales lo estima así, por lo que es dable fijar la solicitada por la fiscal; por último, precisó que era innecesaria la medida de presentación periódica del imputado a firmar periódicamente pues no ha incumplido con las citaciones hechas en el proceso. d) Dictado de auto de vinculación a proceso. Posteriormente, el doce de diciembre de dos mil veintiuno, se continuó con la audiencia dentro de la causa penal 3077/2020, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, de la que se obtiene, en lo que interesa, que se identificaron la agente del Ministerio Público del Fuero Común, el asesor jurídico de la víctima Reyna Isabel Pacheco Ortiz, y ésta; el defensor particular de Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, y éste como el investigado. Conforme lo dispuesto en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez responsable preguntó a la defensa si tenían datos de prueba que ofrecer, a lo que manifestó que se hacían consistir en los obrantes en la carpeta de investigación. En cuanto a los hechos que se imputan a su defendido, esencialmente precisó que no es correcto, pues en su declaración aclaró y manifestó que nunca se ha desvinculado de la atención con el menor ni de proporcionarle el sustento necesario, y que el único enlace que lo vincula con su hijo fue su suegro, quien ya no vive. Sostiene que lo anterior se corrobora con los documentos que obran en la carpeta de investigación, como son los mensajes de "whatsapp", de los que se evidencia cuando proporcionaba su pensión y cuando preguntaba su menor hijo por él; asimismo, refiere que dicho testigo -difunto- se encontraba presente cuando firmaba los recibos de entrega de dinero a la ofendida Reyna Isabel Pacheco Ortiz, lo que a la fecha ésta niega. Refiere que obra la entrevista de la testigo Paola Carolina Miranda Bejarano, quien lo acompañaba cuando iba y hacía entrega a la ofendida Reyna Isabel Pacheco Ortiz, de la pensión al menor de edad. Asimismo, la entrevista de María Jesús Rodríguez Quijada, quien refirió que le consta que en varias ocasiones, inclusive en marzo de dos mil dieciséis, personalmente le entregó al señor Ramón Pacheco -padre de la ofendida- la suma de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), como pensión para el menor de edad; persona aquella que formaba parte importante, pues era el único vínculo entre el padre y el menor, pues se encontraba presente cuando se entregaba el dinero y la ofendida firmaba los comprobantes de entrega del dinero relativo a la pensión del menor de edad. Obra también la entrevista formulada por Luis Ariel Padilla Rodríguez, hermano del ahora imputado, quien se condujo en el mismo sentido, esto es, que en algunas ocasiones fue a dejarle el dinero al señor Ramón Pacheco, incluso vía depósitos bancarios y en "Oxxo". Señala que también se cuenta con el testimonio de Jesús Vélez Soto, quien varias ocasiones acompañó al imputado al domicilio de Reyna Isabel Pacheco Ortiz, a fin de ver al menor de edad y llevarle su pensión; lo anterior, pues en esa época el imputado no contaba con vehículo y dicho individuo lo llevaba por él. Todo lo anterior se corrobora con una serie de mensajes de "whatsapp" con Ramón Pacheco, padre de la ofendida, de los que se advierte que el imputado se presentaba en el domicilio de la ofendida o en el negocio de su padre, frente al que se firmaban los recibos de entrega de dinero con motivo de pensión. Aduce la defensa que se ofreció como prueba de su intención la pericial en grafoscopía a cargo del perito criminalista José de Jesús Martínez Alarcón, quien determinó que las firmas que plasman los citados de recibo señalados, fueron plasmadas del puño y letra de Reyna Isabel Pacheco Ortiz. Destaca que la pericial aportada por la fiscalía, en la que sostuvo que las firmas contenidas en los citados documentos, no corresponden a la citada persona; sin embargo, su objetividad no está plenamente determinada, pues la citada especialista está adscrita la fiscalía general de Justicia del Estado de Sonora, al igual que la representación social. En atención a lo anterior, solicitó no se vincule a proceso a su defendido. En uso de la voz, la fiscalía refirió que el dicho del imputado, en el sentido de que el numerario se entregaba al señor Ramón Pacheco, carece de relevancia, pues no estaba autorizado legalmente para ello; asimismo, que los mensajes vía "whatsapp" carecen de la debida cadena de custodia y su pericial correspondiente e insistió se vincule a proceso al imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez; por su parte, el asesor jurídico se adhirió a la petición de la fiscalía; en tanto que la ofendida se abstuvo de hacer manifestación. En contraréplica, la defensa del imputado hizo manifestaciones respecto los argumentos de la fiscalía; por su parte, ésta dio contestación a tales argumentos y el imputado abonó a ello. Posteriormente, la juez responsable, conforme lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo, Constitucional, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedió a resolver la situación jurídica del aquí quejoso, sosteniendo que se satisfacían los requisitos constitucionales y legales para dictar auto de vinculación a proceso. Al respecto, indicó que se le formuló imputación por la parte querellante y se le dio la oportunidad de declarar, lo que así aconteció en la parte inicial de la audiencia. Señaló que de los datos integrantes de la investigación inicial se advertían datos suficientes y razonables que permitían establecer la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, y cometido en agravio del menor de edad mencionado Lo anterior, pues refirió que el activo Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, desde octubre de dos mil once a marzo de dos mil diecisiete, dejo de proporcionar los alimentos a su menor hijo, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo, sin advertirse hasta ese momento alguna causa de justificación para ello. Señaló que el delito que se imputa al quejoso es de carácter omisivo, lo que aduce quedó establecido pues desde octubre de dos mil once a marzo de dos mil diecisiete, ha dejado de cumplir con tal obligación, y de acuerdo al numeral 513 del Código de Familia, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia en caso de enfermedad y, respecto de los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Precisó que también se acredita que dicha omisión no ha sido con causa justificada por quien tiene la obligación de suministrar los alimentos, pues se advierte que el menor pasivo es descendiente del imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, así como la obligación que este último tiene como padre de aquél, por lo que en término del precepto 516 del citado código familiar, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Dichos elementos se acreditan con las pruebas siguientes: Querella presentada por Reyna Isabel Pacheco Ortiz, en la que manifestó que contrajo matrimonio con el imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, de quien ya se encuentra separada y divorciada legalmente; relación de la que procrearon a su menor hijo de iniciales Y.E.P.P.; asimismo, al divorciarse efectuaron un convenio, en el que se fijó obligación del imputado de proveerle de alimentos por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, lo que no ha cumplido debidamente desde octubre de dos mil once a marzo de dos mil diecisiete, a pesar de que cuenta con empleo y percibe ganancias por ello. De igual manera, obran las entrevistas de Juan Pablo Sánchez León e Irene Guadalupe Pacheco Ortíz, esposo y hermana de la ofendida, quienes refirieron que les consta la relación de matrimonio de la ofendida con el imputado, así como que el menor vive con la querellante, quien ha sido la única que se encarga de la atención del menor de edad; asimismo, que el imputado ha incumplido con el convenio realizado, sin causa justificada. A ello se suma