Ernesto Alcazar Campos
Expediente 736/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ernesto Alcazar Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2130/2015-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 736/2016-IV-B, promovido por Ernesto Alcázar Campos, por derecho propio, contra actos del presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Ernesto Alcázar Campos, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de veintinueve siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Luego, por auto de veinticinco de mayo se fijaron las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del diez de junio de dos mil dieciséis, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado: La omisión del presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de apercibir a la demandada en el juicio 01/232/13, con su destitución en términos del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para el caso de no dar cumplimiento al laudo, como solicitó la parte actora a través del escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente del Tribunal al rendir el informe justificado (fojas 16 a 18). Sin perjuicio de lo que más adelante se diga, la existencia del acuerdo de doce de abril de dos mil dieciséis, no conduce a tener por inexistente el acto reclamado, ya que ése no fue notificado al quejoso sino hasta el tres de mayo actual, de tal suerte que a la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado existía. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Se actualiza la causa prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. La aludida regla general se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La parte quejosa presentó su demanda de amparo el veintiocho de abril de dos mil dieciséis. A la instauración del juicio de amparo ciertamente existía el acto reclamado, sin embargo, sus efectos cesaron con posterioridad, como se desprende de las actuaciones del juicio 01/232/13 (fojas 20 a 27 y 35 a 39), que el presidente del Tribunal aportó en copia certificada como prueba y ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de las constancias se desprenden los siguientes hechos. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al expediente 01/232/13, con registro 005121, la parte actora, aquí quejosa, solicitó a la autoridad responsable apercibir a la "demandada" con su destitución, en términos del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para el caso de incumplir con el laudo (foja 20). Por acuerdo de doce de abril actual, entre otras cuestiones, el presidente ejecutor del Tribunal decretó auto de requerimiento de pago y apercibió al Tesorero del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, en el sentido que de negarse a cumplir con tal mandato, el pleno del Tribunal resolvería sobre su destitución, esto de conformidad con el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (fojas 22 a 25). El referido auto de doce de abril fue notificado a la parte actora, de forma personal, el tres de mayo del año en curso (foja 26). Luego, los actos positivos desplegados por la autoridad responsable, consistentes en el dictado del acuerdo de doce de abril de dos mil dieciséis y su notificación al quejoso, hicieron cesar los efectos de la omisión reclamada, de forma total e incondicional; de modo que el acto reclamado ya no surte efectos en la esfera jurídica del quejoso, porque esos desaparecieron a causa de los aludidos actos positivos llevados a cabo por la autoridad responsable; máxime que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, sin que pueda examinarse la legalidad o ilegalidad tanto del acuerdo de doce de abril actual como de su notificación al quejoso, ni actuación subsecuente alguna, porque no forman parte de la litis. Sobre la cesación de efectos, se invocan como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones planteados en torno al acto reclamado, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ernesto Alcázar Campos, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual, remite copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 01/1069/11-JE1, en aras de acreditar que se encuentra realizando actos tendientes al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, asimismo, solicita se vincule a su homóloga con sede en la Ciudad de México, para el efecto de que emplace a la parte demandada. En atención a lo anterior, a fin de no retardar el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto es procedente requerir con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México, no obstante que no fue señalada como responsable en esta litis constitucional, pero está obligada a cumplir con el fallo protector, acorde a sus atribuciones legales para que dentro del término de CINCO DIAS, contados a partir de la notificación del presente proveído en vía de oficio, proceda a diligenciar el exhorto remitido bajo el número de operación MN557256449MX, con sede en Cuernavaca, Morelos, asimismo, remita copia certificada de las constancias que acreditan lo anterior. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme a lo previsto en el numeral 238 de esa ley. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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