Ernestina Zepeda Zepeda

Expediente 374/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
374/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Ernestina Zepeda Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la quejosa ************, no desahogó la vista ordenada en proveído de dieciséis de julio actual. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito verificará si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Para ello se debe precisar que la concesión del amparo fue otorgada a la parte quejosa para los siguientes efectos: "La Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberá pronunciarse sobre si existió o no incumplimiento injustificado de la sentencia por parte de la autoridad demandada y, en su caso, deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de lograr el cumplimiento del fallo -que consiste en la imposición de multa de apremio, requerimiento a la demandada para que cumpla la sentencia, con la prevención que en caso de renuencia, le impondrá nuevas multas de apremio, lo que se informará a su superior jerárquico, entre otras actuaciones-". Ahora, la autoridad responsable mediante oficio recibido por este órgano jurisdiccional el quince de julio del año en curso remitió para tal efecto copia certificada del acuerdo de doce de julio actual, del que en lo conducente. Se advierte lo siguiente: ".Por lo tanto, esta juzgadora determina que la autoridad demandada ha incurrido en un incumplimiento injustificado a la sentencia dictada por esta sala regional el 20 de septiembre de 2018 e, inclusive, a la sentencia interlocutoria de queja de fecha 12 de noviembre de 2020 y, en esa medida, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO contenido en el acuerdo de 5 de abril de 2021 y SE IMPONE a la autoridad demandada DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, una multa como medida de apremio en cantidad de $26,886.00 (veintiséis mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100M.N.), equivalente a trescientas unidades de medida y actualización vigente. Lo anterior, ya que en el presente caso se acredita plenamente que la demandada incurrió en la infracción prevista en la fracción I, Inciso a), del artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues de asumir un criterio contrario implicaría restarle eficacia legal a la sentencia emitida en este juicio, la cual en términos del nuevo procedimiento del cumplimiento oficioso de la misma, constituye un mandato jurisdiccional cuya observancia es inexorable; de donde se concluye que una vez que la infracción ha sido detectada y constatada por esta Sala, y si esta última decide sancionar a dicha autoridad con el monto mínimo que ha previsto el Poder Legislativo en el ordenamiento legal aplicable, en este supuesto específico, no hay obligación de señalar los elementos que llevan a determinar la graduación de dicha sanción, como puede ser la gravedad de la infracción cometida, la capacidad económica del infractor, el grado de culpabilidad, la reincidencia, etcétera; ya que los mismos resultan irrelevantes, pues es un hecho que, de acuerdo con la ley, no se le podría imponer a la autoridad una sanción menor. Una vez que cause estado el presente acuerdo gírese atento oficio a la Administración General de Recaudación, del Servicio de Administración Tributaria, en términos de los artículos 16 y 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, para que proceda a hacer las gestiones necesarias para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta. Por otra parte, y continuando con las acciones tendentes a verificar el cumplimiento de la sentencia definitiva de 20 de septiembre de 2018, con fundamento en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, SE REQUIERE POR TERCERA OCASIÓN AL DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, para que dentro del plazo improrrogable de TRES DÍAS siguientes a la fecha en que surta efectos el presente acuerdo, exhiba ante esta Juzgadora la documentación que acredite el total cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 20 de septiembre de 2018 y a la sentencia interlocutoria de queja de 12 de noviembre de 2020. Siendo necesario PRECISARLE A LA AUTORIDAD DEMANDADA que deberá abstenerse de exhibir acuerdos u oficios de trámite, sino que deberá exhibir las documentales con la que acredite haber dado debidamente cumplimiento a esta determinación, así como las constancias de notificación a la actora de dicha resolución, con el APERCIBIMIENTO que de no cumplir con el requerimiento contenido en el presente acuerdo se le impondrá nuevamente una multa de apremio que se fijará entre trescientos y mil veces el salario mínimo vigente en el entonces Distrito Federal equivalente unidades de medida y actualización; tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, lo anterior en términos del artículo 58 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y/o en su caso el resarcimiento de los daños causados a la actora por dicho incumplimiento. (.) Por último, se le informa a la autoridad demandada que en caso de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente acuerdo, se le seguirán imponiendo nuevas multas, y se hará del conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en términos del artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que determine la responsabilidad de la autoridad responsable del incumplimiento." De lo transcrito en párrafos que anteceden, se advierte que la autoridad responsable se pronunció sobre si existió o no incumplimiento injustificado de la sentencia por parte de la autoridad demandada, ya que emitió la resolución que en derecho corresponde, dando cumplimiento al fallo protector; misma con la que se dio vista a la parte quejosa por auto de dieciséis de julio del año en curso, con lo que se acredita que se hizo del conocimiento de la parte quejosa el contenido de la misma. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa y por vía electrónica al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, en términos del artículo 26, fracciones II, incisos a y c y IV, de la Ley de Amparo. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/2517/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Miguel Olvera Arreola, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por la Presidenta de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del acuerdo de doce de julio actual, del que en lo conducente, se advierte lo siguiente: ".Por lo tanto, esta juzgadora determina que la autoridad demandada ha incurrido en un incumplimiento injustificado a la sentencia dictada por esta sala regional el 20 de septiembre de 2018 e, inclusive, a la sentencia interlocutoria de queja de fecha 12 de noviembre de 2020 y, en esa medida, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO contenido en el acuerdo de 5 de abril de 2021 y SE IMPONE a la autoridad demandada DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, una multa como medida de apremio en cantidad de $26,886.00 (veintiséis mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100M.N.), equivalente a trescientas unidades de medida y actualización vigente. Lo anterior, ya que en el presente caso se acredita plenamente que la demandada incurrió en la infracción prevista en la fracción I, Inciso a), del artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues de asumir un criterio contrario implicaría restarle eficacia legal a la sentencia emitida en este juicio, la cual en términos del nuevo procedimiento del cumplimiento oficioso de la misma, constituye un mandato jurisdiccional cuya observancia es inexorable; de donde se concluye que una vez que la infracción ha sido detectada y constatada por esta Sala, y si esta última decide sancionar a dicha autoridad con el monto mínimo que ha previsto el Poder Legislativo en el ordenamiento legal aplicable, en este supuesto específico, no hay obligación de señalar los elementos que llevan a determinar la graduación de dicha sanción, como puede ser la gravedad de la infracción cometida, la capacidad económica del infractor, el grado de culpabilidad, la reincidencia, etcétera; ya que los mismos resultan irrelevantes, pues es un hecho que, de acuerdo con la ley, no se le podría imponer a la autoridad una sanción menor. Una vez que cause estado el presente acuerdo gírese atento oficio a la Administración General de Recaudación, del Servicio de Administración Tributaria, en términos de los artículos 16 y 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, para que proceda a hacer las gestiones necesarias para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta. Por otra parte, y continuando con las acciones tendentes a verificar el cumplimiento de la sentencia definitiva de 20 de septiembre de 2018, con fundamento en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, SE REQUIERE POR TERCERA OCASIÓN AL DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, para que dentro del plazo improrrogable de TRES DÍAS siguientes a la fecha en que surta efectos el presente acuerdo, exhiba ante esta Juzgadora la documentación que acredite el total cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 20 de septiembre de 2018 y a la sentencia interlocutoria de queja de 12 de noviembre de 2020. Siendo necesario PRECISARLE A LA AUTORIDAD DEMANDADA que deberá abstenerse de exhibir acuerdos u oficios de trámite, sino que deberá exhibir las documentales con la que acredite haber dado debidamente cumplimiento a esta determinación, así como las constancias de notificación a la actora de dicha resolución, con el APERCIBIMIENTO que de no cumplir con el requerimiento contenido en el presente acuerdo se le impondrá nuevamente una multa de apremio que se fijará entre trescientos y mil veces el salario mínimo vigente en el entonces Distrito Federal equivalente unidades de medida y actualización; tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, lo anterior en términos del artículo 58 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y/o en su caso el resarcimiento de los daños causados a la actora por dicho incumplimiento. (.) Por último, se le informa a la autoridad demandada que en caso de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente acuerdo, se le seguirán imponiendo nuevas multas, y se hará del conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en términos del artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que determine la responsabilidad de la autoridad responsable del incumplimiento.". En ese tenor, dese vista a la parte quejosa, con el informe recibido y anexo, para que en el plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su derecho convenga. En la inteligencia que, de no hacer manifestación algún, este órgano jurisdiccional, procederá a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días concedido a la autoridad responsable Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante proveído de cinco de julio del año en curso, sin que hubiera dado cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. REQUERIMIENTO En ese tenor, previo a determinar la imposición de la multa con la que fue apercibida la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a los Magistrados que integran la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes a la fecha de notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para ello, para lo cual, en cualquiera de los supuestos mencionados, deberá remitir las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO Apercibida de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de cinco de julio actual. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, en relación al acto reclamado al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; por la otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, respecto del diverso acto reclamado a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. La concesión del amparo fue otorgada a la parte quejosa para los siguientes efectos: "La Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberá pronunciarse sobre si existió o no incumplimiento injustificado de la sentencia por parte de la autoridad demandada y, en su caso, deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de lograr el cumplimiento del fallo -que consiste en la imposición de multa de apremio, requerimiento a la demandada para que cumpla la sentencia, con la prevención que en caso de renuencia, le impondrá nuevas multas de apremio, lo que se informará a su superior jerárquico, entre otras actuaciones-". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase a los Magistrados que integran la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que remitan las constancias con las que se acredite haber dado cumplimiento al fallo protector. Dicha autoridad tendrá un plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que remitan las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria con base en las atribuciones conferidas a la misma. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada al cumplimiento en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad demandada en el presente juicio. Apercibida que de no acatar lo ya ordenado:  Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá, de manera individual, una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  Se determinará porqué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y;  Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no la exime de responsabilidad. Sin que en el caso, haya lugar a requerir a su superior jerárquico, toda vez que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, y están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle como ha de resolver y cumplir, por lo que no tiene superior inmediato a quién requerirle para el cumplimiento con una ejecutoria de amparo. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el anexo que remitió en apoyo al informe justificado; sin que sea necesario acusar el estilo de recibo respectivo, toda vez que la notificación de la presente determinación hace el acuse de la devolución del mismo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.

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