el acta de nacimiento 00264, a nombre del menor de identidad reservada Y.E.P.P., de la que no solo se advierte la minoría de edad, sino la calidad específica del imputado, en el caso, su padre y, por ello, tiene obligación de administrar alimentos. Señala que los datos de prueba aportados en esa etapa procesal son pertinentes para establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto en el numeral 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, y cometido en agravio del menor de edad Y.E.P.P. De igual manera, se advierte datos de prueba idóneos para suponer razonablemente que el imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, probablemente cometió el citado hecho que la ley señalada como delito, y en términos del precepto 11, fracción I, del citado código, pues, reitera, obran la querella, acta de nacimiento y entrevistas señaladas con anterioridad. Precisó que a favor del imputado no se materializó alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Señaló que si bien durante el desarrollo de la audiencia, al rendir declaración, el imputado de mérito hizo diversas manifestaciones en el sentido de que Ramón Pacheco, padre de Reyna Isabel Pacheco Ortiz, era quien recibía el numerario relativo a la pensión a favor de su menor hijo, así como el dicho de otras personas que corroboran su dicho, es decir, que acompañaban a éste a dejar dicho dinero, o bien, a efectuar los depósitos por ello; sin embargo, como lo refirió la fiscalía, dichas manifestaciones resultan ser insuficientes, pues además de no referir las fechas algunos de ellos, refiere que el conducto o enlace de ello era el abuelo del menor, empero, quien tenía la custodia era la madre del menor, por lo que a ésta es a quien debía entregarse tal numerario; además, que no obra constancia que autorizara que fuera el abuelo quien recibiera la pensión a favor del menor de identidad reservada Y.E.P.P. En otro aspecto, respecto las conversaciones de "Whatsapp" aludidas por el imputado y su defensa, entre Ernesto Alonso Padilla Rodríguez y Ramón Pacheco, las mismas carecen del valor pretendido, pues al tratarse comunicaciones privadas, se requiere de un procedimiento de intervención de comunicación, sin que obre constancia que se hayan autorizado conforme lo establece el artículo 291 del Código Nacional de Procedimiento Penales; de ahí que la forma en que fueron obtenidas, no es dable dotarles valor. Respecto a la pericial ofrecida por la defensa del imputado, en relación con los recibos de pago, se contrapone a la exhibida por la fiscalía; empero, esa diferencia en resultados también justifica una vinculación a proceso, a efecto de que se siga con una investigación complementaria, a fin de que se determine si se trata o no de la firma de la madre del menor de edad, lo que de suyo no se advierte de las deposiciones de las partes. De ahí que los datos de prueba y manifestaciones de la defensa y el imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, sean insuficientes hasta esa etapa para desvirtuar el señalamiento que hace de forma directa la hoy ofendida y los testigos contra el citado imputado. Por último, en cuanto a lo manifestado por la defensa, relativo al periodo que reclama la querellante es un periodo largo, por lo que si hubiere existido ese grado de necesidad no hubiera reclamado tal lapso, sino que lo hubiere hecho de inmediato, sin embargo, ello no exime al imputado de las obligaciones que lo vinculan con el menor de edad. Con base en lo anterior, estimó que Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, es probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio del menor de identidad reservada Y.E.P.P., por lo que, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de vinculación en su contra, por su probable participación en la comisión del delito referido. e) Plazo de cierre para concluir la investigación A petición de la fiscalía, sin debate al respecto por parte de la defensa e imputado, la juez responsable concedió el plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria. Asentado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la juez responsable, al dictar la resolución aquí combatida. Ello es así, toda vez que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se evidencia de las videograbaciones, la juez responsable, al reunirse los requisitos formales y legales, verificó que el aquí quejoso conociera sus derechos; se le formuló imputación, donde la fiscalía le hizo saber que se ejerció acción penal contra Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, por hechos constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, y que era probable que el imputado participó en su comisión como autor material y a título doloso. Posterior a ello, el imputado tuvo oportunidad de rendir declaración, lo que así aconteció. Además, se le dictó auto de vinculación a proceso dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas -doce de diciembre de dos mil veintiuno-, acorde a su petición, tomando en cuenta que compareció a la audiencia de imputación el seis de diciembre de ese año, por lo que el plazo para resolver su situación jurídica fenecía en aquella fecha; por tanto, si la determinación en que se le vinculó a proceso se pronunció en esta última fecha, es evidente que se realizó dentro del plazo establecido por el tercer párrafo del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, no existe transgresión a las garantías consagradas en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, pues quedaron satisfechas todas las fases previas al dictado del acto que se analiza. En ese contexto, es claro que se dio cabal satisfacción a los requisitos de forma exigidos por la ley para el dictado de la resolución como la que aquí se examina. Luego, a efecto de analizar si se cumplen los requisitos de fondo del auto de vinculación a proceso del imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez -quejoso-, es dable destacar que se le atribuye la probable participación en el hecho considerado como el delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el numeral 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, en agravio del menor de identidad reservada Y.E.P.P., que dispone: "Artículo 232. El que, sin causa justificada, deje de cumplir con la obligación de ministrar alimentos a quienes legalmente tenga obligación de dar, será sancionado con prisión de tres meses a tres años, de diez a ciento cincuenta días multa, y pérdida de los derechos de familia, en su caso." En primer término, es menester señalar que de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía se desprende, como lo señaló la juez de control, la existencia de datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones familiares. En efecto, la juez responsable esencialmente sostuvo que acorde a lo dispuesto en los numerales 513 y 516 del Código de Familia del Estado de Sonora, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia en caso de enfermedad y, respecto de los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Señaló que al tratarse de un delito omisivo, la obligación del imputado de administrar alimentos quedó establecida acorde al convenio celebrado legalmente con la madre del menor, en el que se fijó la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional). Lo que corroboró con el acta de nacimiento 00264, a nombre del menor de identidad reservada Y.E.P.P., de la que no solo se advierte la minoría de edad, sino la calidad específica del imputado, en el caso, su padre y, por ello, tiene obligación de administrar alimentos. En esa virtud, determinó que al momento de disolver el vínculo matrimonial, convinieron que debería pagarse a favor del menor de identidad reservada Y.E.P.P., como pensión alimenticia, la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), mensuales, y ello no se ha cumplido, es posible dejar establecido el ilícito de incumplimiento de obligaciones