Erika Selene Oropeza Igari

Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1195/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Erika Selene Oropeza Igari

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de veintidós de septiembre del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; lo que se deberá realizar en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar provisional de los actos reclamados. Lo que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se reservó proveer respecto al oficio registrado con número de folio 18541 hasta en tanto causara estado el diverso auto de veintidós de ese mismo mes y año, circunstancia que ya aconteció; por tanto, se provee: Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, el oficio de cuenta suscrito por las autoridades que ahí se indica, mediante el cual rinden su informe justificado, designan delegados, y señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ******************, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita copia certificada: ... Al respecto, dígase a la ocursante que deberá estarse a lo acordado en proveído de tres de agosto pasado, por tanto, hágase entrega de dichas copias certificadas por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa y toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ciudad de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ************************, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita copia certificada: ... Al respecto, dígase a la ocursante que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintiséis de agosto pasado, por tanto, hágase entrega de dichas copias certificadas por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por las autoridades que ahí se indica, en representación del Director General de Atención a Autoridades y la Coordinación de Atención a Autoridades "A", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual rinden su informe justificado, designan delegados, y señalan domicilio para oír y recibir notificaciones. Atenta a lo anterior, en virtud de que en proveído de veintidós de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, resérvese a acordar lo conducente hasta en tanto dicho proveído cause estado. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, suscritos por las autoridades que ahí se indica, en representación del Banco Regional Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero y de las autoridades responsables del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante los cuales rinden su informe justificado, designan delegados, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones y ofrecen pruebas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, párrafo primero, dése vista a las partes con los informes de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga De igual manera, de conformidad con el numeral 9 de la ley que nos ocupa, se tienen por designados como Delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Con apoyo en lo dispuesto en el diverso artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas del Banco responsable, las documentales que anexa a su informe de mérito y de las autoridades del Instituto de que se trata, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos de este juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa ***************, por propio derecho, reclaman del Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Ciudad de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y otras autoridades lo siguiente: ... En ese sentido, la autoridad responsable Banco Regional Sociedad Anónima; Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; manifestando al respecto lo siguiente: ... Sentido de la determinación Ahora bien, de lo manifestado por la autoridad responsable, adminiculado con las constancias que se advierten en el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo en que se actúa, mismas que se tienen como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es claro advertir que en el caso, cobra vigencia la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XX del numeral 61, de la misma Ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas 14/11/22 09:51:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.cf JORGE ISRAEL VÁZQUEZ URRUTIA 4 de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término. Lo anterior, toda vez que de los informes previos rendidos en aquel cuaderno incidental, las autoridades responsables Coordinación de Atención "A" (en su denominación correcta), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Regional, Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero al momento de rendir dichos informes aceptaron el acto reclamado en el ámbito de sus competencias, ya que existe un crédito fiscal líquido y exigible pendiente por cubrir por la quejosa. En efecto, de las constancias remitidas por dichas responsables se advierte el oficio MEX/INMOV/073/2022, suscrito por el Gerente de Recaudación Fiscal en Delegación Estado de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dirigido al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el cual solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias de la aquí quejosa, en los términos siguientes: ... De ahí que este órgano jurisdiccional estima que, en relación con la orden de inmovilización, congelamiento, embargo, bloqueo, aseguramiento o intervención de la cuenta bancaria número ***************** a nombre de *****************, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, ya que dicho acto deriva del referido oficio MEX/INMOV/073/2022, el cual debió impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo a que alude el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual a la letra es del tenor siguiente: ... Por su parte, el aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: ... El texto del precepto transcrito, es la expresión normativa del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si al pasar por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que cobre actualidad la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda no se encuentre previsto en un reglamento; d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y, f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Es oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2014, en sesión del veintiocho de enero de dos mil quince, determinó que, cuando se impugnen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley, a fin de generar la modificación, revocación o nulidad. Sobre el tema, la Corte precisó que el artículo 116, del Código Fiscal de la Federación establece que, contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación; mientras que el artículo 117, de la misma norma establece la regla general de procedencia del recurso de revocación. En dicho artículo se establecen diversos supuestos que pueden dividirse en dos grupos: a) En el primero, se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa. b) En el segundo, corresponde a otros actos que, sin ser definitivos, sean trascendentales, como aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o, que su monto real es inferior al exigido y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Concluyó el tribunal constitucional que, del contenido de los artículos 121, 127 y 175, del Código Fiscal de la Federación, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación. Por consiguiente, afirmó que ante la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene al alcance el recurso de revocación o bien, acudir directamente al juicio contencioso administrativo; esto, en virtud de que el recurso mencionado es de naturaleza optativa, en términos del artículo 120, del Código Fiscal de la Federación. Adujo que en ambos casos, esto es, en el recurso de revocación y en el juicio contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo vigente. Finalmente, concluyó que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias puede encontrar reparabilidad de tal acto, interponiendo el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto o bien a través del juicio contencioso administrativo. Por lo anterior, se considera improcedente el presente asunto, pues en el caso, la quejosa reclama la orden de inmovilización, congelamiento, embargo, bloqueo, aseguramiento, intervención, de la cuenta bancaria número *******************. Acto que deriva de los créditos fiscales determinados que hace alusión el oficio MEX/INMOV/073/2022, por lo que conforme a la jurisprudencia apuntada, puede ser combatido a través de los medios de defensa ordinarios; esto es, a través del recurso de revocación o del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde puede solicitarse la suspensión de los actos impugnados sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. De igual manera, cabe destacar que en la especie no se actualiza alguno de los otros casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme enseguida se precisa: ... Así es, en el caso, este juzgado no advierte motivo por el que la quejosa estuviera exenta de agotar el medio ordinario de defensa que, como ya se dijo, es el juicio contencioso administrativo del Estado de México, ello a que no exige mayores requisitos de los señalados en la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. ... En consecuencia, al estar claramente demostrado que se actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual sobrevino durante la tramitación de este expediente, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. En tales consideraciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para el cinco de octubre de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. ... Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

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