Ernestina Arenas Rojas
Expediente 1640/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1640/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ernestina Arenas Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1640/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la Magistrada Presidente e Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1640/2018-III, promovido por ERNESTINA ARENA ROJAS y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ERNESTINA ARENA ROJAS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Delegado Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades (fojas 2 a 7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo con el número 1640/2018-III, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede (fojas 53 a 55). C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Delegado Estatal en Morelos; Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal; Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Morelos; Director General y Director Jurídico, todos ellos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de la Sala Regional en Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es: El incumplimiento de la sentencia definitiva, de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis dictada dentro del juicio contencioso administrativo 118/15-24-01-4, del índice de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. TERCERO. Inexistencia del Acto Reclamado. NO es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Sala Regional en Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Delegado Estatal en Morelos; Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Morelos; Director General y Director Jurídico, las últimas cuatro de las autoridades en cita pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues así lo expresaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportará prueba alguna para desvirtuar su negativa. Lo anterior se corrobora además, con las fotocopias certificadas del expediente 118/14-24-01-4, que la Magistrada Presidenta e Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional de Morelos, adjuntó a su informe justificado (anexo I), de las que se desprende que en dicho procedimiento la parte actora es ERNESTINA ARENAS ROJAS, hoy quejosa, y la parte demandada únicamente es el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, y es a ésta autoridad a quien se le condenó por resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, misma que fue confirmada mediante sentencia emitida en el expediente de revisión fiscal 33/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el siete de octubre de dos mil dieciséis. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Por lo tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto que la quejosa hizo consistir en el incumplimiento de la sentencia definitiva de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio de nulidad 118/15-24-01-4, reclamada a las autoridades responsables precisadas en el presente considerando. Lo anterior tiene apoyo en el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia de la Décima Época de número de registro 2000211, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 894, del siguiente rubro y texto: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD.En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado." CUARTO. Certeza del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior es así no obstante que al momento de rendir su informe justificado haya negado la existencia del acto reclamado, pues de las constancias que en fotocopia certificada adjuntó a su informe justificado la Magistrada Presidenta e Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional de Morelos, relativas al expediente 118/14-24-01, se advierte que los efectos de la resolución emitida por dicho tribunal, fueron para que la parte demandada (Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos) procediera a efectuar la devolución del total de las cantidades que se le venían descontando a la quejosa, debiendo de abstenerse de seguir ejerciendo descuentos aplicados bajo los conceptos 048 y 054. Observado, de las pruebas ofrecidas en el presente sumario por la parte quejosa, diversos comprobantes de pago (fojas 9 a 47) a nombre de ésta, de los que se advierte que aún se le aplica un descuento por "COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN" bajo el concepto 048. Recibos de pago, a los que se les otorga eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyendo un comprobante fiscal, que contiene el sello electrónico, y de los que se crea la certeza de que la autoridad responsable efectúo los descuentos que se precisaron en la sentencia emitida en el expediente 118/14-24-01, del índice de la Sala Regional en Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. QUINTO. Causales de Improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;..." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." Conforme a los preceptos trascritos, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. b) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra de la omisión combatida el quejoso no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza, como lo es el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo A manera de antecedentes y para una mejor comprensión del caso en estudio se relata lo siguiente: Por demanda presentada el cuatro de agosto de dos mil quince, ERNESTINA ARENAS ROJAS, demando ante la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (fojas 1 a 55 del anexo I). Por auto de seis de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda incoada por la ahora quejosa (fojas 56 y 57 anexo I). Por sentencia emitida el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, los Magistrados que integran la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitieron sentencia favorable a la parte actora con los siguientes efectos: ".al haber resultado ilegales las deducciones aplicadas bajo los conceptos identificados con clave 048 y 054, y que en su caso constan en los comprobantes de pago y ""liquidación de pago previa incorporación a nomina"" se condena a la