familiares. Datos de prueba de los que se desprende que en el periodo comprendido de octubre de dos mil once a marzo de dos mil diecisiete, a manera probable, no se han efectuado pagos a favor de la víctima menor de identidad reservada Y.E.P.P. Se suman a lo anterior las entrevistas de Juan Pablo Sánchez León e Irene Guadalupe Pacheco Ortíz, esposo y hermana de la ofendida, quienes refirieron que les consta la relación de matrimonio de la ofendida con el imputado, así como que el menor vive con la querellante, quien ha sido la única que se encarga de la atención del menor de edad; asimismo, que el imputado ha incumplido con el convenio realizado, sin causa justificada. Ahora, en cuanto a que exista la probabilidad de que Ernesto Alonso Padilla Rodríguez participó en la comisión del hecho referido, ello se deriva de lo dispuesto en el artículo 516 del Código de Familia para el Estado de Sonora, así como el convenio celebrado, y que no desconoce el citado imputado, entre éste y la querellante, en el que se acordó la exhibición de la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de la víctima, como pensión alimenticia. Por otro lado, es correcta la determinación de la juez de control, en el sentido de que no se acreditó a favor del imputado ninguna causa excluyente de responsabilidad a que se refiere el artículo 13 del Código Penal de la Entidad. Así, los datos de prueba aportados por la fiscalía contienen datos suficientes que permiten concluir con el criterio plasmado por la juez responsable al determinar vincular a proceso al aquí quejoso, lo cual no es contrario a sus derechos fundamentales. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de vincular a proceso al peticionario de amparo Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, pues existen datos que establecen que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y existe la probabilidad de que éste lo cometió. En este punto debe señalarse que la vinculación a proceso no significa el fin de la investigación, por el contrario, la misma va a continuar pero de una manera formalizada o judicializada, ya con una Litis determinada (en lo referente al hecho y a la persona), es decir, las partes pueden continuar reuniendo más elementos de convicción, con la garantía que, para que el plazo judicial no sea una excusa para dilatar el proceso, esté limitada al plazo judicial fijado al momento de vincularse a proceso. Dicho de otra manera, con la vinculación a proceso sólo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la fiscalía, dentro del plazo fijado por el juez de control; por tanto, éste no está en condiciones de exigir que se reúnan todos los elementos de convicción del caso concreto, sino a lo que humanamente se puede obtener dentro de la temporalidad de la investigación preliminar, en el entendido de que, con la vinculación, se seguirá investigando. En la etapa de investigación complementaria, será que las partes interesadas estarán en aptitud de aportar mayores datos de convicción para demostrar o desvirtuar el hecho materia de la imputación. De ahí que la resolución reclamada deriva de un procedimiento en el que, hasta el momento, se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, así como de legalidad y seguridad jurídica, por lo que contrariamente a lo afirmado por el quejoso en sus conceptos de violación, no se vulneran los derechos humanos consagrados en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Como corolario de lo anterior, se itera, que en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si se cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Carta Magna, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión; para ello, el juez de control debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Como apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En otro orden de ideas, el solicitante del amparo aduce que el juez responsable no valoró los datos de prueba ofrecidos para tener por acreditada la inexistencia del incumplimiento del convenio celebrado con la madre del menor de identidad reservada Y.E.P.P. Motivos de inconformidad que devienen infundados. Es así, pues contrariamente a lo afirmado por el quejoso, la juez responsable sí tomó en consideración los medios de convicción ofrecidos por su defensa. En efecto, la juez responsable desestimó el testimonio del quejoso en el sentido de que sí cumple alimentariamente con su hijo Y.E.P.P., pues hacía entrega de la indemnización fijada a Ramón Pacheco, padre de la ofendida Reyna Isabel Pacheco Ortiz; empero, como bien lo sostuvo la juez responsable, quien tenía la custodia era la madre del menor, por lo que a ésta es a quien debía entregarse tal numerario; además, que no obra constancia que autorizara que fuera el abuelo quien recibiera la pensión a favor del menor de identidad reservada; máxime que ello no es causa de justificación atendiendo a lo previsto en la ley. Como corolario de lo anterior, conviene hacer algunas precisiones respecto al tema de la oportunidad probatoria y la facultad del juez de control de valorar los datos de prueba aportados en esa etapa. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el querellante -en su facultad de ejercer acción penal particular- y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho señalado por la ley como delito y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación-. Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el querellante aporte datos, esto es, la referencia al contenido de determinados medios de prueba que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A) del artículo 20 Constitucional, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el juez de control debe analizar y resolver únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso se haga referencia, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Dicho de otra manera, el estándar probatorio se rigió por el grado de razonabilidad de los datos que, a criterio del juzgador, establecieron que se cometió dicho ilícito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo realizó. Es importante destacar que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia al hecho que se considera delictivo y determinan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, los daños causados y su monto aproximado, así como la calidad de víctima u ofendido, los que, en la postura asumida por el asesor jurídico y la víctima, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. Bajo estos lineamientos, se concluye que la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos obtenidos por la parte querellante, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el indiciado a virtud de la acción penal que ejerció en su contra. En tales consideraciones, el juez de control debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el querellante obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones allí vertidas, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido, lo cual en el caso no sucedió. Por otro lado, se impone destacar que con base al nuevo modelo de sistema de justicia penal de corte acusatorio en México, y en atención al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en la fracción III del numeral 316 del citado código se prevé que debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, como se precisó en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." Por otra parte, en una parte de los antecedentes de la demanda de derechos, el peticionario de amparo refiere que este juicio debe ser analizado de acuerdo con el principio pro persona o pro homine, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Es decir, el aludido principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de los individuos, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución igualmente plausibles a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. No obstante lo anterior, se considera necesario señalar que la determinación impugnada no es violatoria del principio pro persona o pro homine, que contempla el artículo 1 Constitucional, dado que de éste no se desprende que las cuestiones planteadas por los gobernados necesariamente deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables. Así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." En ese sentido, no ha lugar a dar cabida a la interpretación más favorable en favor de la parte quejosa, ya que la misma no encuentra sustento en las reglas de derecho aplicables, en virtud de las consideraciones plasmadas con antelación. Por último, contrario a lo que aduce el solicitante del amparo, el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado. Al caso es aplicable el criterio 1a./J. 