Ernesto Alfredo Piñón De la Cruz
Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ernesto Alfredo Piñón De la Cruz
- Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 21, inciso d), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/5540/2022, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a uno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y advirtiéndose de autos que mediante proveído de veintiséis de mayo del año en curso, se agregó al presente asunto, el escrito con registro 5023, mediante el cual se ofrecieron pruebas, del cual se desprende también que corresponde al diverso juicio de amparo 261/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. Por tanto, previa copia certificada que se deje en autos, remítase dicha promoción al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta. Atento a su contenido se tiene al licenciado César Iván Orozco Silva, autorizado de la parte quejosa, exhibiendo prueba documental electrónica de diversos documentos públicos que anexa a su escrito de cuenta, la cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado licenciado Abraham Smeke García, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, por propio derecho, contra el acto que reclama al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal 3, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de juicios de amparo que se tramitan en este Juzgado Federal con el número consecutivo 261/2022-VII y fórmese expediente. Acorde a lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." JUICIO DE AMPARO 261/2022-VII 2 Procédase al análisis de la demanda planteada y resuélvase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, el diverso numeral 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto legal transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable por identidad de razón, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia I.13o.A.J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, página 1631, bajo el texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." A manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más alto tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio, de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura íntegra de la demanda se advierte, que la parte quejosa reclama de la autoridad carcelaria, la omisión de dar respuesta a su petición de veinticuatro de marzo del año en curso. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;[.]". Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así las cosas, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Es así, ya que según el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1° constitucional, lo que tiene congruencia con lo definido en la Jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA "EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL "19 DE JUNIO DE 2011", emitida incluso cuando estaba en vigor el sistema tradicional mixto, cuya base argumentativa está sustentada en la reforma constitucional de los artículos 18 y 21, que involucra tanto a ese sistema como al nuevo sistema penal acusatorio. Además, del proceso legislativo se desprende la finalidad de que las personas privadas de la libertad hagan valer los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Precisado lo anterior, el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, dispone: "Artículo 18.- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a) Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas; en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Al respecto, se estima oportuno citar la tesis XXIV.1o.5 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, localizada con registro digital: 2022265, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1795, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN RELACIONADA CON AQUÉLLAS, NO SÓLO VULNERA EL DERECHO DE PETICIÓN, SINO TAMBIÉN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL QUEJOSO DEBE IMPUGNARLA ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La omisión de la autoridad penitenciaria de dar respuesta a un escrito de petición, del cual se advierte que el quejoso reclama cuestiones inherentes a las condiciones de su internamiento, no sólo vulnera el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, ante la falta de respuesta, el artículo 114 de la ley citada prevé el procedimiento a través del cual puede ser impugnada ante el Juez de Ejecución Penal, por lo que, en atención al principio de definitividad, el quejoso está obligado a agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto." En conclusión, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. A ese respecto, cabe invocarse la jurisprudencia cuatrocientos cuarenta y siete, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página doscientos noventa y siete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." También, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otro lado, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las instalaciones que ocupa el Centro de Readaptación Social Número Tres, en esta ciudad. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente al quejoso.
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