autoridad demandada a que una vez notificada legalmente del presente fallo, y de no existir impedimento legal alguno, proceda a efectuar la devolución del total de las cantidades que se han venido descontando debiendo abstenerse de seguir ejerciendo dichos descuentos a los que se hace alusión en la resolución que ha sido declara nula en el presente juicio y como consecuencia legal de lo anterior, proceda a la devolución de las cantidades totales que le han sido descontadas indebidamente a la parte actora". La anterior resolución fue recurrida por la parte condenada mediante recurso de revisión, sin embargo, ésta se confirmó por sentencia de siete de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito (fojas 102 a 122 anexo I). En consecuencia, por acuerdo emitido el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la Sala responsable requirió a la parte demandada diera cumplimiento a la sentencia en un plazo de cuatro meses (foja 124). Por oficio recibido el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficialía de partes de la Sala Regional de Morelos, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, en representación de la autoridad demandada, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia. En consecuencia de lo anterior, la Sala responsable, por auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitió un acuerdo en el que tiene por cumplida la sentencia, ordenando archivar el expediente como totalmente concluido, asimismo, certificó que había transcurrido en exceso el término de la parte actora para recurrir en queja, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la representante legal de la parte actora promovió queja por defecto en razón de que la autoridad no había dado cumplimiento total a la sentencia definitiva, sin embargo, por auto de once de agosto de dos mil diecisiete, la Sala responsable emitió auto en el que desechó por extemporáneo la instancia promovida por la parte actora, ahora quejosa, además en el mismo auto le hizo de su conocimiento que el veinte de junio del dos mil diecisiete, ese órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia; dicho auto le fue notificado a la parte actora el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Ahora bien, como quedo precisado en el segundo considerando de la presente sentencia, la parte quejosa reclama al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el incumplimiento de la sentencia definitiva, de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio 118/15-24-01-4, del índice de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues aduce que le siguen haciendo efectivos los descuentos en su pensión. En el caso se actualiza la causal de improcedencia señalada pues se actualizan los requisitos ya descritos y no se actualiza excepción alguna, como a continuación se expondrá. El primer requisito se encuentra satisfecho ya que los actos que se impugnan en esta instancia constitucional proceden de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridad eminentemente administrativa, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, es decir el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra dice: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal." Lo anterior es así ya que de los antecedentes narrados se advierte que el acto reclamado deriva del juicio contencioso administrativo 118/15-24-01-4, en el cual se emitió sentencia que a la fecha se encuentra firme, y en el que la Sala Regional de Morelos del Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, por auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitió un acuerdo en el que tuvo por cumplida la sentencia emitida y ordenó el archivo del expediente como totalmente concluido. Sin embargo, la parte quejosa señala como acto reclamado el incumplimiento de la sentencia emitida en autos del juicio contencioso administrativo 118/15-24-01-4, por parte del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al sostener que no obstante que por sentencia firme se ordenó a dicha autoridad que se abstuviera de hacerle descuentos bajo los conceptos 048 y 054 a la pensión que recibe, ésta continúa efectuándolos. Por lo tanto, es inconcuso que dicho desacato es recurrible a través del recurso de queja, en términos del artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la actuación de la autoridad que repita indebidamente la determinación anulada por sentencia debe impugnar ante la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al constituir una omisión propiamente en acatarla. En consecuencia, dado que el recurso de queja constituye un medio de defensa respecto del cual el impetrante tiene obligación de agotar, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, y que dicho medio de defensa es idóneo al ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, lo que en el particular no se satisfizo. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Novena Época de registro 162010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página: 1273 del siguiente rubro: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD." Asimismo, lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, libro 55, tomo I, Junio de 2018, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." A más que de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio. Por cuanto al tercero y cuarto de los requisitos apuntados, es decir que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido y que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo, cabe precisar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Ello es así, tomando en consideración que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Precepto legal que dispone: "Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. [.]" En ese sentido, de la lectura del artículo transcrito, se advierte que la suspensión de los actos reclamados se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y causen daños o perjuicio de difícil reparación a la parte quejosa con la ejecución de dichos actos. De igual manera, se advierte que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá y surtirá sus efectos, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Además, se advierte que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se considera que si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión se fijará discrecionalmente el importe de la garantías. Asimismo, se advierte que en los demás casos la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. Por otro lado, los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. [.] Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. [.] Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." De la lectura de los artículos transcritos, se advierte que la suspensión procede cuando se reúnen los siguientes requisitos: Que la solicite el agraviado. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Asimismo, se advierte que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero que pueda ocasionar daños y perjuicios a un tercero, se concederá si la parte quejosa otorga garantía bastante; y cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. De igual forma, se advierte que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá efectos previo depósito que se haga a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda. En ese contexto, se estima que el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se advierte que el primero de los ordenamientos legales no exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo, inclusive, las exigencias previstas para tal efectos son semejantes. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, registro 2008807, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 783, del siguiente rubro y texto: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Respecto al quinto requisito en el sentido que el acto reclamado no carezca de fundamentación, si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Y, bajo ese contexto se advierte, que la Carta Magna exige que todo acto de molestia conste en mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, y así poder analizar si se ha vulnerado ese derecho fundamental, lo que evidencia que ese acto de molestia debe ser positivo, esto es, extendido por escrito. Situación que no acontece tomando en cuenta que en el acto combatido es de naturaleza negativa, pues reclama un no actuar de las autoridades responsables. Por tanto, si en el caso concreto, se señaló como acto reclamado "La omisión de cumplimiento a una sentencia firme", se considera que no se está en presencia de un acto positivo, sino ante un acto de carácter omisivo que no se encuentra materializado en un oficio, documento, resolución o acto análogo, en el que se pueda analizar si éste se encuentra o no, fundado y motivado como lo establece el artículo 16 Constitucional, por lo que en consecuencia, no se puede hablar de que en el caso concreto exista una excepción al principio de definitividad. Lo anterior, pues como ya quedó establecido, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es una omisión o un no hacer por parte del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, y por tanto, dicha omisión no se encuentra materializada en ningún oficio, documento o resolución en el que se pueda analizar la fundamentación y motivación del mismo y así poder estar en aptitud de determinar si se está ante una excepción al principio de definitividad. Sin que obste a lo anterior que si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna, supuesto que en el caso que nos ocupa no se actualiza. Por tanto, si como se acotó, conforme al artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede el recurso de queja contra la resolución que repita indebidamente la resolución anulada; resulta inconcuso que la parte aquí recurrente observando el principio de definitividad, previo a promover la demanda de amparo indirecto en contra de la omisión o abstención de la autoridad responsable de dar cumplimiento a una sentencia firme dictada en el juicio contencioso administrativo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, al ser el previsto en la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de dicha determinación, puesto que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de la Materia, texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. No pasa por alto que de las constancias que obran agregadas en autos del presente sumario se advierta que la parte quejosa ya hizo valer en una ocasión ante la responsable recurso de queja por exceso o defecto de la sentencia, en términos del artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que el propio precepto legal prevea que dicho medio de defensa únicamente podrá hacerse valer por una ocasión, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ello debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerlo por cada uno de los supuestos referidos en dicho precepto legal, como pudiera ser la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, entre otros. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Décima Época, registro 2004565, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1859, del siguiente rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]." Lo anterior sin que la parte quejosa haya agotado dicho medio ordinario de defensa previo a la promoción del juicio de amparo, por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV de nuestra Carta Magna, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ERNESTINA ARENA ROJAS, respecto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. ValeGO
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que la autoridad responsable SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL ISSSTE EN MORELOS, no rindió su informe justificado; por tanto, toda vez que el suscrito Juzgador está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere de nueva cuenta a citado SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL ISSSTE EN MORELOS, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a éste juzgado copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias necesarias para justificar el acto que se les atribuye. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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