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Además, esa motivación y fundamentación son las adecuadas, ya que, como quedó plasmado en párrafos precedentes, el juez responsable acertadamente se pronunció en torno a los argumentos expuestos por las partes en la audiencia que constituye el acto reclamado. V. Decisión En esa virtud, en atención a las anteriores consideraciones, y al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, en contra del acto reclamado a la juez de control responsable, por las razones plasmadas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada, y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, contra el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad, y remitido a este órgano judicial, por razón de turno, el día siguiente, Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido a la citada juez penal y que más adelante se precisará. Se admite demanda. Mediante acuerdo de treinta de diciembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante acuerdo de treinta y uno de enero y diez de marzo del presente año, se reconoció el carácter de terceros interesados al menor de identidad reservada Y.E.P.P., y a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querella, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que se ordenó su emplazamiento, y dicha institución ministerial se apersonó a juicio. Finalmente, en esta fecha se llevó a cabo la audiencia constitucional en este juicio, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo, atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito; además de que la medida cautelar impuesta se está ejecutando en esta ciudad. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso de doce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado contra Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, por hechos posiblemente constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Sonora. En este apartado debe destacarse que al reclamarse el auto de vinculación a proceso, este juzgador se encuentra constreñido no sólo a analizar si dicha resolución satisface los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también examinar los temas restantes sobre los que se pronunció el juez de control en dicha etapa, y que convergen en el desarrollo de la audiencia inicial y su continuación. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I.6o.P.89 P (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO SE RECLAMÓ ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONSTREÑIRSE A ANALIZAR SI SATISFACE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO TAMBIÉN A EXAMINAR LOS TEMAS RESTANTES SOBRE LOS QUE SE PRONUNCIÓ EL JUEZ DE CONTROL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y QUE CONVERGEN EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA INICIAL." Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 3077/2020 de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan infundados e ineficaces, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y acorde a la jurisprudencia 1a./J. 94/2011, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Al respecto, los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [..]" La interpretación de dichos numerales permite considerar que, en el primero, se garantiza que ninguna persona puede ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino mediante un juicio seguido ante los órganos jurisdiccionales ya establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En tanto que el segundo de ellos consagra la garantía de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad; entendiéndose por fundamentación la cita del o los preceptos aplicables al caso, y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Y, en el tercero, el Constituyente Federal estableció el término de setenta y dos horas para que los juzgadores de instancia resuelvan la situación jurídica de los imputados, con el dictado de un auto en el que se determine la libertad del individuo o su vinculación a proceso; en la inteligencia que, de darse el último supuesto, deberá expresarse, en el auto correspondiente, el delito imputado, circunstancias de ejecución del mismo y que los datos que arroje la carpeta de investigación establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A fin de entender la naturaleza del acto que aquí se reclama es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior -intermedia-, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo que se le atribuye. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la interpretación armónica de los dispositivos legales en mención y del contenido del artículo 19 Constitucional, es dable considerar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que ha dictado un auto de vinculación a proceso, ha sido acorde a derecho. Los primeros son: a) Que exista formulación de la imputación; b) Que el imputado haya tenido oportunidad de rendir declaración; y, c) Que se dicte a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. Los segundos, pueden enumerarse como: a) La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; b) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, c) Que no se materialice alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Para afirmar que dichas exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito y la probabilidad de la participación del activo, dado que la resolución de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de título: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En este orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público o la parte querellante no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, a manera de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Precisado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la juez de control responsable, al dictar la resolución aquí cuestionada. Para ello, es preciso señalar que del contenido del disco compacto relativo a la videograbación de la audiencia inicial celebrada el treinta de junio de dos mil veinte, en la causa penal 3077/2020, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, se obtiene, en lo que interesa, que se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal en el Estado de Sonora, en la que se identificaron la agente del Ministerio Público; ofendida y su asesor particular; el defensor particular de Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, y éste como el investigado. En esa audiencia, la juez responsable preguntó al quejoso si designaba como su patrocinador jurídico al profesionista señalado, quien aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo, si le habían sido explicados sus derechos, a lo que contestó que sí; cuestionó a la defensa respecto si se había impuesto de la carpeta de investigación y entrevistado en privado con su defendido, contestando afirmativamente; y éste último manifestó que sus datos personales sean proporcionados de manera reservada. a) Formulación de la imputación En esa audiencia, la representación social, hizo relatoría de los hechos que se consideran delictivos y, a su parecer, los datos de prueba que establecen y determinan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, los