Ermenegildo Castellanos Masapila
Expediente 1775/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1775/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/12/2015
Partes del expediente
- Ermenegildo Castellanos Masapila
- Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la nueva Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de doce de noviembre de dos mil quince, dictado en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Directora General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Puebla, en relación al oficio de cuenta, téngasele dando contestación al requerimiento de cinco de noviembre del año en curso, y manifiesta la imposibilidad de designar un perito en materia de contabilidad a efecto de que funja como oficial, en virtud de la excesiva carga de trabajo y escaso personal. Por tanto, se ordena girar oficio al Delegado en Puebla de la Procuraduría General de la República, para que facilitando al Poder Judicial de la Federación, el auxilio que le es menester para el expedito ejercicio de sus funciones proporcione un perito en contabilidad, para que funja como tal por parte de este Juzgado Federal, con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa de CINCUENTA días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad de la fracción I, del artículo 237, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo Vigente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de la Subdelegada Técnica del Registro Agrario Nacional, con sede en la ciudad de Puebla, por el que en cumplimiento al proveído de cinco de noviembre de dos mil quince, remite copia certificada de los certificados parcelarios que se generaron con motivo de la solicitud del aquí quejoso Ermenegildo Castellanos Masapila. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Ermenegildo Castellanos Masapila acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dar contestación a la solicitud de trámite 21150011775, que fue asignada al escrito que presentó el diecisiete de junio de dos mil quince, en el que solicitó la inscripción de sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 47 en el expediente 208/2013, en la que se requiere se cancelen los certificados parcelarios 254153 y 254157 y de derechos sobre tierras de uso común número 85741 del poblado de San Juan Tejaluca, municipio de Atlixco, Puebla y como consecuencia la expedición de los nuevos certificados parcelarios y de uso común. Ahora bien, la autoridad responsable Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en la ciudad de Puebla, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, pero aclaró que con fecha veintitrés de octubre del presente año, el Registrador Integral adscrito a esa delegación, efectuó la inscripción correspondiente en el folio 21019017125081933R, y por lo tanto se generaron los nuevos certificados 1038357, 1038358 y 1007551 a favor del aquí quejoso Ermenegildo Castellanos Masapila, previa cancelación de los anteriores. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en los archivos a su cargo (fojas 18 a 44 y 50 a 51), las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte que el veintitrés de octubre de dos mil quince, el Registrador Integral adscrito a esa delegación, realizó la inscripción correspondiente en el folio 21019017125081933R, de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 47 de la ciudad de Puebla, en el expediente 208/2013, procediendo a la cancelación de los certificados correspondientes, generándose los nuevos certificados parcelarios 1038357, 1038358 y de uso común 1007551 a favor de Ermenegildo Castellanos Masapila. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Delegado de Registro Agrario Nacional, con residencia en la ciudad de Puebla, acordara la solicitud de trámite 21150011775, que fue asignada a su escrito que presentó el diecisiete de junio de dos mil quince, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintitrés de octubre de dos mil quince, el Registrador Integral adscrito a esa delegación, realizó la inscripción correspondiente en el folio 21019017125081933R, de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 47 de la ciudad de Puebla, en el expediente 208/2013, procediendo a la cancelación de los certificados correspondientes, generándose los nuevos certificados parcelarios 1038357, 1038358 y de uso común 1007551 a favor de Ermenegildo Castellanos Masapila. Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, íbidem. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil quince, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio del Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en el Guerrero con residencia en Acapulco de Juárez, al que anexa el juicio de amparo 36/2015-III (antes 802/2014). Como lo solicita el Juez oficiante, acúsese el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, notifíquese la resolución emitida dentro del presente juicio de garantías a las partes y continúese con los trámites respectivos hasta el archivo definitivo del presente asunto. Asimismo, glósese a sus autos el expedientillo formado con motivo de la remisión del juicio en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno de este órgano jurisdiccional e ingrésense los datos pertinentes al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese, y personalmente a las partes.
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