Eriksabel Gamboa Ruiz
Expediente 844/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eriksabel Gamboa Ruiz
- General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Francisco Antonio Enríquez Rojas, Comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a nueve de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Iria Cárdenas Lozano, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria. Lic. Iria Cárdenas Lozano.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de Amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la suspensión de plano, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable, en virtud de que se decretó la suspensión de plano. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 844/2021-II, promovido por Eriksabel Gamboa Ruíz, contra de actos del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Francisco Antonio Enríquez Rojas, Comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en el Campo Militar número 5-C, en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, Eriksabel Gamboa Ruíz, promovió demanda de amparo, en contra de los actos de las autoridades: a) General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Francisco Antonio Enríquez Rojas Comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua; b) Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Marcos Alonso Gastélum Antuna Mayor de Órdenes de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez; y, c) Oficial de Permanencia de la Guarnición Militar, con sede en el Campo Militar número 5-C, en esta ciudad, consistente en: La privación de la libertad del quejoso. Los efectos del correctivo disciplinario emitido el ocho de octubre de dos mil veintiuno, consistente en ocho días privativos de libertad y su ejecución. SEGUNDO. Preceptos constitucionales. La parte quejosa considera que el acto reclamado vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se registró bajo el expediente 844/2021-II; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos humanos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además de que, el acto reclamado puede tener ejecución en esta Ciudad, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. Así, el suscrito Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el Titular gozando de su periodo vacacional, y autorizando por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, es legalmente competente para resolver esta sentencia. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, mayo de 2010, página 716, con registro digital 164525, del tenor literal siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que, durante las vacaciones del titular del órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a quien deba sustituirlo, o bien podrá abstenerse de realizar ese nombramiento. En el primer supuesto, si se hace la designación del sustituto del juez en favor del secretario de juzgado, éste puede fallar los juicios de amparo y también goza de facultades amplias y plenitud de jurisdicción para resolver cualquier tipo de juicio sometido a la potestad del juzgador, por lo que habrá de realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye pronunciar sentencias en asuntos de cualquier materia, pues jurídicamente estas resoluciones constituyen los actos jurisdiccionales por excelencia, sin cuya facultad no se entendería la razón por la cual tendría que nombrarse al sustituto del juez en sus ausencias vacacionales, por ser evidente que la función jurisdiccional tiene como característica primordial el pronunciamiento de las resoluciones que deban recaer a los asuntos que se encuentren bajo la potestad del juzgador. En cambio, en el segundo supuesto, relativo a la omisión de la designación, los secretarios encargados de los juzgados de distrito sólo pueden fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los titulares disfruten de vacaciones, en razón de que en ese caso aquéllos, por ministerio de ley, quedan encargados del despacho del juzgado, y al no haber sido nombrados sustitutos del juez y por no contar con facultades amplias de decisión jurisdiccional, conforme al indicado artículo 161, sólo podrán dictar el fallo definitivo en los juicios de amparo cuyas audiencias se celebren dentro del periodo vacacional del titular del juzgado, sin necesidad de contar con autorización por parte del Consejo para resolver dichos juicios." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tomando en consideración los datos que emanan de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias del juicio de amparo en que se actúa y la causa de pedir, procede a precisar los actos reclamados, mismos que consistentes en: La privación de la libertad del quejoso Los efectos del correctivo disciplinario emitido el ocho de octubre de dos mil veintiuno, consistente en ocho días privativos de libertad y su ejecución. Actos impugnados de inconstitucionales, que se advierten del contenido de la demanda, atento a lo expuesto en los capítulos de actos reclamados, antecedentes, preceptos constitucionales violados y conceptos de violación que el peticionario de amparo narra. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." TERCERO. Negativa de los actos reclamados. Las autoridades responsables, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Francisco Antonio Enríquez Rojas, Comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua y Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Marcos Alonso Gastélum Antuna, Mayor de Órdenes de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, ambas con sede en el Campo Militar número 5-C, en esta ciudad, negaron categóricamente el acto que les atribuye el accionante del amparo, consistente en una privación de la libertad fuera de procedimiento, pues refirieron que el aquí quejoso no se encontraba privado de la libertad. Sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." El Oficial de Permanencia de la Guarnición Militar, no rindió su informe con justificación, sin embargo, no es dable tenerlo por cierto, ya que las autoridades ordenadoras informaron que no se encontraba privado de la libertad. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Francisco Antonio Enríquez Rojas, Comandante de la Guarnición Militar y el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Marcos Alonso Gastélum Antuna, Mayor de Órdenes de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez, Chihuahua, en relación al segundo acto reclamado consistente en los efectos derivados de la graduación de un correctivo disciplinario impuesto al quejoso el de ocho de octubre de dos mil veintiuno, con ocho días privativos de libertad, admiten haber emitido la orden de arresto en contra del aquí quejoso en la fecha indicada, asimismo, informan que la misma se consumó el diecisiete de octubre del año pasado. Lo cual, desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa condición de certeza se corrobora con las pruebas documentales públicas que las autoridades responsables anexaron a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del expediente de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Si bien es cierto que el Oficial de Permanencia de la Guarnición Militar, señalado como autoridad ejecutora, no rindió el informe justificado, el mimo debe tenerse por cierto, al haber sido admitido el acto reclamado por las autoridades ordenadoras. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede llevar a cabo el análisis de las causas de improcedencia del juicio, por ser una cuestión de orden público y análisis preferente. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se advierte oficiosamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al considerarse que la promoción de la demanda es extemporánea. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". De la norma legal trascrita se infiere que, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la Ley de Amparo prevé para tal efecto, caso en el cual se reputarán consentidos tácitamente los actos y las normas legales reclamadas. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. En la especie, la parte quejosa consiente los actos reclamados a las autoridades que señala como responsables, en virtud de que no promovió oportunamente en su contra, la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que se interponga, una vez concluidos los plazos estatuidos por la ley para intentarlo, pues debió interponer su demanda, dentro de los quince días siguientes, al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto impugnado o de su ejecución. Cabe aclarar, el momento a partir del cual comienza a contar el plazo de quince días para la interposición de la demanda, no se encuentra al arbitrio de ésta, sino que, se encuentra sujeto a las hipótesis expresamente determinadas por el precepto legal antes mencionado. De manera que, no basta el dicho de la parte quejosa en el sentido de que a partir de determinada fecha debe iniciarse el cómputo de mérito, sino que el órgano jurisdiccional habrá de verificar la que sea correcta, partiendo de las circunstancias particulares del caso. Tiene aplicación al respecto, por identidad de razón, la jurisprudencia que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Para dilucidar el cómputo de los quince días de presentación de la demanda, conviene traer a colación, el acto reclamado y los antecedentes del mismo. Los actos reclamados consisten en los efectos del correctivo disciplinario impuesto al quejoso en determinación de ocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Francisco Antonio Enríquez Rojas, Comandante de la Guarnición Militar y el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Marcos Alonso Gastélum Antuna, Mayor de Órdenes de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez, Chihuahua, y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que remiten a su informe justificado las autoridades militares, a las cuales se otorgó pleno valor probatorio, se aprecia que la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno, le fue notificada personalmente al aquí quejoso en la misma fecha (8 de octubre de 2021), surtiendo sus efectos el once de octubre del año en cita. Por lo cual, el cómputo para contar el plazo de quince días para presentar una demanda de amparo inició el doce de octubre de dos mil veintiuno y feneció el tres de noviembre del mismo año, se computaron como hábiles los días 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de octubre y 3 de noviembre de 2021; habiendo descontado los días inhábiles que mediaron 16, 17, 23, 24, 30, 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre, todos de dos mil veintiuno. Ahora bien, si se toma en consideración que el juicio de amparo fue presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en Oficialía de Partes Común de los juzgados de Distrito en esta ciudad, ya había transcurrido un día de haber concluido el plazo para su presentación, consecuentemente, el peticionario del amparo consintió el acto que le causa afectación, pues ya había transcurrido el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, se estima que ese acto fue evidentemente consentido, entendiéndose por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Sobre el tema, deviene aplicable en lo conducente, el criterio sostenido en la jurisprudencia número 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Derivado de tal sobreseimiento, no se analizarán los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, porque el sentido de referencia releva a este Juzgado Federal de su estudio. En apoyo de lo anterior es de invocarse la tesis de jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contexto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En las relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados y autoridades responsables mencionadas en líneas precedentes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eriksabel Gamboa Ruíz, contra los actos y autoridades indicadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria de Juzgado licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe, hasta hoy catorce de enero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los oficios y anexos remitidos por el Comandante de Guarnición Militar y Mayor de Ordenes de la Guarnición Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guarnición Militar, con residencia en la localidad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado y remitiendo documentales de su parte, con lo que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional, asimismo en términos del artículo 9 de la citada ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que se indica. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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