que acrediten los daños causados y su monto aproximado; asimismo, señaló los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción; por su parte, la ofendida, su asesor, el imputado y su defensor particular se abstuvieron de hacer manifestación alguna. Luego, la juez de control explicó al imputado la pertinencia de rendir declaración y si había entendido la imputación, manifestándose en sentido afirmativo; asimismo, el imputado manifestó que era su deseo declarar. La juzgadora le hizo saber sus derechos al aquí quejoso y lo exhortó a que se condujera con verdad en su declaración, así como que las partes tienen derecho a formularle preguntas y su derecho a no contestar. El imputado -quejoso- señaló que en base a lo que se le imputa, manifestó que es falso, pues la relación que tuvo con la ofendida fue un poco turbia, siempre le han dado, no siempre personal, sino con el abuelo del menor; reitera que frente a su suegro, llegaron a un acuerdo en el que determinaron que depositaría a su ex esposa para que le prestara al menor, lo que respalda con el dicho de su hermano, quien lo acompañaba; aduce que el dinero lo dejaba con su mamá y se lo daban a su ex suegro, quien aceptó que en varias ocasiones, recibió en algunas ocasiones el dinero; sostiene que la imputación que se le formula es en base a inconsistencias, pues por error confió en que la entrega de dinero que hacía por conducto del padre de la ofendida era legítima; señala que el menor vivió con él y que como padre le corresponde ver por su salud, educación, y a la fecha no sabe nada de él, lo que se le hace injusto por una cuestión de dinero. A pregunta de la fiscalía, señaló que en la carpeta de investigación obran comprobantes de entrega de dinero a la ofendida; por su parte, la ofendida y el asesor jurídico se abstuvieron de formular interrogantes. b) Solicitud de vinculación a proceso Posteriormente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional del Procedimientos Penales, el asesor jurídico de la víctima solicitó vincular a proceso a Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, por el delito materia de imputación. Pasa sustentar su solicitud, señaló como datos de prueba, la querella presentada por Reyna Isabel Pacheco Ortiz, el doce de abril de dos mil diecisiete, en la que manifestó que contrajo matrimonio con el imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, de quien ya se encuentra separada y divorciada legalmente. Señaló que derivado de esa relación matrimonial procrearon a su menor hijo de iniciales Y.E.P.P.; asimismo, al divorciarse efectuaron un convenio, en el que se fijó obligación del imputado de proveerle de alimentos por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, lo que a la fecha ha incumplido. De igual manera, consta en autos acta de nacimiento 00264, a nombre del menor de identidad reservada Y.E.P.P., con fecha veintiocho de enero de dos mil nueve y expedida en el Registro Civil del Estado de Sonora, con lo que se acredita la relación paterno-filial del imputado con su menor hijo. Aduce que también obran las entrevistas de Juan Pablo Sánchez León e Irene Guadalupe Pacheco Ortíz, esposo y hermana de la ofendida, quienes refirieron que les consta la relación de matrimonio de la ofendida con el imputado, así como que el menor vive con la querellante, quien ha sido la única que se encarga de la atención del menor de edad; asimismo, que el imputado ha incumplido con el convenio realizado, sin causa justificada. Se cuenta también con la pericial en materia de grafoscopía, elaborada por la especialista adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, respecto las firmas cuestionadas de la ofendida Reyna Isabel Pacheco Ortiz. Señaló que los numerales 513 y 516 del Código de Familia, prevén las obligaciones de los padres para proporcionar alimentos a quien tiene obligación de dar, ni se advierte impedimento alguno para ello. Señaló que en la carpeta de investigación obran los recibos del año dos mil once, de los que se desprende que la firma que calzan los citados documentos no corresponden a la de la ofendida. Seguidamente, la juez responsable le hizo del conocimiento al imputado, aquí quejoso, el plazo para resolver su situación jurídica; ante ello, el propio imputado y su defensor, solicitaron que ello ocurriera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. c) Medida cautelar. La representación social solicitó la imposición de medidas cautelares al imputado, consistentes en la presentación periódica ante el juzgado responsable, la fijación de la garantía de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y la prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad donde reside, lo anterior, a fin de garantizar su presencia en ese proceso, en términos de los numerales 155, fracción I, II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por su parte, en uso de la voz, la ofendida y su asesor jurídico se abstuvieron de hacer manifestación alguna. La defensa, por su parte, manifestó no estar de acuerdo en la imposición de la medida cautelar citada en la fracción I del citado numeral, pues su defendido compareció sin necesidad de que sea buscado, por lo que considera innecesario ser sujeto de presentarse periódicamente a firmar periódicamente; en cuanto a la exhibición de la garantía económica refirió que de fijarse tal medida ésta sea asequible a las percepciones de su defendido; y respecto de la prohibición de salir del Estado o del país, manifestó que están de acuerdo con la imposición de tal medida. En uso de la voz, la fiscalía señaló que no obraba en autos documento alguno que acreditara la solvencia del imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, aunado al hecho que cuenta con defensor particular y puede costear la citada garantía. Acto seguido, la juez responsable impuso al peticionario de amparo, como medidas cautelares las contenidas en las fracciones II y V del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y la prohibición del salir del país sin autorización, y la prohibición de acercarse a la víctima, así como a los testigos mencionados por el asesor jurídico en esa audiencia. Además, señaló que, atendiendo a las manifestaciones de la defensa del hoy imputado, en cuanto a la solvencia económica del imputado, no se acredita, pues únicamente de forma genérica se pidió la exhibición de una garantía más baja, sin señalar las razones por las cuales lo estima así, por lo que es dable fijar la solicitada por la fiscal; por último, precisó que era innecesaria la medida de presentación periódica del imputado a firmar periódicamente pues no ha incumplido con las citaciones hechas en el proceso. d) Dictado de auto de vinculación a proceso. Posteriormente, el doce de diciembre de dos mil veintiuno, se continuó con la audiencia dentro de la causa penal 3077/2020, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, de la que se obtiene, en lo que interesa, que se identificaron la agente del Ministerio Público del Fuero Común, el asesor jurídico de la víctima Reyna Isabel Pacheco Ortiz, y ésta; el defensor particular de Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, y éste como el investigado. Conforme lo dispuesto en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez responsable preguntó a la defensa si tenían datos de prueba que ofrecer, a lo que manifestó que se hacían consistir en los obrantes en la carpeta de investigación. En cuanto a los hechos que se imputan a su defendido, esencialmente precisó que no es correcto, pues en su declaración aclaró y manifestó que nunca se ha desvinculado de la atención con el menor ni de proporcionarle el sustento necesario, y que el único enlace que lo vincula con su hijo fue su suegro, quien ya no vive. Sostiene que lo anterior se corrobora con los documentos que obran en la carpeta de investigación, como son los mensajes de "whatsapp", de los que se evidencia