Ernestina Vázquez Murrieta

Expediente 2127/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2127/2015
Año
2015
Actuaciones
26
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Ernestina Vázquez Murrieta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de cinco de julio del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que alude la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que hayan manifestado su inconformidad para tal efecto, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de cinco de julio de la presente anualidad, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintinueve de febrero del año en curso, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional para los siguientes efectos: ". En ese orden de ideas, al resultar esencialmente fundados los motivo de disentimiento que propone la quejosa, lo procedente es otorgar la protección constitucional que solicita Ernestina Vázquez Murrieta, con apoyo en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, residente en la ciudad del mismo nombre, una vez que lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral número D-2/352/2015, tome las medidas que estime pertinentes y necesarias a fin de lograr la inmediata conclusión de dicha etapa procesal. ." (foja 45 y vuelta). En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante sus oficios A.-2176/16, A.-2745/16, A.-3254/16, informó las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, donde entre otras cuestiones señaló fecha y hora para que tuvieran verificativo las audiencias de reinstalación, de ofrecimiento y admisión de pruebas, la confesional, testimonial e inspección (fojas 99 a 121). Asimismo, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la junta responsable tuvo a las partes manifestando que llegaron a un convenio, estando conformes en dar y recibir respectivamente a la trabajadora aquí quejosa la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que la responsable señaló las catorce horas del veinte de junio del año en curso, para la ratificación de dicho convenio (foja 122). Por auto de cinco de julio de este año, se tuvo por recibido el oficio A.-3985/16, suscrito por la Presidenta de la Junta responsable, donde remitió copia certificada del auto dictado el veinte de junio del año en curso, dentro del expediente laboral D-2/352/2015, del que se desprende que se tuvo a las partes ratificando el convenio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, y a la parte demandada exhibiendo un cheque por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el que recibió la aquí quejosa de conformidad por concepto de indemnización. Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Ello es así, pues aun cuando la responsable cumplió con parte de los efectos del fallo protector, a saber, dentro del expediente laboral D-2/352/2015, por auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, entre otras cuestiones, señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y ordenó el desahogo de algunos medios de convicción (foja 96). Empero, se encuentra imposibilitada para acatar los restantes efectos, esto es, desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-2/352/2015 dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Se afirma lo anterior, pues como se advierte de las constancias remitidas por la junta responsable con valor probatorio pleno en los términos expuestos, las partes en el juicio laboral de origen D-2/352/2015 llegaron a un convenio, por virtud del cual se dio por terminada la relación laboral y se ordenó el archivo del juicio natural. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece: El contenido de ese artículo, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora bien, en el caso, se constriñó a la autoridad responsable a un hacer, a saber, que realizara las actuaciones necesarias para desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-2/352/2015 dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes del juicio natural. Aquí debe explicarse, que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral, aquél tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de cinco de julio del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que alude la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que hayan manifestado su inconformidad para tal efecto, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de cinco de julio de la presente anualidad, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintinueve de febrero del año en curso, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional para los siguientes efectos: ". En ese orden de ideas, al resultar esencialmente fundados los motivo de disentimiento que propone la quejosa, lo procedente es otorgar la protección constitucional que solicita Ernestina Vázquez Murrieta, con apoyo en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, residente en la ciudad del mismo nombre, una vez que lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral número D-2/352/2015, tome las medidas que estime pertinentes y necesarias a fin de lograr la inmediata conclusión de dicha etapa procesal. ." (foja 45 y vuelta). En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante sus oficios A.-2176/16, A.-2745/16, A.-3254/16, informó las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, donde entre otras cuestiones señaló fecha y hora para que tuvieran verificativo las audiencias de reinstalación, de ofrecimiento y admisión de pruebas, la confesional, testimonial e inspección (fojas 99 a 121). Asimismo, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la junta responsable tuvo a las partes manifestando que llegaron a un convenio, estando conformes en dar y recibir respectivamente a la trabajadora aquí quejosa la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que la responsable señaló las catorce horas del veinte de junio del año en curso, para la ratificación de dicho convenio (foja 122). Por auto de cinco de julio de este año, se tuvo por recibido el oficio A.-3985/16, suscrito por la Presidenta de la Junta responsable, donde remitió copia certificada del auto dictado el veinte de junio del año en curso, dentro del expediente laboral D-2/352/2015, del que se desprende que se tuvo a las partes ratificando el convenio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, y a la parte demandada exhibiendo un cheque por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), el que recibió la aquí quejosa de conformidad por concepto de indemnización. Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Ello es así, pues aun cuando la responsable cumplió con parte de los efectos del fallo protector, a saber, dentro del expediente laboral D-2/352/2015, por auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, entre otras cuestiones, señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y ordenó el desahogo de algunos medios de convicción (foja 96). Empero, se encuentra imposibilitada para acatar los restantes efectos, esto es, desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-2/352/2015 dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Se afirma lo anterior, pues como se advierte de las constancias remitidas por la junta responsable con valor probatorio pleno en los términos expuestos, las partes en el juicio laboral de origen D-2/352/2015 llegaron a un convenio, por virtud del cual se dio por terminada la relación laboral y se ordenó el archivo del juicio natural. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece: El contenido de ese artículo, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora bien, en el caso, se constriñó a la autoridad responsable a un hacer, a saber, que realizara las actuaciones necesarias para desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-2/352/2015 dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes del juicio natural. Aquí debe explicarse, que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral, aquél tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio A.-3985/16, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada del auto dictado el veinte de junio del año en curso, dentro del expediente laboral D-2/352/2015, del que se desprende que se tuvo a las partes ratificando el convenio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, así como exhibiendo a la parte demandada un cheque por la cantidad de $55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, mismo que recibió la aquí quejosa de conformidad por concepto de indemnización de la relación laboral contraída con la demandada. Ahora, se considera importante destacar que la junta responsable mediante sus oficios A.-2179/16, A.-2745/16, A.-3254/16, informó las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, donde entre otras cuestiones señaló fecha y hora para que tuvieran verificativo las audiencias de reinstalación, de ofrecimiento y admisión de pruebas, la confesional, testimonial, inspección (fojas 99 a 121). Asimismo, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil catorce, la junta responsable, tuvo a las partes manifestando que llegaron a un acuerdo conciliatorio, estando conformes en dar y recibir respectivamente a la trabajadora aquí quejosa la cantidad de $55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, por lo que señaló las catorce horas del veinte de junio del año en curso, para la ratificación de dicho convenio (foja 122). Con lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta segunda sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio A.-3985/16, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada del auto dictado el veinte de junio del año en curso, dentro del expediente laboral D-2/352/2015, del que se desprende que se tuvo a las partes ratificando el convenio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, así como exhibiendo a la parte demandada un cheque por la cantidad de $55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, mismo que recibió la aquí quejosa de conformidad por concepto de indemnización de la relación laboral contraída con la demandada. Ahora, se considera importante destacar que la junta responsable mediante sus oficios A.-2179/16, A.-2745/16, A.-3254/16, informó las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, donde entre otras cuestiones señaló fecha y hora para que tuvieran verificativo las audiencias de reinstalación, de ofrecimiento y admisión de pruebas, la confesional, testimonial, inspección (fojas 99 a 121). Asimismo, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil catorce, la junta responsable, tuvo a las partes manifestando que llegaron a un acuerdo conciliatorio, estando conformes en dar y recibir respectivamente a la trabajadora aquí quejosa la cantidad de $55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, por lo que señaló las catorce horas del veinte de junio del año en curso, para la ratificación de dicho convenio (foja 122). Con lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta segunda sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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