cuando proporcionaba su pensión y cuando preguntaba su menor hijo por él; asimismo, refiere que dicho testigo -difunto- se encontraba presente cuando firmaba los recibos de entrega de dinero a la ofendida Reyna Isabel Pacheco Ortiz, lo que a la fecha ésta niega. Refiere que obra la entrevista de la testigo Paola Carolina Miranda Bejarano, quien lo acompañaba cuando iba y hacía entrega a la ofendida Reyna Isabel Pacheco Ortiz, de la pensión al menor de edad. Asimismo, la entrevista de María Jesús Rodríguez Quijada, quien refirió que le consta que en varias ocasiones, inclusive en marzo de dos mil dieciséis, personalmente le entregó al señor Ramón Pacheco -padre de la ofendida- la suma de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), como pensión para el menor de edad; persona aquella que formaba parte importante, pues era el único vínculo entre el padre y el menor, pues se encontraba presente cuando se entregaba el dinero y la ofendida firmaba los comprobantes de entrega del dinero relativo a la pensión del menor de edad. Obra también la entrevista formulada por Luis Ariel Padilla Rodríguez, hermano del ahora imputado, quien se condujo en el mismo sentido, esto es, que en algunas ocasiones fue a dejarle el dinero al señor Ramón Pacheco, incluso vía depósitos bancarios y en "Oxxo". Señala que también se cuenta con el testimonio de Jesús Vélez Soto, quien varias ocasiones acompañó al imputado al domicilio de Reyna Isabel Pacheco Ortiz, a fin de ver al menor de edad y llevarle su pensión; lo anterior, pues en esa época el imputado no contaba con vehículo y dicho individuo lo llevaba por él. Todo lo anterior se corrobora con una serie de mensajes de "whatsapp" con Ramón Pacheco, padre de la ofendida, de los que se advierte que el imputado se presentaba en el domicilio de la ofendida o en el negocio de su padre, frente al que se firmaban los recibos de entrega de dinero con motivo de pensión. Aduce la defensa que se ofreció como prueba de su intención la pericial en grafoscopía a cargo del perito criminalista José de Jesús Martínez Alarcón, quien determinó que las firmas que plasman los citados de recibo señalados, fueron plasmadas del puño y letra de Reyna Isabel Pacheco Ortiz. Destaca que la pericial aportada por la fiscalía, en la que sostuvo que las firmas contenidas en los citados documentos, no corresponden a la citada persona; sin embargo, su objetividad no está plenamente determinada, pues la citada especialista está adscrita la fiscalía general de Justicia del Estado de Sonora, al igual que la representación social. En atención a lo anterior, solicitó no se vincule a proceso a su defendido. En uso de la voz, la fiscalía refirió que el dicho del imputado, en el sentido de que el numerario se entregaba al señor Ramón Pacheco, carece de relevancia, pues no estaba autorizado legalmente para ello; asimismo, que los mensajes vía "whatsapp" carecen de la debida cadena de custodia y su pericial correspondiente e insistió se vincule a proceso al imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez; por su parte, el asesor jurídico se adhirió a la petición de la fiscalía; en tanto que la ofendida se abstuvo de hacer manifestación. En contraréplica, la defensa del imputado hizo manifestaciones respecto los argumentos de la fiscalía; por su parte, ésta dio contestación a tales argumentos y el imputado abonó a ello. Posteriormente, la juez responsable, conforme lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo, Constitucional, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedió a resolver la situación jurídica del aquí quejoso, sosteniendo que se satisfacían los requisitos constitucionales y legales para dictar auto de vinculación a proceso. Al respecto, indicó que se le formuló imputación por la parte querellante y se le dio la oportunidad de declarar, lo que así aconteció en la parte inicial de la audiencia. Señaló que de los datos integrantes de la investigación inicial se advertían datos suficientes y razonables que permitían establecer la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, y cometido en agravio del menor de edad mencionado Lo anterior, pues refirió que el activo Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, desde octubre de dos mil once a marzo de dos mil diecisiete, dejo de proporcionar los alimentos a su menor hijo, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo, sin advertirse hasta ese momento alguna causa de justificación para ello. Señaló que el delito que se imputa al quejoso es de carácter omisivo, lo que aduce quedó establecido pues desde octubre de dos mil once a marzo de dos mil diecisiete, ha dejado de cumplir con tal obligación, y de acuerdo al numeral 513 del Código de Familia, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia en caso de enfermedad y, respecto de los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Precisó que también se acredita que dicha omisión no ha sido con causa justificada por quien tiene la obligación de suministrar los alimentos, pues se advierte que el menor pasivo es descendiente del imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, así como la obligación que este último tiene como padre de aquél, por lo que en término del precepto 516 del citado código familiar, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Dichos elementos se acreditan con las pruebas siguientes: Querella presentada por Reyna Isabel Pacheco Ortiz, en la que manifestó que contrajo matrimonio con el imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, de quien ya se encuentra separada y divorciada legalmente; relación de la que procrearon a su menor hijo de iniciales Y.E.P.P.; asimismo, al divorciarse efectuaron un convenio, en el que se fijó obligación del imputado de proveerle de alimentos por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, lo que no ha cumplido debidamente desde octubre de dos mil once a marzo de dos mil diecisiete, a pesar de que cuenta con empleo y percibe ganancias por ello. De igual manera, obran las entrevistas de Juan Pablo Sánchez León e Irene Guadalupe Pacheco Ortíz, esposo y hermana de la ofendida, quienes refirieron que les consta la relación de matrimonio de la ofendida con el imputado, así como que el menor vive con la querellante, quien ha sido la única que se encarga de la atención del menor de edad; asimismo, que el imputado ha incumplido con el convenio realizado, sin causa justificada. A ello se suma el acta de nacimiento 00264, a nombre del menor de identidad reservada Y.E.P.P., de la que no solo se advierte la minoría de edad, sino la calidad específica del imputado, en el caso, su padre y, por ello, tiene obligación de administrar alimentos. Señala que los datos de prueba aportados en esa etapa procesal son pertinentes para establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto en el numeral 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, y cometido en agravio del menor de edad Y.E.P.P. De igual manera, se advierte datos de prueba idóneos para suponer razonablemente que el imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, probablemente cometió el citado hecho que la ley señalada como delito, y en términos del precepto 11, fracción I, del citado código, pues, reitera, obran la querella, acta de nacimiento y entrevistas señaladas con anterioridad. Precisó que a favor del imputado no se materializó alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Señaló que si bien durante el desarrollo de la audiencia, al rendir declaración, el imputado de mérito hizo diversas manifestaciones en el sentido de que Ramón Pacheco, padre de Reyna Isabel Pacheco Ortiz, era quien recibía el numerario relativo a la pensión a favor de su menor hijo, así como el dicho de otras personas que corroboran su dicho, es decir, que acompañaban a éste a dejar dicho dinero, o bien, a efectuar los depósitos por ello; sin embargo, como lo refirió la fiscalía, dichas manifestaciones resultan ser insuficientes, pues además de no referir las fechas algunos de ellos, refiere que el conducto o enlace de ello era el abuelo del menor, empero, quien tenía la custodia era la madre del menor, por lo que a ésta es a quien debía entregarse tal numerario; además, que no obra constancia que autorizara que fuera el abuelo quien recibiera la pensión a favor del menor de identidad reservada Y.E.P.P. En otro aspecto, respecto las conversaciones de "Whatsapp" aludidas por el imputado y su defensa, entre Ernesto Alonso Padilla Rodríguez y Ramón Pacheco, las mismas carecen del valor pretendido, pues al tratarse comunicaciones privadas, se requiere de un procedimiento de intervención de comunicación, sin que obre constancia que se hayan autorizado conforme lo establece el artículo 291 del Código Nacional de Procedimiento Penales; de ahí que la forma en que fueron obtenidas, no es dable dotarles valor. Respecto a la pericial ofrecida por la defensa del imputado, en relación con los recibos de pago, se contrapone a la exhibida por la fiscalía; empero, esa diferencia en resultados también justifica una vinculación a proceso, a efecto de que se siga con una investigación complementaria, a fin de que se determine si se trata o no de la firma de la madre del menor de edad, lo que de suyo no se advierte de las deposiciones de las partes. De ahí que los datos de prueba y manifestaciones de la defensa y el imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, sean insuficientes hasta esa etapa para desvirtuar el señalamiento que hace de forma directa la hoy ofendida y los testigos contra el citado imputado. Por último, en cuanto a lo manifestado por la defensa, relativo al periodo que reclama la querellante es un periodo largo, por lo que si hubiere existido ese grado de necesidad no hubiera reclamado tal lapso, sino que lo hubiere hecho de inmediato, sin embargo, ello no exime al imputado de las obligaciones que lo vinculan con el menor de edad. Con base en lo anterior, estimó que Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, es probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio del menor de identidad reservada Y.E.P.P., por lo que, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de vinculación en su contra, por su probable participación en la comisión del delito referido. e) Plazo de cierre para concluir la investigación A petición de la fiscalía, sin debate al respecto por parte de la defensa e imputado, la juez responsable concedió el plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria. Asentado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la juez responsable, al dictar la resolución aquí combatida. Ello es así, toda vez que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se evidencia de las videograbaciones, la juez responsable, al reunirse los requisitos formales y legales, verificó que el aquí quejoso conociera sus derechos; se le formuló imputación, donde la fiscalía le hizo saber que se ejerció acción penal contra Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, por hechos constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, y que era probable que el imputado participó en su comisión como autor material y a título doloso. Posterior a ello, el imputado tuvo oportunidad de rendir declaración, lo que así aconteció. Además, se le dictó auto de vinculación a proceso dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas -doce de diciembre de dos mil veintiuno-, acorde a su petición, tomando en cuenta que compareció a la audiencia de imputación el seis de diciembre de ese año, por lo que el plazo para resolver su situación jurídica fenecía en aquella fecha; por tanto, si la determinación en que se le vinculó a proceso se pronunció en esta última fecha, es evidente que se realizó dentro del plazo establecido por el tercer párrafo del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, no existe transgresión a las garantías consagradas en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, pues quedaron satisfechas todas las fases previas al dictado del acto que se analiza. En ese contexto, es claro que se dio cabal satisfacción a los requisitos de forma exigidos por la ley para el dictado de la resolución como la que aquí se examina. Luego, a efecto de analizar si se cumplen los requisitos de fondo del auto de vinculación a proceso del imputado Ernesto Alonso Padilla Rodríguez -quejoso-, es dable destacar que se le atribuye la probable participación en el hecho considerado como el delito de incumplimiento de obligaciones familiares, previsto y sancionado en el numeral 232 del Código Penal para el Estado de Sonora, en agravio del menor de identidad reservada Y.E.P.P., que dispone: "Artículo 232. El que, sin causa justificada, deje de cumplir con la obligación de ministrar alimentos a quienes legalmente tenga obligación de dar, será sancionado con prisión de tres meses a tres años, de diez a ciento cincuenta días multa, y pérdida de los derechos de familia, en su caso." En primer término, es menester señalar que de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía se desprende, como lo señaló la juez de control, la existencia de datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones familiares. En efecto, la juez responsable esencialmente sostuvo que acorde a lo dispuesto en los numerales 513 y 516 del Código de Familia del Estado de Sonora, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia en caso de enfermedad y, respecto de los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Señaló que al tratarse de un delito omisivo, la obligación del imputado de administrar alimentos quedó establecida acorde al convenio celebrado legalmente con la madre del menor, en el que se fijó la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional). Lo que corroboró con el acta de nacimiento 00264, a nombre del menor de identidad reservada Y.E.P.P., de la que no solo se advierte la minoría de edad, sino la calidad específica del imputado, en el caso, su padre y, por ello, tiene obligación de administrar alimentos. En esa virtud, determinó que al momento de disolver el vínculo matrimonial, convinieron que debería pagarse a favor del menor de identidad reservada Y.E.P.P., como pensión alimenticia, la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), mensuales, y ello no se ha cumplido, es posible dejar establecido el ilícito de incumplimiento de obligaciones familiares. Datos de prueba de los que se desprende que en el periodo comprendido de octubre de dos mil once a marzo de dos mil diecisiete, a manera probable, no se han efectuado pagos a favor de la víctima menor de identidad reservada Y.E.P.P. Se suman a lo anterior las entrevistas de Juan Pablo Sánchez León e Irene Guadalupe Pacheco Ortíz, esposo y hermana de la ofendida, quienes refirieron que les consta la relación de matrimonio de la ofendida con el imputado, así como que el menor vive con la querellante, quien ha sido la única que se encarga de la atención del menor de edad; asimismo, que el imputado ha incumplido con el convenio realizado, sin causa justificada. Ahora, en cuanto a que exista la probabilidad de que Ernesto Alonso Padilla Rodríguez participó en la comisión del hecho referido, ello se deriva de lo dispuesto en el artículo 516 del Código de Familia para el Estado de Sonora, así como el convenio celebrado, y que no desconoce el citado imputado, entre éste y la querellante, en el que se acordó la exhibición de la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de la víctima, como pensión alimenticia. Por otro lado, es correcta la determinación de la juez de control, en el sentido de que no se acreditó a favor del imputado ninguna causa excluyente de responsabilidad a que se refiere el artículo 13 del Código Penal de la Entidad. Así, los datos de prueba aportados por la fiscalía contienen datos suficientes que permiten concluir con el criterio plasmado por la juez responsable al determinar vincular a proceso al aquí quejoso, lo cual no es contrario a sus derechos fundamentales. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de vincular a proceso al peticionario de amparo Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, pues existen datos que establecen que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y existe la probabilidad de que éste lo cometió. En este punto debe señalarse que la vinculación a proceso no significa el fin de la investigación, por el contrario, la misma va a continuar pero de una manera formalizada o judicializada, ya con una Litis determinada (en lo referente al hecho y a la persona), es decir, las partes pueden continuar reuniendo más elementos de convicción, con la garantía que, para que el plazo judicial no sea una excusa para dilatar el proceso, esté limitada al plazo judicial fijado al momento de vincularse a proceso. Dicho de otra manera, con la vinculación a proceso sólo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la fiscalía, dentro del plazo fijado por el juez de control; por tanto, éste no está en condiciones de exigir que se reúnan todos los elementos de convicción del caso concreto, sino a lo que humanamente se puede obtener dentro de la temporalidad de la investigación preliminar, en el entendido de que, con la vinculación, se seguirá investigando. En la etapa de investigación complementaria, será que las partes interesadas estarán en aptitud de aportar mayores datos de convicción para demostrar o desvirtuar el hecho materia de la imputación. De ahí que la resolución reclamada deriva de un procedimiento en el que, hasta el momento, se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, así como de legalidad y seguridad jurídica, por lo que contrariamente a lo afirmado por el quejoso en sus conceptos de violación, no se vulneran los derechos humanos consagrados en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Como corolario de lo anterior, se itera, que en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si se cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Carta Magna, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión; para ello, el juez de control debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Como apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En otro orden de ideas, el solicitante del amparo aduce que el juez responsable no valoró los datos de prueba ofrecidos para tener por acreditada la inexistencia del incumplimiento del convenio celebrado con la madre del menor de identidad reservada Y.E.P.P. Motivos de inconformidad que devienen infundados. Es así, pues contrariamente a lo afirmado por el quejoso, la juez responsable sí tomó en consideración los medios de convicción ofrecidos por su defensa. En efecto, la juez responsable desestimó el testimonio del quejoso en el sentido de que sí cumple alimentariamente con su hijo Y.E.P.P., pues hacía entrega de la indemnización fijada a Ramón Pacheco, padre de la ofendida Reyna Isabel Pacheco Ortiz; empero, como bien lo sostuvo la juez responsable, quien tenía la custodia era la madre del menor, por lo que a ésta es a quien debía entregarse tal numerario; además, que no obra constancia que autorizara que fuera el abuelo quien recibiera la pensión a favor del menor de identidad reservada; máxime que ello no es causa de justificación atendiendo a lo previsto en la ley. Como corolario de lo anterior, conviene hacer algunas precisiones respecto al tema de la oportunidad probatoria y la facultad del juez de control de valorar los datos de prueba aportados en esa etapa. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el querellante -en su facultad de ejercer acción penal particular- y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho señalado por la ley como delito y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación-. Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el querellante aporte datos, esto es, la referencia al contenido de determinados medios de prueba que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A) del artículo 20 Constitucional, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el juez de control debe analizar y resolver únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso se haga referencia, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Dicho de otra manera, el estándar probatorio se rigió por el grado de razonabilidad de los datos que, a criterio del juzgador, establecieron que se cometió dicho ilícito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo realizó. Es importante destacar que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia al hecho que se considera delictivo y determinan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, los daños causados y su monto aproximado, así como la calidad de víctima u ofendido, los que, en la postura asumida por el asesor jurídico y la víctima, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. Bajo estos lineamientos, se concluye que la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos obtenidos por la parte querellante, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el indiciado a virtud de la acción penal que ejerció en su contra. En tales consideraciones, el juez de control debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el querellante obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones allí vertidas, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido, lo cual en el caso no sucedió. Por otro lado, se impone destacar que con base al nuevo modelo de sistema de justicia penal de corte acusatorio en México, y en atención al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en la fracción III del numeral 316 del citado código se prevé que debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, como se precisó en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." Por otra parte, en una parte de los antecedentes de la demanda de derechos, el peticionario de amparo refiere que este juicio debe ser analizado de acuerdo con el principio pro persona o pro homine, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Es decir, el aludido principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de los individuos, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución igualmente plausibles a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. No obstante lo anterior, se considera necesario señalar que la determinación impugnada no es violatoria del principio pro persona o pro homine, que contempla el artículo 1 Constitucional, dado que de éste no se desprende que las cuestiones planteadas por los gobernados necesariamente deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables. Así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." En ese sentido, no ha lugar a dar cabida a la interpretación más favorable en favor de la parte quejosa, ya que la misma no encuentra sustento en las reglas de derecho aplicables, en virtud de las consideraciones plasmadas con antelación. Por último, contrario a lo que aduce el solicitante del amparo, el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado. Al caso es aplicable el criterio 1a./J. 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Además, esa motivación y fundamentación son las adecuadas, ya que, como quedó plasmado en párrafos precedentes, el juez responsable acertadamente se pronunció en torno a los argumentos expuestos por las partes en la audiencia que constituye el acto reclamado. V. Decisión En esa virtud, en atención a las anteriores consideraciones, y al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ernesto Alonso Padilla Rodríguez, en contra del acto reclamado a la juez de control responsable, por las razones plasmadas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada, y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

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